La organización TECHO Internacional presentó un estudio que reúne diferentes investigaciones sobre asentamientos en situación de pobreza en América Latina. Un dato evidencia la magnitud de problema: un cuarto de los asentamientos analizados no cuenta con acceso en forma regular a ningún servicio básico: ni agua potable, ni energía eléctrica, ni saneamiento.
La Nueva Agenda Urbana promulgada el año anterior en la conferencia Hábitat III en la ciudad de Quito (Ecuador), tiene como uno de sus elementos esenciales el Derecho a la Ciudad. Esto significa que todos los habitantes de un territorio urbano merecen, entre otros asuntos, una vivienda digna, con acceso a servicios básicos, con espacios para el disfrute y la convivencia y con oportunidades para su desarrollo humano y el de su familia.
Pero ese escenario es aún lejano para más de 800 millones de personas en el mundo y un poco más de 100 millones en Latinoamérica que viven en asentamientos informales sin ninguno de estos derechos reconocidos.
Hoy que se conmemora el Día Mundial de las Ciudades, la organización TECHO Internacional presentó datos que dan cuenta de esta tarea pendiente como sociedad y que consolidan siete estudios realizados en distintos países de la región: Costa Rica (2013), Nicaragua (2013), Colombia (2015), Argentina (2016), Chile (2016) Guatemala (2016) y Paraguay (2016).
Para el análisis regional se generó una base de datos de 651 casos, a partir de los informes indicados, mediante un muestreo aleatorio estratificado de 93 asentamientos por cada país.
Los resultados que se presentan buscan graficar en forma práctica y concreta las vulneraciones a derechos que son componentes sustanciales en la vida urbana, así como la movilización y organización de las comunidades excluidas para responder por sus propios medios a las diferentes dificultades.
“Partimos de la experiencia de trabajo en terreno que nos plantea la vulneración de derechos que viven las personas que residen en asentamiento en situación de pobreza y el trabajo constante que realizan para enfrentar esta situación y buscar soluciones por sus propios medios”, explicó María Jesús Silva, directora del Centro de Investigación Social de TECHO Internacional.
De los datos arrojados por el informe se evidencia una realidad contundente: casi un cuarto de los asentamientos analizados (24%) no cuenta con acceso regular a ningún servicio: sin agua potable, sin energía eléctrica ni conexión a la red de saneamiento municipal. El porcentaje restante se distribuye entre quienes cuentan con un servicio regularizado (34,3%), con dos servicios (24,9%) y con los tres servicios regularizados (16,4%). Por servicio regularizado se alude a la instalación del servicio con el aval de las autoridades responsables de su provisión.
“Estas prácticas ponen en permanente riesgo la integridad física de las personas que, sin el conocimiento suficiente o las herramientas necesarias, se encuentran en la paradoja de acceder a los medios para su supervivencia en una constante exposición vital. Desde el consumo de agua no potable, pasando por la contaminación del suelo hasta las descargas eléctricas, son posibles consecuencias de esta emergencia”, detalla el informe.
En cuanto a los tipos de servicio, el saneamiento es al que se accede en mayor porcentaje en forma irregular: 3 de cada 4 asentamientos relevados (75,3%). La electricidad cuenta con el mayor porcentaje de acceso regular: 2 de cada 3 aproximadamente (63,3%). El agua potable se distribuye en un acceso predominantemente irregular (53,5%).
La organización comunitaria es el medio por el cual las familias enfrentan las distintas dificultades. Para el caso de esta investigación se logró identificar que el 76% de las comunidades de la muestra cuenta con al menos una organización en la comunidad.
Uno de los factores que más dificulta el desarrollo de la comunidad y promueve su organización comunitaria, en la experiencia de la organización, es la realidad de incertidumbre del terreno donde viven. En los asentamientos estudiados se encuentra que 3 de cada 4 asentamientos no cuenta con la tenencia regular del terreno y 1 de cada 5 afirmó tener posibilidades de sufrir un desalojo debido a comunicaciones recibidas
“Hablamos de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras, resilientes, para 2030, pero desconocemos qué ocurre en los puntos del territorio donde la desigualdad se exacerba cual epicentro de una catástrofe”, explica Silva. “Es clave romper con la invisibilización de los asentamientos en situación de pobreza para tomar conciencia y cuestionarnos sobre las ciudades que estamos construyendo y así definir nuevas líneas de acción.
En un contexto marcado por tantas emergencias y catástrofes, aquí estamos frente a una a la que como sociedad podemos y debemos hacernos cargo para superarla y alcanzar ciudades justas de todos, con todos”, concluyó Silva.
