Las ciudades contarían con un marco nacional para unificar criterios, acciones y presupuestos. Colectivos ciudadanos celebran este segundo paso: faltan dos más.
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Este sería el texto que sobre el derecho a la movilidad avanzó un segundo paso para ser incluido en la Constitución mexicana gracias a que este martes la Comisión Constitucional en la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (22 votos) la intención de reforma constitucional para que el Congreso asuma la facultad de legislar en este tema tan importante para sostenibilidad urbana y para la vida de los mexicanos que pierden 16 000 vidas por año en las vías del país.
“Estamos muy felices (los colectivos o asociaciones civiles). Esto significa que en el futuro se van a transformar tanto las prioridades del gobierno como sus presupuestos. Entonces podremos ver con mayor rapidez las transformaciones necesarias en las calles y las carreteras de nuestro país”, señaló a LA Network, la alcaldesa bici de la Ciudad de México, Areli Carreón.
Con esta aprobación se progresa en la intención de más de 35 organizaciones civiles para que México, un país federado, con criterios de movilidad sustentable atomizados y los incidentes viales como primera causa de muerte entre niños, niñas y jóvenes; unifique su marco legal bajo una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Los siguientes pasos para la reforma son complejos. Las asociaciones civiles no cantan victoria, pero hay esperanza de una transformación.
Ahora la propuesta debe ponerse en consideración del pleno de la Cámara de Diputados donde la sensibilización y compromiso de los legisladores será clave. Allí el proyecto deberá contar con al menos 334 de los 500 votos.
De lograrse esta importante meta, restará un paso que puede ser aún más complejo: la aprobación de la mitad más uno de los legislativos estatales (31 estados libres y soberanos).
“Aún nos falta mucho, pero para nosotros es muy importante. Así se alinea el esfuerzo que como sociedad civil hemos dado para lograr el avance de la agenda de movilidad y seguridad vial a escala nacional”, manifestó Carreón quien destacó que ya 13 estados cuentan con leyes de movilidad.
Sin embargo, una reforma constitucional conllevaría impactos positivos mayores. Así lo explicó a LA Network Ana Paula Muñoz, consejera del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla y asesora legal de la asociación civil Puebla Vigila
“El proyecto de reforma permite reconocer en la Constitución el derecho a la movilidad como un derecho humano. Faculta al Congreso para legislar en materia de movilidad y seguridad Vial y a los municipios para formular planes en estas materias. Además, incluye a la seguridad vial y a la movilidad como parte de las acciones a acordar en el consejo de la zona metropolitana del Valle de México”.
Voluntad política: la clave
Tanto el proceso como la aprobación de este martes y una posible y definitiva reforma constitucional tiene en su médula la voluntad de los representantes y el trabajo de promoción.
Los colectivos civiles destacan las distintas instancias por las que ha pasado la iniciativa. Ocho foros regionales con participación de autoridades, la academia y organizaciones ciudadanas. La realización del Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados Locales por la Movilidad -107 legisladores estatales de 25 entidades federativas-, ha sido otro de los escenarios de compromiso hacia la aprobación de la reforma.
Los senadores Patricia Mercado, y Martí Batres, así como el diputado Javier Hidalgo, han sido reconocidos por las organizaciones civiles por su apoyo durante el proceso, pero expresaron su llamado para continuar hacia la modificación constitucional.
“Llamamos a nuestros representantes a trabajar unidos sin distinción de partidos políticos, filiaciones o fobias, para aprobar estas reformas que pueden salvar miles de vidas. Tenemos derecho a calles y carreteras seguras para todos”.
Para la Alcaldesa Bici de la CDMX, Areli Carreón, la reforma constitucional llevaría a la movilidad y la seguridad vial a superar las dinámicas políticas que siempre han truncado las iniciativas de los colectivos ciudadanos por los cambios de gobierno locales y estatales.
“Cada tres años nos toca reiniciar los procesos de acercamiento, de aprendizaje, de sensibilización, de manera tal que casi nunca tenemos la oportunidad de llevar a la realidad las transformaciones que requerimos”, señaló Carreón quien destacó que una Ley General de Movilidad fortalecería la gobernanza en todos los niveles.
