Por Raúl Jiménez – Ariel Yepez
El sector residencial es un actor clave en los mercados energéticos, principalmente por la regulación y políticas públicas que les aplican. Desde 1971, la demanda de electricidad y el gas en los hogares de América Latina y el Caribe se ha más que triplicado, y ha superado a los sectores de alta intensidad energética como el transporte y la manufactura. Este cambio en el consumo ha remodelado la demanda agregada de energía. Equilibrar la asequibilidad, la calidad y los objetivos de sostenibilidad a lo largo de este proceso constituye el enfoque central de las agencias reguladoras y los formuladores de políticas. Sin embargo, establecer precios para la energía sigue siendo un desafío político y técnico que se ve afectado por los avances tecnológicos observados en el sector energético.
Para informar y apoyar el diseño de mejores políticas energéticas, hemos preparado un estudio que examina una pregunta fundamental: ¿Cómo consumen energía los hogares? El informe revela la creciente demanda de los hogares por energía de mejor calidad, y muestra que para lograr políticas públicas progresistas y más rentables, es necesario fortalecer la transparencia y sostenibilidad de los precios de la energía, considerando las respuestas de comportamiento de los consumidores a las políticas energéticas.
Los hogares están destinados a convertirse en actores claves del crecimiento de la demanda energética
La región se encuentra en una etapa de desarrollo en la que depende en gran medida de fuentes de energía moderna para mantener su camino al progreso socioeconómico. Durante las últimas cuatro décadas, el consumo de gas y electricidad creció más de 300 % y cambió la demanda de los combustibles tradicionales en buena medida por un mayor ingreso de los usuarios. Duplicar el ingreso per cápita podría trasladarse en un 50 % de incremento en el consumo per cápita de combustibles modernos. Por ejemplo, en un escenario habitual de negocios, la demanda de combustibles fósiles para el transporte podría incrementar significativamente en todos los grupos de ingreso, desafiando los objetivos de descarbonización. Ese es el caso de México y Perú, por ejemplo, donde entre mediados de los noventa y 2014, la propiedad de los vehículos en el quintil de ingresos más bajo pasó del 4 al 13 % y del 2 al 8 %, respectivamente.
La energía emerge como un componente esencial del presupuesto familiar
Los servicios de energía representan la segunda categoría de gasto más importante después de la alimentación. El presupuesto designado al gasto en energía en los diferentes grupos de ingresos oscila entre el 7 y el 9 %. Sin embargo, el perfil de consumo de energía de los hogares está lejos de ser homogéneo y presenta marcadas diferencias distributivas. Las diferencias en la disponibilidad de fuentes de energía, ingreso, ubicación geográfica, entre otros, tienen implicaciones importantes sobre cómo las familias consumen energía. Por ejemplo, más del 50 % de los hogares rurales dependen de la biomasa o del queroseno.
En general, en el quintil más pobre, 1 de cada 10 hogares gasta más del 24 % de sus ingresos en energía, lo que indica un grave problema de asequibilidad para muchas familias latinoamericanas. Por el contrario, en el 20 % más rico de los hogares, la mayoría tiene cuotas de presupuesto de energía en el rango bajo de 1 a 3.6 %. Además, mientras que la mayor parte del gasto energético de las familias de bajos ingresos se asigna a la electricidad y al gas para cocinar, la mayor parte del gasto energético (64 %) en los grupos de mayores ingresos se destina a combustibles para el transporte privado.
El perfil distributivo de la cartera energética de los hogares es clave para fijar los precios adecuadamente
Los subsidios a la energía han generado efectos heterogéneos con beneficios considerables para los grupos de mayores ingresos e impactos sustanciales en el gasto público. Este es particularmente el caso de los combustibles usados para transporte, en el que el quintil más rico capta más del 40 % de los beneficios del subsidio. En este sentido, el impacto de corregir el precio de la energía depende principalmente del tipo de fuente de energía y del grupo de ingresos. Por ejemplo, un incremento del 10 % en el precio de fuentes modernas de energía doméstica (electricidad y gas natural), se traduciría en aumento de 0.74 % en el costo de vida de los hogares más pobres, en contraste con un incremento del 0.3 % en el costo de vida para el grupo de ingresos más alto.
Por otro lado, un aumento del 10 % en los precios de la gasolina se traduciría en incrementos de gasto equivalentes al 0.1 % en los grupos de menores ingresos y al 0.44 % en los de mayores ingresos. Los aumentos en los precios de la gasolina afectan de manera desproporcionada a los hogares más ricos, mientras que los aumentos en los precios de la electricidad y el gas doméstico afectan significativamente a los más pobres.
Encontrar mejores formas para subsidiar
Por tanto, es urgente mejorar las políticas destinadas a reducir la pobreza energética. La mala asignación de los subsidios afecta negativamente a los incentivos económicos tanto del lado de la oferta como de la demanda. Asimismo, desincentiva a las empresas eléctricas para que financien sistemas más eficientes y bien supervisados. Las disparidades en los impactos de los subsidios entre varios hogares de ingresos podrían conducir a un consumo excesivo en algunos sectores y a una menor adopción de tecnologías de energía más eficientes. Los programas recientes que fusionan los sistemas estadísticos nacionales, la banca electrónica (e-banking) y la medición inteligente han aumentado la eficiencia y eficacia de los subsidios a la energía. Esto muestra que una mayor digitalización de los sistemas energéticos y una mayor capacidad de análisis de datos de las empresas de servicios públicos pueden permitir una mejor focalización de los subsidios.
Potencial de políticas energéticas de ahorro
Las políticas de ahorro de energía han arrojado considerables beneficios. La evidencia muestra que las normas de eficiencia energética y los programas de etiquetado pueden conducir a reducción en el costo de mejores equipos, así como a ahorros sustanciales de energía y dinero. Por ejemplo, en Brasil, un programa temporal de ahorro de electricidad implementado entre 2001 y 2002 generó ahorros de alrededor del 11 % a largo plazo. Asimismo, en Ecuador, se estima que el programa de reposición de refrigeradores implementado en 2012 permitió ahorrar alrededor de 15.780 MWh por año, equivalentes a US$ 17 millones. Sin embargo, el estudio también destaca la necesidad de aumentar la eficacia de las políticas de eficiencia energética (EE) y hacerlas más integrales. Los marcos institucionales que impulsan la EE son aún más la excepción que la regla. El avance en la institucionalización de la EE ha sido lento, lo que ha afectado negativamente la sostenibilidad y replicabilidad de buenas prácticas y experiencias.
La región se encuentra en medio de una de las peores afectaciones sanitarias y económicas de la historia, y tiene serios impactos en el sector energético que puede hacer más vulnerable al sector y a las inversiones en infraestructura.
Además, esta crisis ha magnificado problemas ya persistentes, lo que exige mejoras estructurales urgentes en los precios de la energía, asignación de subsidios, así como la provisión de incentivos adecuados para el ahorro de energía y la adopción de energías más limpias. El informe describe y analiza estos desafíos energéticos persistentes en los hogares, y enfatiza las oportunidades de acciones en el futuro para mejorar la gestión y las políticas energéticas aplicadas a este sector.
Columna publicada originalmente en Blog del BID
