Cuando hablamos de inundaciones, sequías, escasez de agua, cambio climático, falta de acceso a agua potable, o saneamiento escuchamos cada vez más el término “seguridad hídrica”. Pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo se evalúa en la vida real? ¿Y qué impactos genera en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía?
Un mundo de cambios vertiginosos, agua con una distribución desigual, cuerpos de agua contaminados, demanda creciente, mayor variabilidad y alteraciones en el clima implica que nuestra relación con el agua también se transforme muy rápido.
Para países y gobiernos, el término “seguridad hídrica” significa tener agua suficiente en cantidad y en calidad, para satisfacer la demanda de la población, los sectores productivos y el medio ambiente, pero también supone lidiar eficazmente con los extremos hidrológicos y lograr una gestión integral adecuada y eficiente del recurso.
En América Latina, hogar de 650 millones de personas, el término “seguridad hídrica” se está volviendo cada vez más relevante. En el continente más urbanizado del mundo en desarrollo, las ciudades crecen rápido, la vulnerabilidad está latente en las vastas y frágiles áreas periurbanas, y los fenómenos climáticos extremos ponen mucha presión sobre la gestión de recursos hídricos, el suministro de agua y los medios de producción.
Alrededor de 227 millones de personas aún carecen de acceso a un suministro de agua gestionado de manera sostenible y más de 500 millones no tienen acceso a un sistema sostenible de saneamiento. En América Latina y el Caribe, el impacto de desastres naturales -como huracanes e inundaciones- ha llevado a millones a la pobreza en la última década. Un estudio del Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los desastres y la Recuperación (GFDRR en inglés) señala que cada año los desastres naturales llevan a la pobreza a unas 26 millones de personas en todo el mundo. Asimismo, los ríos urbanos de la región están entre los más contaminadas del planeta, dado que el 70 % de las aguas residuales vertidas no reciben tratamiento.
El Banco Mundial lanzó una iniciativa para apoyar a los gobiernos en la evaluación de su seguridad hídrica nacional de una forma integral y sistemática. No se trata de un análisis del sector del agua en el sentido más tradicional; sino que va más allá, intentando cuantificar el impacto económico, social y ambiental que el agua tiene en el desarrollo socioeconómico de un país, haciendo evidentes acciones necesarias para incrementar su nivel de seguridad hídrica.
Tres países fueron seleccionados para dar inicio a esta iniciativa regional: Argentina, Colombia y Perú.
Un equipo multidisciplinario de expertos de alto nivel está trabajando estrechamente con los gobiernos y las partes interesadas de estos países para evaluar los impactos positivos y negativos del desempeño del sector hídrico en el desarrollo de un país.
Paralelamente, el Banco Mundial está recopilando y evaluando un gran volumen de información sectorial para el resto de la región seleccionando una serie de indicadores clave para medir las características de sus recursos hídricos, la arquitectura del sector del agua y en última instancia el desempeño del suministro de agua, la gestión de riesgos y de recursos hídricos.
Este trabajo espera producir una herramienta de referencia útil para fomentar cambios transformacionales que ayuden a solucionar los principales cuellos de botella relacionados con el agua que limitan el crecimiento y las oportunidades de desarrollo en la región.
El producto final de este trabajo deberá mostrar cómo el agua tiene un efecto multiplicador en otros sectores y cómo el abordaje de retos clave puede desencadenar cambios positivos en las economías de los países de la región.
El trabajo deberá también definir una hoja de ruta para mejorar la capacidad de resiliencia, reducir los conflictos asociados al agua, mejorar el suministro y realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos, contribuyendo así a un desarrollo más robusto, inclusivo y sostenible. Muy pronto compartiremos más detalles.
