La organización sin fines de lucro, TECHO, adelantó una investigación en las ciudades de Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción e identificó los enormes problemas que viven diariamente miles de personas cuyas condiciones de vivienda son precarias y están mediadas también por el abuso y la especulación.
Vecindarios con problemas habitacionales críticos y el negocio del subarriendo de piezas en conventillos (inquilinatos) son parte de los hallazgos del informe titulado Mapa del Derecho a la Ciudad que realizó la organización TECHO en Chile.
“El informe parte de la idea de que los asentamientos populares, en situación de pobreza y exclusión, son el síntoma de una problemática más compleja, que es la realidad de desigualdad y exclusión de las ciudades latinoamericanas. Por eso decidimos salir a explorar el territorio, para conocer más a fondo lo que allí está pasando”, explicó Juan Pablo Duhalde, director de áreas sociales de TECHO Internacional.
Una estadística avala la investigación de TECHO: en los últimos seis años, el número de familias de campamentos (asentamientos informales) ha aumentado en un 56 %, llegando a 43.003 familias en 741 campamentos en el país. El motivo principal de las familias para llegar a estos asentamientos es el alto costo de los arriendos (60 %), seguido del hacinamiento en el que vivían en la vivienda anterior (30 %).
Es ante esta realidad, que más de 500 voluntarios y voluntarias se distribuyeron por las ciudades de Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción. A partir de un análisis previo, se enfocaron en los territorios donde se identificó la concentración de indicadores de vulnerabilidad habitacional. De esta manera, el equipo investigador estableció un total de 509 áreas a explorar, entre mayo y julio de 2018.
Como resultado de los recorridos, se contabilizaron 704 vecindarios con vulneración al derecho a la vivienda, donde habitan 33.379 familias. La mayor cantidad de vecindarios identificados fueron agrupaciones de casas precarias en poblaciones (38,5 %), seguido de cités (23 %), conventillos (21,2 %) y asentamientos en quebradas (9,7 %).
Los conventillos (llamados inquilinatos o pensiones en otros países) son justamente una vivienda colectiva precaria, donde un grupo de personas comparte al menos un servicio básico, y en el que se presentan deficiencias en cuanto a habitabilidad (bajo acceso a servicios básicos, hacinamiento, materialidad precaria e insegura, etc). Mientras tanto, la cité es un complejo habitacional construido en ciudades chilenas a finales del siglo XIX y aún vigente.
Fue así como en la entrevista a los referentes vecinales aparecieron, entre los principales problemas, la precariedad de los materiales de las viviendas (45 %) y las condiciones de hacinamiento (40,5 %). En este sentido, se identificaron grietas en muros (57,1 %), humedad y hongos (44,5 %), paredes desniveladas (36,8 %) y cableado eléctrico precario (37,3 %).
Otro de los aspectos destacados fue el abuso en las condiciones del arriendo, señalado por el 28,2 % de los entrevistados. La cifra alcanza el 47,7 % en el caso de los conventillos, donde se detectó la práctica del subarriendo. Con piezas que en promedio rondan los $138.153 pesos chilenos (aproximadamente 206 dólares), al calcular la ganancia total por cada subarriendo, se estima un monto final de 1 millón 300 mil pesos chilenos mensuales (más de 1.900 dólares) en los conventillos analizados. Para tener una referencia, el sueldo mínimo es de $290.000 pesos chilenos (aproximadamente 431,50 dólares).
En cuanto a la población que conforma estos vecindarios, del total estudiado, el 23,9 % está conformado solamente por hogares de nacionalidades extranjeras. Sobre el total de vecindarios estudiados, en lo que refiere a las nacionalidades más frecuentes, figuran la chilena con un 86,3 % de presencia, la haitiana (54,7 %), la peruana (51,2 %) y colombiana (23,8 %).
“Este estudio preliminar, que da sus primeros pasos en Chile, nos permite tener una muestra del mapa de la vulneración del Derecho a la Ciudad en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, con ciudades que no están garantizando el pleno ejercicio de los derechos a toda la población”, manifestó Duhalde.
“Vemos cómo son diversos los temas que se cruzan y que profundizan la gravedad de la situación, como abuso de poder frente a arriendos desmedidos en precio y condiciones, así como la situación de familias que llegan a Chile, por mencionar algunos. Esto refuerza la necesidad inmediata de realizar una lectura integral del tema, al servicio de la construcción de soluciones con la participación de todos los actores, de toda la ciudadanía”, concluyó Duhalde.
