En un año plagado de contradicciones e incertidumbres, coinciden los procesos de planificación urbana para dos provincias-regiones, Lima y Callao, ambas forman parte de única megápolis del Perú; la misma que si incluyéramos su hinterland en la franja costera y región adyacente (departamental), podría llegar a tener 12 millones de habitantes, en un eje longitudinal de 300 km.
El proceso de planificación, ¨liderado pór sus respectivas municipalidades o gobiernos sub nacionales¨, viene siendo respaldado institucional y finacieramente por el Ministerio de Vivienda y el Banco Mundial, respectivamente. En ambos casos y dadas las limitaciones de sus instancias de planificación, las dinámicas son asumidas por equipos de consultores ad doc; cuya función termina con la entrega de los documentos PDU 2021-2040.
La modalidad de elaboración/formulación de los instrumentos de planificación, es la usual para el caso de las selectas ciudades que cuentan con ellos; sin embargo para el período actual son evidentes las limitaciones de la consulta y dinámicas de participáción; dado el contexto de crisis sanitaria; lo cual podría poner en riesgo la legitimidad de los acuerdos (visión, objetivos o prioridades); así como el contrato social necesario para su implementación y cumplimiento.
Sobre esto último, cabe destacar los resultados de la reciente evaluación suscinta, sobre los planes de desarrollo urbano, en el marco del Foro Nacional “La Planificación y los Planes Urbanos en el Perú (1938-2020), Evaluación, Balance y Perspectivas”, organizado por el CAP y Ciuterra Perú. Certamen en el cual se pudo constatar las graves limitaciones estructurales e históricas, para la implementación de los PDU. Debido a: 1) la falta de voluntad política, 2) las debilidades institucionales (capacidades técnicas de las municapalidades como entes responsables) y materiales (financiamiento) para su implementación, 3) el divorsio entre los procesos e instancias de planificación con la programación y asignación presupuestal, 4) problemas de buracracia, transparencia y corrupción; y 5) estructuras organicas y funcionales fragmentadas y sectoriales, incongruentes con las necesidades poblacionales interdependientes y la complejidad de los sistemas urbanos; en contexto actual y escenarios futuros adversos.
En este marco, la reciente publicación para consulta del manual para la elaboración de planes de desarrollo metropolitano (PDM), del Ministerio de Vivienda; incorpora no solo nuevos requerimientos metodológicos y de contenidos; sino una nueva visión, enfoques y conceptualización, que lejos de simplificar y jerarquizar los componentes; establece un marco formal (zonificación), matricial con variables e indicadores; cuya valoración e interdependencia resulta fundamental para garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda; convergiendo en un cuestionamiento tácito al marco legal vigente; cuya absolución dependerá de una nueva constitución política, para fortalecer el rol regulador del estado frente al mercado y la supeditación de la propiedad privada al bien público y el bienestar común. Solo de esta manera, se podrá reducir la desigualdad y vulnerabilidad urbana, aspectos centrales de los procesos de planeamiento para la gestión del desarrollo (ODS); incorporando criterios de inclusion y equidad, adaptación y resiliencia. Se trata de revisar los objetivos y alcances de los instrumentos de la planificación urbana, en un contexto de emergencia y escenarios prospectivos inquietantes y un modelo insostenible.
