El apoyo pedagógico se evidencia en actividades como el curso de actualización “Todos podemos aprender juntos”, el cual fortaleció la atención inclusiva que lideran los colegios públicos en la ciudad.
La Universidad Nacional de Colombia es la encargada de llevar a cabo este nuevo impulso hacia la inclusión, a través de la preparación de docentes para una educación inclusiva, en un país en donde según un informe del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD), del Ministerio de Salud, el 90 % de los niños en condición de discapacidad no asisten a una institución educativa; y solo el 27,4 % de los menores entre 6 y 11 años lo hacen.
Marisol Moreno Angarita, docente de la Facultad de Medicina y directora del Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la U.N., explica que de manera conjunta con la Secretaría de Educación de Bogotá –División de Integración a Poblaciones– se trabajó en la formación de maestros de aula y de apoyo a colegios públicos, dándoles a conocer las directrices de la normatividad y la manera de aplicarlas en su institución.
“Nosotros acompañamos a los docentes para que profundicen y mejoren la manera de hacer estos procesos que involucran la valoración pedagógica, y que debe ser realizada por profesionales que conocen las dinámicas del sistema educativo, que valoran las fortalezas, capacidades y potencialidades de los niños y les ayudan a navegar por el currículo de la mejor manera posible”, explica la investigadora.
Agrega que el grupo, con 16 años de trabajo, también ha colaborado con investigaciones que implementan la inclusión en la primera infancia, en la educación básica y media. De igual manera, impulsan los procesos de los estudiantes cuando ingresan a las universidades, haciendo énfasis en cómo es su permanencia, cuáles son las barreras que experimentan y cuáles facilitadores pueden apoyarlos.
De acuerdo con la reciente investigación –realizada con la investigadora Diana Carolina Piñeros, de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social– se hace un contraste de los desarrollos normativos de las últimas décadas para la inclusión, que se han expedido en el país y lo que sucede en la cotidianidad de esta población.
“Nos dimos cuenta de que no se está cumpliendo la ley, que no les están garantizando el derecho a la educación, salud, rehabilitación, el acceso a la justicia, las tecnologías y todos los apoyos que debe tener una persona con discapacidad para gozar de una vida digna, como cualquier ciudadano colombiano”, afirma la docente.
Para que no se sigan pasando por alto sus derechos, se deben divulgar estas normatividades, porque a veces las comunidades, familias y funcionarios que deben garantizar estos derechos las ignoran, concluye.
Con información de la Agencia de Noticias UN
