Por Anacláudia Rossbach, Andres Pisani, Ariel Alejandro Sosa, Hector Becerril, Juan Manuel D’Attoli, Mercedes Di Virgilio.
Hay muchos aspectos que deben ser discutidos y mejorados para que las ciudades argentinas logren el desarrollo de los asentamientos precarios, pero lo más importante es que el movimiento ya ha comenzado y que la comunidad de prácticas crece cada vez más.
El crecimiento de las ciudades en América Latina se ha dado de manera desigual para las diferentes clases sociales, dando inicio a la separación entre los distintos escenarios urbanos denominados ciudad formal e informal. Si bien hay que reconocer que la informalidad urbana no es exclusiva de los sectores populares, de este modo, la parte de la población con menor poder adquisitivo construyó sus barrios y viviendas fuera de cualquier plan de ordenación, adaptándose a las condiciones de los lugares disponibles y a los recursos personales.
En Argentina la situación no es diferente. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen más de 5.687 barrios populares en el país, en los que se estima que viven más de 4 millones de personas.
El crecimiento y la consolidación de los asentamientos informales se produjo sin la colaboración del Estado, ya sea como apoyo o contención, interfiriendo negativamente en las condiciones de infraestructura e incluso impidiendo el acceso al suelo y la vivienda a través de desalojos forzosos. Dicha ausencia resultó en el uso del espacio físico de manera desordenada, sin una dirección en cuanto a las construcciones y sin la estructura básica para el acceso a los derechos fundamentales y necesarios a la dignidad humana, como el saneamiento básico.
A partir de la década de 1980, el gobierno comenzó a dirigir sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de los asentamientos mediante programas de regularización, empezando por la propiedad. En los años 90, el objetivo principal pasó a ser la mejora integral de los barrios y, a partir de los resultados obtenidos en dichas actuaciones, se entendió que la mejor solución es elaborar estrategias que se dirijan a la población local de forma integral, dentro de su realidad ya existente y de las necesidades que de ella se derivan.
Así, el Estado comenzó a buscar proyectos que tuvieran como objetivo el desarrollo de los propios asentamientos, dotándolos de infraestructuras adecuadas, y que además integrarán la ciudad informal con la formal, facilitando el acceso a las estructuras y mejorando la calidad de vida.
Pero, al ser un proceso tardío, este movimiento enfrenta varios desafíos. Las ciudades se diseñaron desde una perspectiva formal, con leyes y directrices que son naturalmente excluyentes porque no tienen en cuenta las diferentes realidades existentes en los barrios socialmente vulnerables. En consecuencia, el progreso es más lento y menos eficiente en las zonas periféricas. Se han creado leyes y programas que tienen en cuenta la situación, como el PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios), y el Programa de Integración Socio-Urbana, pero todavía hay mucho que mejorar.
La pandemia de COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a las zonas informales y a los grupos vulnerables. Las medidas básicas de prevención, como lavarse las manos y mantener la distancia social, son a menudo imposibles de cumplir, debido al acceso restringido al agua y al hacinamiento en los hogares. En Argentina, según el Informe de Gestión de la SISU 2021, durante este año se han realizado 200 proyectos en barrios de 20 provincias, consiguiendo atender a 128.000 personas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las acciones dirigidas a los asentamientos informales fueron insuficientes para garantizar la seguridad a medio y largo plazo. En lo que respecta al año en curso, con datos de hasta septiembre de 2022, la SISU cuenta con 449 obras en ejecución y más de 300 proyectos prontos a iniciar. Se trata de obras de infraestructura para barrios populares así también como la generación de 11.500 lotes con servicio. A su vez, el programa Mi Pieza, que brinda asistencia económica para refacciones, mejoras y/o ampliaciones de tu vivienda, ya ha llegado a 173 mil mujeres habitantes de barrios populares.
Entendiendo la necesidad de acciones más eficientes, los «Laboratorios de Viviendas – Argentina» fueron concebidos como espacios de intercambio y acción constructiva destinados a proporcionar una plataforma para generar masa crítica y consenso entre los actores públicos, sociales y privados, con el fin de identificar los obstáculos existentes, y aprovechar las oportunidades para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos informales a largo plazo.
