La actual pandemia de la COVID-19 está impactando decisivamente en numerosos aspectos de nuestras vidas. Frente a la amenaza del contagio, nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestros hogares, a minimizar el contacto social, a reducir nuestros desplazamientos. En definitiva, hemos tenido que limitar al máximo la movilidad.
Esto ha provocado una imagen inédita en todo el mundo: los sistemas de transporte público de las grandes ciudades, habitualmente llenos de viajeros y viajeras, circulan prácticamente vacíos, lo que subraya la necesidad de realizar ajustes imprevistos en nuestro modelo de movilidad.
Las ciudades de América Latina no han resultado ajenas a este fenómeno. La fuerte disminución de la demanda y la necesidad de establecer medidas de prevención han llevado a los operadores del transporte público a implementar cambios difícilmente sostenibles. En muchas ciudades latinoamericanas se ha mantenido una oferta muy superior a la requerida, con el objetivo de garantizar una capacidad suficiente para ayudar a prevenir el contagio de la COVID-19, estableciendo consignas de distancia social recomendadas por las autoridades sanitarias de una separación mínima de 1 metro entre los usuarios.
En Lima, una de las más castigadas por la veloz extensión de la pandemia, no solo se ha resentido la salud de las personas, sino también el funcionamiento de su transporte público urbano. La caída en la demanda de autobuses, metro, trenes, microbuses y combis en Lima ronda el 93 %, un valor más acusado que los observados en la región (entre el 60 y el 95 %).
Adaptaciones al transporte en Lima
Las adaptaciones al transporte público tienen un efecto adverso en las condiciones financieras de los prestadores del servicio, especialmente en aquellos servicios tradicionales que no se basan en contratos de operación o concesión y cuyo ingreso depende total o parcialmente de la tarifa abonada, tal y como ocurre en la mayoría de los servicios de transporte público en Lima y Callao.
Además, las perspectivas futuras no son muy alentadoras. Si bien antes de la pandemia en América Latina el 56 % de viajes se realizaba en transporte público, se prevé que el vehículo privado tome mayor protagonismo una vez se empiecen a flexibilizar las medidas de confinamiento. Por tanto, es preciso reconocer y recuperar el papel prioritario de los medios de movilidad públicos de las ciudades, evitando así el incremento de la contaminación ambiental, la congestión y los accidentes viales.
Al mismo tiempo, la experiencia actual nos muestra la necesidad de repensar nuestro modelo de transporte público. Los gobiernos locales y nacionales están emplazados a buscar soluciones para garantizar que las dificultades que atraviesan los sistemas de transporte público no afecten a la prestación de un servicio que se considera esencial para el desarrollo de las actividades económicas, pero cuyo uso no debe contribuir a una mayor propagación del virus.
Nos encontramos en un momento clave para impulsar cambios y nuevas acciones en la región, de forma que se pueda complementar el servicio que proporcionan los sistemas de transporte público. Es el caso del fomento de modos no motorizados, con soluciones como la ampliación e integración de las redes de ciclovías, o el impulso de medidas para la gestión de la demanda de transporte público, tales como el escalonamiento de horarios laborales y el teletrabajo.
Junto a lo anterior, es fundamental articular el necesario acompañamiento financiero a las empresas prestatarias del servicio de transporte público, de forma que sus ingresos no se vean seriamente penalizados por este nuevo panorama.
Este apoyo económico a las empresas de transporte podría llegar a través de la introducción de un pago especial o subsidio por cada kilómetro recorrido por sus vehículos. De esta forma, se busca compensar el desajuste financiero provocado por la operación durante la pandemia y que, en la práctica, la caída en el uso del transporte público no se traduzca en fuertes pérdidas para las empresas.
A nivel internacional, está el caso de España, donde la aportación pública a la financiación del transporte urbano se aproxima al 50 % en condiciones normales y donde, adicionalmente y a raíz de la pandemia, se ha aprobado un fondo de 800 millones de euros que servirá para paliar la caída de ingresos de los operadores de transporte público metropolitano.
En América Latina, el subsidio al transporte público es más infrecuente, aunque destaca el caso de Chile, donde cerca del 45 % de los costos de operación del sistema de autobuses y metros de Santiago de Chile (Transantiago) es financiado con recursos públicos.
Este tipo de experiencias marcan el camino a seguir en la región, especialmente en las circunstancias adversas actuales, que demandan una respuesta urgente por parte de los gobiernos regionales y locales.
Con el apoyo del Fondo Fiduciario para la Movilidad y la Logística (MOLO, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial está acompañando a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), compartiendo experiencias internacionales relevantes que ayuden a planificar el futuro del transporte público en la capital peruana.
Las graves dificultades que hoy atraviesan los sistemas de transporte público y las maneras exitosas de afrontarlas en otros lugares resultan muy útiles para identificar posibles aspectos de mejora y modernización del servicio. De esta forma, podemos seguir avanzando en nuestro objetivo común de lograr una movilidad eficiente, sostenible, equitativa y segura.
* El Banco Mundial con apoyo de MOLO, agradece la investigación y aportes a este blog y otras publicaciones de los consultores senior: Carlos Cristóbal Pinto, Guillermo Muñoz Senda y Juanita Concha, sin los cuáles hubiera sido imposible llegar a las conclusiones que están apoyando la transformación del transporte en Perú y la región.
Este artículo fue coescrito por Irene Portabales González, Lorena Sierra Valdivieso, Ignacio Sánchez D’ocon
