Este caso colombiano, reivindica el poder de la acción y la participación ciudadana en la búsqueda de ciudades más sostenibles en Latinoamérica.
Que la ciudad colombiana de Medellín y su área metropolitana integrada por nueve municipios más, aparezca destacada en algunos listados nacionales por sus niveles de contaminación y que ya se haya hecho un hábito para sus ciudadanos padecer dos crisis ambientales al año; fueron la gota que derramó el vaso de los colectivos ciudadanos que entraron en litigio jurídico con sus autoridades ambientales y ahora, después de más de dos años, lo han ganado, demostrando una vez más el poder de una ciudadanía activa y participante en América Latina.
Mediante la herramienta constitucional de la acción popular –que protege derechos colectivos-, grupos organizados de ciudadanos de esta región que tiene casi 4.000.000 de habitantes, cuestionaron en 2017 al Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (la autoridad ambiental y de transporte masivo para los 10 municipios que la integran) y al Municipio de Medellín, por la inefectividad de las medidas tomadas para mejorar la calidad del aire y también por la falta de claridad de la información que recibían los ciudadanos.
También cuestionaron que otras entidades ambientales y municipales, no estuviesen vinculadas directamente con las responsabilidades por la calidad del aire en la zona.
El debate llegó hasta el Tribunal Regional, que les dio la razón a los ciudadanos en sus reclamaciones. Sin embargo, el año anterior las entidades públicas apelaron la sentencia de este tribunal y el caso fue elevado al Consejo de Estado, máxima corte administrativa en Colombia, quien esta semana ratificó las exigencias ciudadanas. Para el alto tribunal “las actividades adoptadas para mitigar la contaminación no han arrojado resultados satisfactorios y la información a la comunidad no es presentada de manera entendible para cualquier ciudadano”.
“Es un triunfo de la ciudadanía, una satisfacción saber que son efectivos estos mecanismos e instrumentos para defender los derechos, en este caso de un derecho muy afectado como es el de la buena calidad del aire para los ciudadanos”, señaló Lucas Quintero Velásquez, abogado ambientalista quien interpuso la acción popular.
Para el jurista, dedicado desde hace años al activismo ambiental, la eficiencia de herramientas como el PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire) y el POECA (Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica), además, de la del SIATA (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) como herramienta técnica para tomar decisiones; no han sido suficientes para un cambio determinante en la calidad del aire en los últimos tres años.
“Si hay algo que el SIATA, la Alcaldía de Medellín y el AMVA han reiterado es que ellos tienen las herramientas para entrar a hacer un pronóstico, prever lo que va a pasar, entonces lo ideal es que con las herramientas la situación sea prevenida y no esperar a que lleguen las crisis”, insiste el abogado Quintero.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA tiene otra postura frente a la decisión del Consejo de Estado. Su director, Eugenio Prieto Soto, en declaraciones al diario El Colombiano, afirmó que desde la primera crisis por la contaminación en marzo de 2016 se crearon el PIGECA y el POECA, además, 66 actores públicos y privados firmaron el Pacto por el Aire.
“Esos tres pilares permitieron que bajáramos la contaminación, en dos años, en 10 microgramos por metro cúbico. Los resultados se pueden mostrar y son reconocidos por organismos internacionales. Le mostraremos al Tribunal estas medidas, pero también debe mirar qué falta en regulación nacional”, añadió Prieto al diario local.
Ciudadanos reclaman mejor información
Uno de los logros más importantes de la sentencia del Consejo de Estado colombiano, en este caso de acción popular interpuesta por colectivos ciudadanos preocupados por el medio ambiente, es el del derecho de información.
Para Diego Zapata, economista y magíster en Gestión del Transporte, además de activista de la Ciudad Verde y del Colectivo Aire Medellín, una de las victorias es que se haya determinado la participación de otras entidades como Corantioquia (otra autoridad regional ambiental), los ministerios de Transporte, Energía y Medio Ambiente, así como la estatal petrolera Ecopetrol en este asunto.
“Sin duda la sentencia del Consejo de Estado es una bocanada de realidad para el AMVA y para la Alcaldía quienes han sido reiterativos en un discurso, han buscado minimizar el problema y maximizar las acciones realizadas”, declara el activista.
Sin embargo, valora aún más, en términos de empoderamiento ciudadano, que la sentencia les haya dado la razón a los ciudadanos en que la información que emiten estas entidades de cara al público es poco comprensible para el grueso de la ciudadanía, lo que disminuye la posibilidad de los ciudadanos a tomar decisiones frente a su entorno.
“El Consejo de Estado señaló que hay un derecho a estar informados. El SIATA es una herramienta fabulosa y no tiene paralelo en otra ciudad de Colombia, pero también es cierto que no es accesible a cualquier persona y al soportar toda la estrategia en el SIATA se reconoce que el ciudadano no se informa plenamente, no tiene oportunidad para detectar si está entre los grupos vulnerables a la calidad del aire”.
Tanto Quintero como Zapata destacaron que la ciudadanía informada y participativa es una herramienta poderosa para entrar a intervenir en las decisiones de ciudad que les afecta. Organizarse, integrar equipos multidisciplinarios que les permitan desarrollar argumentos, conciencia de que la unión de muchas personas con pequeños o grandes aportes, más el uso adecuado de los mecanismos democráticos pueden hacer la diferencia entre una urbe indiferente y otra cuyos ciudadanos aporten en la sostenibilidad.
Luego de la sentencia, los colectivos y ciudadanos están a la espera sobre lo que de ahora en adelante vayan a ser los cambios en las políticas por el mejoramiento de la calidad del aire aplicadas por las autoridades.
