¿Qué tal si les dijera que hacer más estrictos los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sería más barato que mantener los actuales? Eso podría parecer contrario a toda lógica. Pero tiene sentido si consideramos los costos financieros de seguir invirtiendo en tecnologías que solo nos llevan a lograr parcialmente nuestros objetivos primordiales de reducción de emisiones para tener que abandonarlas a mitad de camino.
Volvamos un momento hacia atrás. En 2015, el Acuerdo de París estableció un marco para abordar el cambio climático. El Acuerdo pide a los países que articulen objetivos de reducción de emisiones a corto plazo, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que llevaron a la mayoría de los países a establecer objetivos de reducción para 2030. Pero París también establece un objetivo a largo plazo: limitar el aumento de la temperatura media global a entre 1,5°C y 2°C por encima de los niveles preindustriales.
Claro que estos objetivos de temperatura son ambiciosos. Como se indica en el informe insignia del BID para la Cumbre del Clima de Madrid, exigen llegar a cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) entre el 2050 y el 2070. Para lograrlo, será necesario, entre otras medidas, reemplazar los métodos de producción de energía mediante fuentes con más emisiones de carbono (como centrales eléctricas de carbón y gas natural) por fuentes con cero emisiones de carbono (como energía solar y eólica), además de implementar el uso de vehículos eléctricos, y reforestar en lugar de deforestar.
Cierre de plantas de energía
Una transición energética rápida podría llevar a que las empresas de servicios públicos cierren sus generadores de electricidad de carbón, diésel y gas antes del final de su vida útil. Esto, a su vez, dará lugar al “abandono” de los activos, causando la devaluación prematura del valor financiero de estas plantas. Los activos abandonados pueden plantear problemas políticos, ya que generan costos que recaen principalmente en los propietarios de las plantas así como en las comunidades y los trabajadores que dependen de ellos. Esto hace más probable que los grupos homogéneos de personas que salen perdiendo de este modo, incluso aunque sean pequeños, se organicen para vetar las reformas políticas. Pero generar malestar social no debería ser el objetivo de ninguna política climática.
En un trabajo que publicamos recientemente, analizamos lo que esto podría significar para América Latina y el Caribe, cuantificando los impactos del Acuerdo de París sobre los activos abandonados en el sector energético de la región.
Aunque ALC es responsable de menos del 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y más de la mitad de la electricidad de la región es generada mediante fuentes renovables, nuestro estudio demuestra que el riesgo de acabar con centrales eléctricas abandonadas es significativo. Alcanzar los objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París podría dar lugar al cierre de centrales eléctricas por un valor de 37.000 a 90.000 millones de dólares en la región entre 2021 y 2050 y requeriría entre 1,9 y 2,6 billones de dólares de nuevas inversiones en una amplia gama de escenarios futuros.
Los beneficios de objetivos climáticos más ambiciosos
Esto significa enormes pérdidas potenciales para un grupo relativamente reducido de partes interesadas, así como un importante compromiso de ampliar la capacidad. Pero estas cifras no deberían condenar el progreso: los gobiernos pueden reducir los costos actualizando sus NDC (el objetivo de reducción de emisiones que se fijaron para sí mismos para el año 2030). Esto funciona de la siguiente manera.
Para detener el cambio climático es necesario llegar a cero emisiones netas. Nuestras simulaciones muestran que hacer esto de manera suficientemente rápida para alcanzar las metas de 1,5°C y 2°C, la región tendría que obtener el 90% y el 83%, respectivamente, de su electricidad de fuentes con cero emisiones de carbono (p. ej., energía renovable) para el año 2050, en comparación con el 53% en 2015. Y eso significa obtener el 70% y el 60% de la energía de fuentes con cero emisiones de carbono antes de 2030.
Desafortunadamente, las NDC que los países de la región han establecido no nos permiten lograr esos objetivos. De hecho, para cumplir con sus compromisos actuales, América Latina y el Caribe no necesita aumentar la fracción de su electricidad que obtiene de fuentes renovables. Al contrario, la mitad de la nueva demanda de electricidad en la próxima década se satisfaría con centrales eléctricas de combustibles fósiles, especialmente con unas que funcionan con gas natural.
Para alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, la región tendría que corregir su rumbo en 2030 y precipitarse hacia una electricidad prácticamente libre de carbono para 2050, abandonando muchas centrales eléctricas antes de que finalice su vida útil. En nuestras simulaciones, el gas natural representa cerca de la mitad de la capacidad abandonada, lo que confirma hallazgos anteriores de que hay poco espacio para el gas natural como “combustible puente” hacia energía cero emisiones.
Más ambición es más barato
Algo mucho mejor sería actualizar las NDC de la región para alinearlas con los objetivos a largo plazo de París y minimizar la cantidad de activos abandonados y los costos de inversión. Según un método de medición, esto podría reducir los activos abandonados en un 27% y los costos de inversión en un 3% entre 2015 y 2050 en el camino hacia el objetivo de los 2°C, y el 22% y el 7%, respectivamente, en el camino hacia el objetivo de los 1,5°C.
La buena noticia es que la actualización de las NDC posiblemente es exactamente lo que están contemplando los gobiernos reunidos en la Cumbre del Clima de Madrid. El Acuerdo de París pidió a los países actualizar sus NDC y aumentar su ambición cada cinco años. Aún mejor, invitó a los países a investigar estrategias de reducción de emisiones a largo plazo para guiar la revisión de las NDC. El plazo para hacerlo es el año 2020, pero Costa Rica ya tiene un plan para llegar a cero emisiones netas para el año 2050, y la mayoría de los demás países de la región han comenzado a trabajar en sus propios planes. El BID ha venido proporcionando ayuda, y toda la evidencia demuestra que la descarbonización puede no solo lograr el progreso ambiental sino también crear trabajos y oportunidades económicas.
Segundo autor: Matthew Binsted es un científico del Joint Global Change Research Institute. Su investigación explora las interacciones entre los sistemas humanos y los sistemas naturales utilizando el modelo Global Change Assessment (GCAM). Sus intereses incluyen la evolución del sistema energético y la respuesta a las influencias humanas y ambientales; la evaluación y armonización de modelos; y la ampliación del modelo GCAM para incluir detalles subnacionales a fin de mejorar el análisis regional dentro de un marco de modelación global.
Columna escrita originalmente en el Blog del BID