Villa 31 es el asentamiento informal más emblemático de Buenos Aires. Foto: BID
Se realizaron dos sesiones, una en mayo y otra en julio de 2022, con la participación de expertos y de la comunidad local. En la primera, se identificaron los principales problemas, trabas y obstáculos en la implementación de políticas de integración socio-urbana para barrios, villas y asentamientos en las ciudades de Argentina. La segunda sesión tenía como objetivo crear soluciones e ideas innovadoras para acelerar la aplicación de políticas de integración socio-urbana para los barrios de bajos ingresos.
Los actos se desarrollaron de forma colaborativa, donde todos pudieron aportar ideas, información y preguntas. El proceso de cocreación es muy importante para que las soluciones que se construyan sean inclusivas y completas, aumentando sus posibilidades de eficacia y durabilidad.
A partir de las discusiones se pudo comprender perfectamente los puntos que necesitan ser mejorados, empezando por la comprensión de la ciudad. Es necesario entender y reconocer que las ciudades no tienen características singulares y que, por lo tanto, las diferentes demandas deben tener enfoques diferentes. Por ejemplo, la dinámica de la propiedad en los sectores formal e informal se produce de forma diferente, ya que el segundo se ve obstaculizado por el perfil burocrático y fiscal del primero. En la práctica, los asentamientos informales necesitan una mayor flexibilidad en los parámetros urbanísticos y de construcción, ya que la realidad local no permite cumplir los mismos requisitos impuestos a la ciudad formal.
Y, para conocer las particularidades de cada región, es necesario incluir a la comunidad en todo el proceso, desde la concepción de diagnósticos, planes y proyectos, hasta su ejecución y mantenimiento/seguimiento. No es posible crear soluciones eficaces sin escuchar a las personas que viven la realidad en la que se quiere intervenir, so pena de empeorar la situación o utilizar el recurso en un proyecto que generará resultados temporales. Además, pensando en el largo plazo, la estructuración de los proyectos debe diseñarse de forma que los cambios de gobierno no interrumpan su ejecución, para proporcionar un desarrollo que se mantenga en el tiempo.
Para aprovechar mejor la participación popular y garantizar la autonomía de las personas, hay que invertir en la formación de la comunidad y de los agentes locales en las áreas de conocimiento clave para mantener las mejoras, garantizando así que los resultados obtenidos sean alimentados por los propios residentes. Además, una vez formados, tendrán mayor poder de transformación y de hacer nuevas reclamaciones a las demandas que surjan.
Otra forma de garantizar la autonomía es promover el acceso a la información, de forma sencilla y sin complicaciones, haciendo que los derechos y deberes sean conocidos y comprendidos por todos. También, reforzar la comunicación entre la comunidad y el gobierno, así como con los intermediarios y partidarios, construyendo una red de intercambios y escuchando, agilizando y optimizando los procesos.
En términos prácticos, el financiamiento es uno de los puntos principales. Se sabe que la destinación de fondos por parte del Estado es fundamental y puede estar limitada por cuestiones relacionadas con la informalidad de la tierra, además de otras posibles restricciones, lo que interfiere directamente en el avance de los proyectos. En este sentido, sería muy ventajosa una mayor flexibilidad e integración entre el ámbito público y el privado. Incluso las acciones privadas que no suponen grandes sumas deberían ser reconocidas (porque ya existen), y fomentadas, como las inversiones de las entidades sociales y las cooperativas, porque repercuten en el sentimiento de pertenencia de los residentes, además de las mejoras que realizan.
El intercambio de conocimientos y experiencias aporta un gran diferencial a los proyectos. Conocer lo que ha ido bien y mal en otros países amplía la visión a la hora de pensar en soluciones, entender los retos y definir los procedimientos. También contribuye a la formación de los profesionales, que tradicionalmente sólo aprenden sobre contextos formales durante su formación y también necesitan saber cómo actuar en escenarios populares y vulnerables.
Hay muchos aspectos que deben ser discutidos y mejorados para que las ciudades argentinas logren el desarrollo de los asentamientos precarios, pero lo más importante es que el movimiento ya ha comenzado y que la comunidad de prácticas crece cada vez más. El interés por asegurar una mejor calidad de vida para todos se ha convertido en una lucha colectiva y muy rica, que lo tiene todo para promover impactos grandes y también duraderos.
