“La corrupción es la que no deja desarrollar al Perú”. Así de tajante se mostró el Presidente peruano Martin Vizcarra mientras supervisaba las obras de una carretera en San Martín a principios de esta semana. Tan solo unos días después, estamos inmersos en la última edición de la Cumbre de las Américas. Una oportunidad excepcional donde presidentes, empresarios, sociedad civil y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reúnen en Lima para discutir el tema de la transparencia y la corrupción.
Vizcarra tiene toda la razón, y no solo en Perú. La corrupción está saliendo muy cara a todos los latinoamericanos.
La factura oculta de la corrupción
Además de obstaculizar la toma de decisiones públicas, la corrupción erosiona la asignación eficiente del gasto público, fomenta la evasión fiscal, genera costos adicionales en el financiamiento de empresas y gobierno, y desalienta la inversión. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el costo real de la corrupción debe estimarse a partir de las pérdidas en la producción generadas por la mala asignación de recursos, distorsiones de incentivos y otras ineficiencias. Ahora sabemos que la corrupción, además de disminuir las inversiones en un 5%, también aumenta el costo para hacer negocios en un promedio de hasta un 10%. Y no solo eso. El Fondo Monetario Internacional estima que el 2% del PIB Mundial se pierde en el pago de sobornos. En otras palabras: la corrupción cobra factura por muchos lados.
La corrupción también tiene un efecto negativo en la confianza en las instituciones públicas y el Estado. Si bien es difícil determinar estadísticamente el impacto exacto en el desarrollo, algunos autores han llegado a estimar que una mejora de los indicadores de corrupción del cuartil más bajo podría elevar el ingreso per cápita en aproximadamente US$3.000 en América Latina a mediano plazo.
La calidad institucional y la transparencia de los gobiernos son clave a la hora de crear un clima empresarial que incentive la inversión. La burocracia enrevesada puede afectar la productividad y el crecimiento económico de un país. ¿Cómo? Las reglamentaciones opacas y engorrosas restringen el acceso a la información y abren oportunidades para comportamientos discrecionales. En algunos casos, a eso se une a una débil institucionalidad de las agencias gubernamentales responsables de la rendición de cuentas. Eso pone las cosas difíciles a las empresas que quieren operar en un país, especialmente a las de menor tamaño.
Corrupción pública, corrupción privada…corrupción, a fin de cuentas
La corrupción sigue siendo, como decía Vizcarra en su discurso, uno de los mayores problemas de América Latina. Por ejemplo, según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, muchos países de la región no tienen una posición competitiva en los indicadores de “ética y corrupción” y “ética corporativa”. Solo 5 países de nuestra región se encuentran en el tercio superior, y más de la mitad están por debajo de los 100 mejores puestos. En realidad, los niveles de corrupción apenas se han movido. La diferencia con tiempos anteriores es que hoy en día, se ve.
Odebrecht, los llamados papeles de Panamá… en la era de Internet, cada vez es más difícil ocultar las prácticas deshonestas tanto de servidores públicos como de ejecutivos privados. “Este descontento también es una señal de que nuestras democracias están madurando, y de que nuestras instituciones hoy operan con mucha más independencia”, explicaba el presidente del BID Luis Alberto Moreno ante una audiencia de empresarios y mandatarios durante la III Cumbre Empresarial de las Américas. “La revolución digital que le ha dado tanta visibilidad a la corrupción también nos ofrece nuevas herramientas para combatirla”, añadió. Ahí está el mensaje optimista. Con la corrupción, podemos elegir entre ver el vaso medio lleno o medio vacío.
¿Hay luz al final del túnel?
Justamente esta semana en Lima empresas y gobiernos se sientan alrededor de la mesa para buscar soluciones prácticas y concretas a la lacra de la corrupción. Las propuestas que se discuten se refieren tanto a lo que se debe hacer desde el sector público, pero especialmente a que debe hacer el sector privado para enfrentarse de manera creíble este problema.
¿Quién está detrás de una empresa? ¿Qué compañías financian campañas electorales? ¿Cuál es el criterio que se aplica al adjudicar una obra de inversión pública? Muchos de los escándalos de los periódicos estos se hubieran evitado si esta información hubiera estado accesible desde el principio para funcionarios y empresas. Porque seamos claros: mucha corrupción existe porque los sistemas opacos y poco transparentes proporcionan una garantía de discreción e impunidad.
Estos días, empresas y gobiernos hablan de cómo crear normas y sistemas para contestar a esas preguntas –y muchas más– de manera casi sistemática. Vamos a oír hablar de regulaciones para registros de beneficiarios finales, reformas estructurales a los sistemas de contratación pública, medidas de simplificación administrativa, y de cómo empujar al sector privado para implementar políticas internas que prohíban contribuciones políticas ilegales, los sobornos o la entrega de obsequios a funcionarios públicos.
Tenemos una oportunidad única para que confluyan la voluntad política y las respuestas técnicas. Delia Ferreira, presidente de Transparencia Internacional y miembro de un grupo de expertos que está asesorando al BID en este tema, recientemente nos decía que la gente hoy exige “más información, más integridad, menos impunidad y, menos indiferencia”. La gente pide, en resumidas cuentas, soluciones. Soluciones para que nadie tenga que empezar un discurso diciendo que la corrupción está cortando las alas a América Latina.
Columna publicada originalmente en Blogs del BID.
