(Jancarla Loayza Medina – Bolivia)
Desde hace muchos años, en Bolivia, como en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, las áreas urbanas han sido ocupadas por mujeres y hombres indígenas, habitando calles y haciéndolos sus propios espacios o asentándose en las áreas periféricas de la ciudad, conformando zonas que luchan por conservar una identidad casi anulada.
Éste es un fenómeno global, las ciudades albergan colectividades que están lejos de su territorio ancestral, de su historia, de sus costumbres, de su hábitat, de la naturaleza, con la que han tenido una relación única y particular que no está centrada en su explotación.
Los/as indígenas en las ciudades, niños/as, jóvenes y ancianos/as, inmersos en la economía de mercado, se encuentran expuestos a factores de vulnerabilidad, sin existir posibilidades reales para el mejoramiento de sus condiciones de vida, y de su hábitat de forma integral, así como para el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos el derecho a suelo y vivienda.
De esta forma, se genera mayor inseguridad, teniendo que enfrentarse a limitaciones para acceder a tierra y vivienda (generación de asentamientos no autorizados, viviendas inadecuadas, desalojos forzosos sujetos a especulación urbana y criminalización de los procesos de autogestión), así como a barreras para acceder a fuentes labores, servicios básicos y equipamientos sociales adecuados, entre otros.
Esta situación se complejiza aún más por los procesos acelerados de urbanización que traen consigo la conformación de áreas urbanas precarias, la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el deterioro de las relaciones sociales, la espacialización de la pobreza (segregación socio-espacial) y con éstas, la creciente exclusión social, política, económica y cultural.
Los/as “indígenas urbanos/as” permanecen invisibles frente al poder público y en el anonimato frente a las acciones de desarrollo social que les permita el Vivir Bien. No cuentan con el reconocimiento jurídico como sujetos legales con derecho a participar en los procesos de decisión y a ser beneficiarios/as de políticas e inversiones en favor de sus demandas específicas.
Los/as indígenas urbanos/as, por un lado, sufren discriminación y exclusión tanto desde su entorno inmediato, como desde las acciones de sus organizaciones y el Estado, que no reconocen ni priorizan su realidad, entendiendo lo indígena como una categoría estrictamente rural. Por otro lado, se sienten ajenos a una ciudad sin saber si son parte de ella, su “ser indígena en la ciudad” se ve contrapuesto a su identidad indígena.
Sin embargo, si bien estos grupos se esfuerzan por integrarse a la dinámica propia de los que prevalecen en las ciudades, desean también manifestar y reproducir su diferencia cultural dentro de sus espacios, tanto privados como públicos.
En este marco, se hace vital construir una propuesta desde el Derecho a la Ciudad como “un nuevo derecho humano de carácter colectivo”, como postura contestataria a la problemática emergente de los procesos propios de la migración ya mencionados, generados por la búsqueda de mejores condiciones de vida o , involuntariamente, producidos por la necesidad de huir de la violencia generada por el narcotráfico o el conflicto armado, la expulsión por nuevos desarrollos urbanos o industriales, los desastres naturales, entre otros.
La ciudad, entonces, es analizada desde las posibilidades del ejercicio pleno de la ciudadanía y con ella, desde el cumplimiento de todos los derechos formalmente reconocidos y de aquellos que siendo legítimos aún no han sido incluidos. De esta manera, el Derecho a la Ciudad siendo un “compendio” de derechos humanos, permite contar con una bandera de lucha para indígenas urbanos/as hacia la promoción, exigibilidad y ejercicio de sus derechos en la ciudad.
La reivindicación y ejercicio del Derecho a la Ciudad supone la inclusión y el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial y cultural, dado que en virtud de dichas características, y a su situación económica, migratoria, de género y generacional, se ven limitadas en la satisfacción de sus necesidades y demandas.
Por ello, se hace vital el rescate del planteamiento de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad e identificar demandas específicas para éste grupo poblacional, así como la correlación con el cumplimiento de deberes.
