Las tensiones y conflictos persisten en el mundo; la corrupción alienta enormes problemas de gobernabilidad mientras fomenta la desigualdad; y la justicia no da una respuesta efectiva a tantas violaciones a las normas y crímenes. El panorama parece ser muy complejo en el cumplimiento de este objetivo. El reto es gigante.
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.
No es un secreto que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están entre las instituciones más afectadas por la corrupción. Lo mismo que la Policía.
La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1.260 millones de dólares para los países en desarrollo al año; esta cantidad de dinero podría ser utilizada para elevar por encima de los 1,25 dólares diarios a las personas que viven con menos de ese dinero durante un mínimo de seis años.
De otro lado, la tasa de niños que abandona la escuela primaria en los países afectados por los conflictos alcanzó el 50 por ciento en 2011, que representa a 28,5 millones de niños, mostrando el impacto de las sociedades inestables en uno de los principales objetivos de la agenda después de 2015: la educación.
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, además de poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.
Retos y compromisos
Un primer compromiso asumido por todas las naciones y organizaciones globales es promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
Otra tarea urgente es reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas y poder trabajar en la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Garantizar además la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles, lo que supone ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
Para 2030, también se hace imprescindible proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, como garantía de reconocimiento de todos los derechos derivados.
Otro asunto de igual importancia es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Por último, hay que fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
Con información de ONU
