Un informe elaborado por la OCDE define criterios y pautas para acertar de la mejor manera en los mecanismos y modelos de financiación para evolucionar hacia un transporte público sostenible en las ciudades.
Los gobiernos de las ciudades están adoptando cada vez más planes de movilidad urbana sostenible, que hacen hincapié en la evolución hacia el transporte público, compartido y activo. Además de contribuir a la descarbonización, estos cambios de modo de transporte proporcionan un acceso más equitativo al mismo, al replanificar las ciudades para mejorar la accesibilidad de quienes no tienen un vehículo privado. También pretenden mejorar los entornos urbanos reduciendo la congestión, el ruido y la contaminación atmosférica, reasignando el espacio vial urbano al transporte público, la movilidad activa y los usos alternativos. Estos objetivos tienen implicaciones fundamentales para la futura financiación del transporte público.
Un informe global de la OCDE sobre este tema documenta opciones y modelos prácticos de financiación para el transporte público, con ejemplos de casos, y ofrece algunas recomendaciones políticas de aplicación general, centradas en ayudar a la rápida prestación necesaria. El informe distingue entre las nuevas inversiones y el funcionamiento de los servicios de transporte público, considerando también los retos de su eficiencia y las consideraciones relativas a los usuarios. A continuación, presentamos algunas conclusiones para las ciudades:
Invertir más: Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte deben disminuir rápidamente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Además de renovar las flotas de vehículos con vehículos eléctricos, esto requiere un cambio modal hacia el transporte público y la movilidad activa. Las inversiones en transporte público deben aumentar significativamente para permitir el cambio modal necesario.
Centrarse en la eficiencia: Una infraestructura y una prestación de servicios más eficientes son esenciales. Para ello es necesario contar con mecanismos de gestión institucional coordinados, un fuerte énfasis en la competencia, un sistema de movilidad multimodal que funcione correctamente y decisiones de inversión pública determinadas, teniendo en cuenta la eficiencia.
Financiación procedente de todas las fuentes: La política estratégica de financiación debe optimizar los ingresos procedentes de todas las fuentes: las tarifas pagadas por los beneficiarios directos (es decir, los usuarios del transporte) y los impuestos recaudados a los beneficiarios indirectos (por ejemplo, los propietarios de terrenos adyacentes a las obras de transporte). Los gobiernos deben basar las políticas de financiación en principios claramente identificados y elaborados en consulta con todas las partes interesadas. Esto requiere procesos explícitos y formales que utilicen los mejores datos disponibles y un análisis detallado y experto.
Las estrategia más recomendadas:
Financiar el transporte público como parte crucial de un sistema de transporte sostenible, descarbonizado y accesible: Las prioridades políticas básicas de descarbonización, sostenibilidad y accesibilidad plena exigen una reorientación significativa de la política de transportes, lo que implica un papel más destacado para el transporte público. Los responsables políticos deberían tener en cuenta esta perspectiva política más amplia a la hora de planificar y asignar la financiación al transporte público.
Formular estrategias integradas de financiación para los futuros servicios de transporte público: Los gobiernos deberían desarrollar estrategias de financiación explícitas para el transporte público. Dichas estrategias deberían establecer las contribuciones de cada fuente significativa de financiación, basándose en principios y políticas declarados. La financiación debería diversificarse para incluir las contribuciones de los ingresos por tarifas, la fiscalidad general y los impuestos locales específicos sobre los beneficiarios indirectos de las inversiones en transporte público, lo que puede implicar cambios en la legislación en algunos contextos.
Garantizar una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno en esa financiación: La tendencia hacia la descentralización de las competencias de planificación del transporte público y las limitadas capacidades de recaudación fiscal de los gobiernos locales en relación con los centrales hacen esencial una coordinación eficaz. La planificación de proyectos importantes de infraestructuras de transporte debería incluir la asignación de responsabilidades. Los gobiernos deberían considerar el uso de acuerdos marco explícitos para garantizar la coordinación de los flujos de financiación y mantener la responsabilidad de su uso.
Mejorar la eficiencia de las inversiones en infraestructuras de transporte público y la prestación de servicios. Una infraestructura y unos servicios eficientes reducen la demanda de subvenciones públicas. La eficiencia es aún más crucial dado el papel más destacado del transporte público en un futuro de transporte descarbonizado y sostenible. Los enfoques sistemáticos para medir el rendimiento de la eficiencia, utilizando herramientas estructuradas de evaluación comparativa, pueden proporcionar la información necesaria para dirigir mejor los esfuerzos y obtener mayores ganancias.
Adoptar políticas tarifarias explícitas y aplicarlas mediante procesos formales. Las políticas explícitas de fijación de tarifas, aplicadas a través de procesos formales, pueden hacer que el usuario sea menos vulnerable a las presiones políticas y más eficiente a lo largo del tiempo. Incorporar una amplia consulta a las partes interesadas en el desarrollo de la política tarifaria, especialmente a los usuarios, mejorará su aceptabilidad.
Utilizar políticas tarifarias estructuradas para una accesibilidad equitativa. A diferencia de las tarifas bajas generales, las tarifas reducidas bien orientadas pueden mejorar la accesibilidad sin comprometer los ingresos generales. El acceso a las tarifas reducidas debe basarse principalmente en las necesidades (es decir, el nivel de ingresos) y no en la pertenencia a determinados grupos sociales. Esto se aplica tanto a los países de renta media como a los de renta alta.
Artículo con información de la Red Global de Ciudades C40