Cada uno de los Principios y fundamentos estratégicos del Derecho a la Ciudad describen con claridad los derechos relativos al ejercicio de la ciudadanía y a la participación en la planificación, producción y gestión de la ciudad, como los derechos al desarrollo económico, social, cultural y ambiental a ser ejercidos por los indígenas urbanos.
- Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad
- Función social de la ciudad y de la propiedad urbana
- Igualdad, no-discriminación
- Protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad
- Compromiso social del sector privado
- Impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas
De la misma manera las reivindicaciones de los derechos de los indígenas urbanos se amparan en los derechos establecidos en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad:
Derechos Relativos al ejercicio de la ciudadanía y a la participación en la planificación, producción y gestión de la ciudad:
- Planificación y gestión de la ciudad
- Producción social del hábitat
- Desarrollo urbano equitativo y sustentable
- Derecho a la información pública
- Libertad e integridad
- Participación política
- Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio público urbano
- Derecho a la justicia
- Derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural
Derechos al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad:
- Derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos
- Derecho al transporte público y la movilidad urbana
- Derecho a la vivienda
- Derecho al trabajo
- Derecho a un medio ambiente sano y sostenible
Adicionalmente, la Carta por el Derecho a la Ciudad define las obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles de gestión para su promoción, protección, implementación y evaluación.
En relación a lo descrito, la promoción, exigibilidad y ejercicio de los derechos ciudadanos desde la realidad y demandas específicas de los indígenas urbanos supone los siguientes desafíos:
- Internalización de los derechos de parte de las propias organizaciones indígenas para fortalecerlas como plataformas de exigibilidad del Derecho a la Ciudad, como instrumento que traduzca la idea del “nosotros” como ideal compartido.
- Empoderamiento a indígenas urbanos/as en derechos humanos y marcos normativos de respaldo.
- Promoción de la participación de indígenas urbanos, hombres y mujeres, en los espacios de toma de decisiones, respaldando su representación política.
- Impulso a la creación de marcos normativos que consagren los derechos de los indígenas en la ciudad y promoción de los instrumentos internacionales y nacionales que contribuyan en la construcción de este derecho colectivo.
- Incidencia en la formulación y aplicación de políticas públicas capaces de romper con las desigualdades, inequidades y exclusión propia de las ciudades.
- Reconocimiento de derechos culturales o diferenciados que permitan asignar a los indígenas urbanos su titularidad, desvinculando lo indígena de la categoría exclusivamente rural.
- Visualización de una sociedad pluriétnica que predomine en la planificación y modelo de ciudad, rescatando la identidad individual y colectiva y fortalecimiento de los patrones culturales.
- Visibilización de la presencia de indígenas en la ciudad, su problemática y con éstas sus demandas, a fin de que sean escuchadas y puedan traducirse en mejoras a sus condiciones de vida.
- Promoción y sensibilización a la sociedad civil para la generación de cambios de actitud.
- Promoción de acciones positivas del Estado a partir del impulso de normas que interpreten y reconozcan las necesidades y demandas particulares de los/as indígenas urbanos/as.
- Promover políticas de acceso a suelo y vivienda adecuada, que permitan reconstruir su identidad y por ende el fortalecimiento de lazos organizacionales que consoliden su vida en comunidad.
- Promover la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Impulsar el establecimiento de centros de acogida, para proporcionar servicios de salud, asistencia jurídica, entre otros.
- Promover acceso a opciones de empleo y oportunidades de desarrollo económico, luchando contra los efectos negativos de la migración.
Con seguridad existen mayores desafíos que será posible plantear en el marco de espacios de construcción colectiva. Queda la tarea de reflexionar, crear y recrear posibilidades que permitan que el accionar de nuestros Estados vaya en sintonía con los discursos políticos. Existen voluntades, debemos explotarlas para que se traduzcan en realidades.
