Observatorio ciudadano advierte que sería un riesgo de propagación del COVID-19 y también de incidentes viales.
El Congreso peruano aprobó anoche la formalización del servicio informal de colectivos o ‘colectiveros’ que, aunque excluyó a Lima y Callao y autorizó tal legalización en las demás ciudades y provincias, su intención ya había sido rechazada por el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos.
La legión de aproximadamente 30 000 taxis y pequeñas camionetas que operan de manera ilegal en las vías de Lima y El Callao, generando caos vial, incidentes con lesionados y víctimas, detrimento económico para el transporte formal, pero también subsanando las deficiencias de este último, podría afectar drásticamente con su aprobación los procesos de transformación que adelanta la Autoridad de Transporte Urbano ATU.
Ante tal posibilidad, el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, reclamó -previo al debate legislativo- una posición de mayor responsabilidad al Congreso ante los efectos perversos de una legalización de este fenómeno que tan solo en las protestas (paro) de noviembre del año anterior, causó actos de vandalismo y paralizó diferentes sectores de esta gran urbe latinoamericana.
“Desde Lima Cómo Vamos señalamos que no es conveniente la aprobación de la formalización de los colectivos, ya que esto redistribuye y dispersa los viajes en muchas unidades de manera riesgosa y con pocos mecanismos de control sobre la salud pública en tiempos de COVID-19, que causarían mayores focos de contagio, y que genera, además, múltiples siniestros de tránsito cuyas víctimas no podrán ser atendidas por hospitales desbordados”, señaló la organización en un comunicado expedido en la tarde de este jueves.
Los llamados ‘colectiveros’, fenómeno que lleva casi una década de presencia en la capital peruana y El Callao, incluso han ganado el favor de legisladores a quienes habrían apoyado con sus votos con la promesa de la legalización, compromiso que parece haberse saldado anoche.
En la actualidad estos transportadores informales son sujetos de fuertes restricciones -su circulación está prohibida por el Reglamento Nacional de Transporte- para transitar por los principales corredores de esta conurbación; sin embargo, sus conductores se las arreglan para violar las medidas y las sanciones, incluso muchas veces bloqueando a los buses de transporte público y registrando constantes violaciones a los requisitos técnicos, seguros obligatorios y pago de multas.
Ahora, al problema ‘tradicional’ se suma la coyuntura actual por la crisis sanitaria que afecta al mundo entero y que en Perú registra ya más de 80 600 infectados y 2.267 víctimas mortales según reporte del tablero de monitoreo del Centro para Sistemas de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.
“En ese sentido, la legalización de los autos colectivos no solo representa un retroceso para con la necesaria transformación del transporte en nuestras ciudades, sino que, ante la amenaza del coronavirus, estos vehículos representan un riesgo adicional para expandir los contagios en la ciudad”, advirtió Lima Cómo Vamos.
Justamente el lento ritmo de esa transformación es la que se considera la brecha que estimula la presencia de este tipo de transporte informal en Lima y El Callao, un fenómeno presente en distintas ciudades latinoamericanas que padecen de bajos indicadores de calidad en el transporte formal.
Si bien en los últimos años se ha venido incrementando el desarrollo de un sistema de transporte con una línea de metro, con el Metropolitano (buses BRT o buses de tránsito rápido), los corredores complementarios; estos modos apenas están movilizando una fracción de los viajes del total de 26 millones viajes que diariamente se realizan en Lima y El Callao.
“(…) solo entre los corredores complementarios, el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima lograron cubrir una demanda de poco más de un millón y medio de viajes al día (1.601,472), durante el año pasado. Es decir, apenas el 10 % del total, mientras que solo en taxi colectivo se realizaron 2 millones 200 mil viajes (13.76 %)”, informó El Comercio.com
Finalmente, Lima Cómo Vamos solicitó que se realice un diseño al proceso de formalización que conduzca tanto a la garantía de la salud de los habitantes de las dos ciudades, como al mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público y su sostenibilidad.
“Normas como esta atentan contra la salud pública y nos aleja de la posibilidad de tener una movilidad humana, justa y sostenible”, señaló el Observatorio ciudadano.
