Otros países de la región están en proceso de empezar a contener este fenómeno que, según la FAO, deja pérdidas de 127 millones de toneladas de alimentos al año.
Colombia dio esta semana un importante ejemplo para Latinoamérica al sancionar la Ley 1990 de 2019 que crea la Política Pública para prevenir las pérdidas y desperdicio de alimentos, en un país que registra 9,7 millones de toneladas de comida que se despilfarran mientras parte de su población padece de inseguridad alimentaria (la Encuesta Nacional de Situación Nutricional -ENSIN 2015-, afirma que es el 54,2 % de los hogares).
“Estamos muy contentos, pero se viene mucho trabajo”, indicó Juan Carlos Buitrago Ortiz, director de la Asociación (Red) de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO, que desde hace dos décadas trabaja por recolectar alimentos aún consumibles y redistribuirlos en las poblaciones más vulnerables del país.
Buitrago Ortiz explicó que esta sería una ley pionera en la región pues, aunque Perú tiene una ley que promueve las donaciones y países como Chile, Argentina y Brasil cuentan con sendos proyectos en este mismo sentido, la norma colombiana es la primera efectivamente sancionada en una región en la que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, calcula que entre 42 y 45 millones de personas padecen hambre.
“En América Latina y el Caribe se pierden y desperdician anualmente más de 127 millones de toneladas de alimentos (223 kilogramos por persona por año)”, indicó el BID en una de sus investigaciones.
Para Buitrago, la Ley 1990 de Colombia, marca un hito importante para la región pues la situación en América Latina y El Caribe no es sencilla: el mismo BID indica que “En la región hay grupos de alimentos, como las frutas y hortalizas, donde los niveles de pérdida superan el 50 %. Este fenómeno ocurre en todas las fases de la cadena: en la producción se pierde un 28 %; en el manejo y almacenamiento otro 21 %; en el procesamiento un 6 %; en la distribución y en mercadeo un 17 %. En materia de consumo, especialmente en hogares, se desperdicia alrededor del 28 % de los alimentos producidos”.
El director de ABACO, refiriéndose a lo que viene una vez sancionada la Ley, es que el gobierno colombiano tendrá un año para establecer la normatividad, es decir lo asuntos prácticos que, asegura, no son nada sencillos pero que serán los pioneros en la región sobre cómo prevenir la pérdida y desperdicio de los alimentos.
“No podemos decir que, porque hoy se sancionó la Ley, mañana se van a dejar de botar los alimentos, no. Este será un trabajo progresivo”.
En este sentido explica que uno de los puntos clave es la participación de las grandes industrias de alimentos, el sector de retail (grandes cadenas comerciales), el hotelero, los restaurantes, entre otros; que tendrán que ajustarse a la nueva dinámica de evitar ese desperdicio y que tendrá impactos en todos los procesos, incluso en los mismos bancos de alimentos.
“La logística del rescate de alimentos es muy costosa”, advierte el colombiano, al referirse a toda la operación que implicará esa recuperación para una empresa que deba entregar alimentos que no alcancen a ser comercializados, pero aun aptos para el consumo humano: almacenaje, cargue, transporte, entrega.
Así también, los bancos de alimentos se deberán prepara para la recepción, acopio y distribución de las cantidades de alimentos que empezarán a llegar una vez se implemente en el terreno la Ley.
“Acopiar los alimentos en una bodega de un banco de alimentos, clasificarlos, seleccionarlos, entregarlos a las organizaciones sin ánimo de lucro. Esa logística tiene unos altos costos y la ley no dice quién va a pagar esa logística. Entonces la implementación de la ley tendrá que ser de manera progresiva y el país se tendrá que ir poniéndose retos progresivos”, precisa Buitrago Ortiz.
Agrega que, una vez se reglamenten los asuntos prácticos, la meta inicial de Colombia será rescatar al menos un 10 % de los 9,7 millones de toneladas anuales desperdiciadas, es decir unas 970.000 toneladas en esa fase inicial.
Justamente la región tiene desde el año pasado y con la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo, la plataforma #SinDesperdicio que, con la participación de aliados estratégicos como la FAO, la Red Global de Bancos de Alimentos, el Consumers Goods Forum (CGF) y el World Resources Institute; unidos a siete multinacionales con presencia en Latinoamérica y El Caribe, impulsan cuatro líneas de intervención: políticas públicas nacionales; hábitos de consumo responsable, generación de conocimiento y proyectos innovadores.
La plataforma opera desde el último trimestre de 2018 y le apunta a la reducción del 50 % del desperdicio y pérdida de alimentos, establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, que en su meta 12.3 que implica esa reducción.
Finalmente, Buitrago Ortiz recuerda que también desde el nivel micro, las personas y hogares pueden contribuir en la meta de no desperdiciar alimentos, implementado prácticas de consumo responsable, entre ellas planificar sus compras, cocinar los necesario o tener la capacidad de almacenar adecuadamente el resto de los alimentos.
