Desde perspectivas científicas, médicas y sociales, la práctica del fracking es una amenaza contra la salud humana y contra elementos vitales como el aire, el agua y la riqueza biodiversa, aunque quienes la defienden argumentan –a pesar de la evidencia– que no es imperativo que ocurran las consecuencias expuestas.
“No se puede hablar de beneficios brutos del fracking, sino de beneficios netos, es decir que es necesario estimar costos ambientales, sociales y de salud de esta tecnología”, explica la profesora Carmenza Castiblanco, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá.
La docente, quien participó en el debate y dictamen que se busca dar por parte de los comités de expertos en medioambiente de la UNAL ante el Consejo de Estado, señala que en el país esta práctica plantea una total incertidumbre y dependencia de la economía, debido a “la correlación total entre los ingresos de los diferentes rubros colombianos y el precio del petróleo, y la fluctuación de la moneda nacional”.
Durante la primera sesión, la profesora Castiblanco, magíster en Economía del Medioambiente, destacó que “en ningún momento se afirma que el sector de hidrocarburos no sea importante, se hace énfasis en la necesidad de diversificar su producción, donde pueda generar valor agregado”.
En la intervención se detalló que existe información que permanece oculta o no está disponible para que, en este caso, los académicos puedan emitir juicios con más peso argumentativo a favor o en contra teniendo en cuenta la normativa y los procesos actuales de instituciones colombianas como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) o Ecopetrol.
Por otro lado, algunos sectores políticos han argumentado que el artículo 210 del Sistema Nacional de Regalías afecta el principio de precaución ambiental, infringe determinaciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y también reduce al 60 % las regalías con una técnica más agresiva con el medioambiente y la riqueza natural del país.
No obstante, más allá de los argumentos científicos de los académicos, en la sesión del viernes el Alto Tribunal mencionó que hay que ponerse de acuerdo en un lenguaje común, pues en los informes presentados por los peritajes hay diferencias de forma y fuentes utilizadas.
De esta manera, se sigue extendiendo el debate en el cual los miembros de la comunidad académica exponen argumentos en contra y a favor de la práctica para llegar a un dictamen por parte de la Universidad frente al Alto Tribunal.
Capas y matices
Una actividad de la magnitud del fracking en Colombia se puede realizar solo con visto bueno y recursos del Gobierno, por lo cual el beneficio económico por parte de terceros y la falta de vías de participación ciudadana tienen mucho peso en el debate público.
Contaminación de agua, radioactividad en los fluidos, resistencia y duración de revestimientos y cementaciones, el cambio climático y la inestabilidad sísmica que causaría el procedimiento aún son materia de estudio; además, la débil infraestructura física e institucional prevé que no se desarrolle de manera óptima como en Estados Unidos o Canadá, donde apoyan el proceso.
La técnica del fracking se remonta a 2000 y apenas se está consolidando con el avance de la tecnología; se plantea como método para aumentar la productividad petrolera, a partir de la permeabilidad de elementos dispuestos en las diferentes capas del suelo.
Realizarlo implica inyectar grandes cantidades de fluidos a una alta presión; físicamente, este proceso causa, en primer lugar, fracturas nuevas y ya existentes, además de efectos ambientales que aún se encuentran en estudio y puntualización.
Su práctica se ha prohibido en diferentes países europeos mientras que Estados Unidos y Canadá avanzan en la exploración y consolidación de este método ya que afirman contar con la logística necesaria para llevar a cabo estos procesos.
Para la profesora Castiblanco, el debate debe priorizar aspectos como los impactos del sector en la economía colombiana, el aporte a la renta petrolera –constituida por los dividendos del petróleo, los derechos económicos de los contratos, el pago de impuestos como el de renta y las regalías causadas– y los impactos en las economías locales, los cuales incluyen la generación de empleo.
“Por ser un país con un peso bajo en la producción mundial de petróleo Colombia no tiene capacidad de incidir en los precios, lo que nos deja supeditados al contexto económico y político”, concluye la profesora Castiblanco.
Agencia de Noticias UN
