La corrupción está instalada desde hace tiempo en América Latina como una de las principales preocupaciones de la población, tanto por su incidencia cotidiana como por sus consecuencias económicas y políticas. La percepción de corrupción en la región es ligeramente superior al promedio mundial, y bastante mayor que la media de los países desarrollados, según Transparencia Internacional.
Además, el Reporte de Economía y Desarrollo (RED2019) de CAF encuentra que el 51 % de los latinoamericanos considera que la corrupción es el principal problema de sus países (por encima de las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y a servicios o la inseguridad), y que el 23 % de los ciudadanos reporta que un funcionario le solicitó una coima en los últimos 12 meses.
Existen razones de peso que justifican esa preocupación. La corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que limita el crecimiento económico. Pero quizás más importantes sean las consecuencias sobre las instituciones de gobierno: cuando los ciudadanos sienten que la corrupción es generalizada, se deteriora confianza en la democracia.
Esta realidad ha provocado que los gobiernos latinoamericanos reaccionaran, en su mayoría implementando instrumentos legales y fortaleciendo los órganos de justicia y, complementariamente, varios países están llevando a cabo iniciativas para aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas. De todas formas, todavía existe un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales y asegurar la efectividad de muchas de las medidas que se están implementando.
El establecimiento de una agenda anticorrupción efectiva en América Latina debe contemplar acciones en cuatros ámbitos que se complementan y potencian entre sí. El primero de la lista es mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública. Esto implica combinar reglas ex ante que limiten las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios (qué decisiones pueden tomar y cómo), y controles ex post que fiscalicen esas decisiones y acciones una vez que han sido ejecutadas. En otras palabras, es necesario adoptar criterios objetivos para la toma de decisiones (por ejemplo, en el caso de compras públicas y contrataciones), reforzar las instancias de fiscalización (como los órganos auditores) y fortalecer los sistemas de justicia con procedimientos y protocolos que faciliten investigaciones y la generación de pruebas (como el mecanismo de delación compensada).
El segundo frente de acción tiene que ver con la mejora de los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos. Esto implica la selección de profesionales capaces, con baja tolerancia a la corrupción y ajenos a relaciones clientelares o intereses particulares para garantizar independencia en el ejercicio de los cargos y un sistema de contrapesos efectivo en el Estado. Para el caso de cargos políticos los sistemas electorales deben estar orientados a maximizar la pluralidad y la competencia entre opciones. Para ello las regulaciones al financiamiento de campañas, como los límites a los aportes de empresas y de particulares y topes a los gastos electorales, pueden ayudar.
El tercer punto implica activar al ciudadano para que monitoree la acción de los funcionarios y promueve la rendición de cuentas. Un requisito indispensable es la hacer que la información sea accesible a través, por ejemplo, de leyes de acceso a la información y de gobierno abierto. Adicionalmente, deben existir canales de reclamo más allá del voto, como la creación de espacios para la participación y denuncia a través de plataformas digitales o redes sociales promovidas desde el propio Estado.
Por último, es imprescindible mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado. Para lograrlo, se requieren leyes que penalicen a las personas jurídicas involucradas en el pago y ofrecimiento de sobornos. También se requiere la regulación de los conflictos de interés y actividades de cabildeo o lobby. En la contratación de obra pública y en iniciativas de APP es importante reforzar las capacidades de las entidades contratantes para evitar que contratos inadecuados se traduzcan en costosas renegociaciones en la etapa posterior a la licitación.
En los próximos años, los países de la región tienen una importante tarea por delante: recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas a través de una gestión transparente que minimice las opciones de corrupción. Y esto solo se logrará con Estados más transparentes, eficientes en el uso de los recursos públicos, que sancionen las irregularidades y que sean sensibles a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
Columna publicada originalmente en el Blog Visiones de CAF
