Las intenciones que ha expresado el gobierno en materia de desarrollo urbano, en donde pone al centro de la agenda la necesidad de impulsar el ordenamiento de las ciudades bajo un concepto de planeación integral, agrada y en el papel lo anhelamos todos. Pero ¿hasta dónde podrán llegar las intenciones del gobierno si entendemos que la facultad sobre el territorio recae en el municipio, lo que implica una labor titánica de coordinación con los ayuntamientos?
El propio Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, lo reconocía: en el país, una gran cantidad de municipios no cuentan con planes de desarrollo actualizados ni equipos técnicos profesionalizados en el tema que garanticen que los programas que se impulsen caminen con los preceptos que buscan concretar mejores ciudades.
Durante años, quienes están involucrados en la industria señalan que el mayor reto para el desarrollo se vivienda, por ejemplo, se encuentra en el primer orden de gobierno. Y es que es aquí en donde, además de la falta de una visión consciente sobre el desarrollo urbano, temas como los engorrosos trámites y el tan sonado rubro de la corrupción se hacen presentes y dificultan aún más la tarea de construir urbes mejor planeadas y detonar una oferta potente de vivienda asequible.
Y para no ir más lejos tenemos el caso de los municipios conurbados del Valle de México. ¿En cuántos de estas localidades existe un plan de desarrollo urbano integral, que parta de una visión metropolitana en donde se reconozca al municipio, no como una entidad ajena, sino como parte de una ciudad que debe estar interconectada?
Durante años, un sinfín de personajes han denunciado que la elaboración de planes en los ayuntamientos o la entrega de permisos para desarrollar proyectos se hace pegado a interés de los políticos en turno. Y si damos por válida la denuncia, entenderíamos por qué muchos municipios padecen las problemáticas que se observan.
De regreso a los planes del gobierno federal, la propia Sedatu indicó que en el PEF 2019 contempla recursos para apoyar a actualizar los planes municipales de desarrollo. Sin duda, la medida parte de un origen nobel, que busca atender una de las problemáticas más visibles. Pero, insistimos, ¿hasta dónde les alcanzará?
No cabe duda de que gran parte del tema recae en la coordinación con los municipios; que en este primer orden de gobierno exista la disponibilidad, apertura e interés de sumarse a la visión que ha tomado fuerza desde el lanzamiento de la Nueva Agenda Urbana, donde se buscan ciudades compactas, resilientes e inclusivas.
Y en este marco aparece la interrogante: ¿hasta dónde los municipios estarán dispuestos a colaborar y abandonar sus banderas políticas para dar paso al desarrollo urbano? ¿Qué tanto los municipios accederán y no se dejarán vencer por el orgullo en donde podría crecer la idea que la federación, a través de estos programas, les intenta imponer algo?
Porque no olvidemos que el artículo 115 constitucional está ahí, y les otorga a los municipios la soberanía sobre las decisiones en su territorio, y lo que necesitamos es un plan integral, que no vea solo a un municipio, sino a los integrantes de una región.
De primera, cabe señalar que en el Valle de México ya hay un primer esfuerzo con la llama Ley de Desarrollo Metropolitano, en la que los gobernadores de hidalgo, Estado de México y ciudad de México se suman a la visión y buscan un desarrollo integral. Pero ¿aquí dónde quedan los municipios, los que tienen la injerencia directa sobre el terreno?
Habrá que estar al pendiente y ver cómo avanza el tema. Sobre todo, en lo relacionado para conseguir que todas las autoridades sumen al barco y se concrete esta visión de gran calado.
