La iniciativa se basa en el fortalecimiento del marco normativo, institucional y operativo de los servicios de educación, salud y protección social.
Con la aprobación de recursos por 100 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Gobierno ecuatoriano podrá enfilar más y mejores esfuerzos para que sus ciudades avancen en mejorar la inclusión de personas con discapacidad, y la prevención de violencia y protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En este país latinoamericano la prevalencia de discapacidad es de 2,6 % por ciento en 2018 y afecta de manera desproporcionada a personas de menor nivel socioeconómico. De hecho, el 56 % de los niños con discapacidad no accede a la escuela.
Así, las ciudades ecuatorianas avanzan en la adecuación e implementación de la aprobada Ley Orgánica de Discapacidad y la puesta en marcha del programa de transferencias monetarias dirigido a los cuidadores de personas con discapacidad severa. Este programa ayudará a consolidar estos esfuerzos y mejorar la atención integral de las distintas dependencias del Estado. Las bases del mismo comprenden el diseño e implementación de políticas y reglamentos que promuevan la inclusión social a través de la introducción de la calificación “funcional” de la discapacidad desde la primera infancia.
Igualmente, estos recursos serán destinados a mejorar la prevención de violencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y la atención y protección de sobrevivientes de violencia mediante esfuerzos como la ampliación de la oferta de servicios de primera acogida de sobrevivientes de violencia en el sistema de salud.
En Ecuador, el 61 % de las mujeres mayores de 15 años son víctimas de algún tipo de violencia de género, aunque el acoso psicológico es el más prevalente, ya que afecta al 54 % de las mujeres, también las tasas de violencia física y sexual son altas, afectando al 38 y al 26 %, respectivamente.
