Por Maimunah Mohd Sharif* and Jonathan Malagón**
En mayo de 2020, América Latina -particularmente Suramérica- pasó a ser una de las regiones con mayor afectación por cuenta de la crisis generada por el Coronavirus. Si bien los latinoamericanos continúan inspirándose en acciones y experiencias de China y de Europa para prepararse y responder de manera apropiada y oportuna, el contexto propio de la región obliga a adaptarse, teniendo en cuenta sus fundamentales sociales y económicos. Esta adaptación ha sido particularmente importante hasta ahora para el sector de vivienda y desarrollo urbano.
Desde el mes de marzo, la región tomó el camino de la prevención y de la acción temprana. Lo anterior, por supuesto, tuvo resultados positivos en un número importante de países y ciudades. En esta línea, se aumentaron los esfuerzos para preparar los sistemas de salud, se diseñaron de una mejor manera las políticas públicas del sector y se avanzó en la sensibilización de las personas sobre los comportamientos seguros.
Entre las medidas más destacadas tomadas por los gobiernos de la región en materia de vivienda se tienen: la suspensión de desalojos (Argentina, Costa Rica, Colombia, Panamá, entre otros); el aplazamiento o reprogramación de los pagos de alquiler (El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Chile), la inclusión de periodos de gracia y otras facilidades para el pago de hipotecas (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Guatemala, entre otros). Todas estas medidas están orientadas a garantizar que la gran mayoría de la población pueda aislarse durante la pandemia, sin temor a ser desplazados de su vivienda por la adversidad de sus condiciones económicas.
Así mismo, varios gobiernos enfocaron sus esfuerzos en acciones para garantizar el acceso al agua durante la pandemia, lo cual resulta fundamental si se tiene en cuenta que el lavado correcto de manos reduce en gran medida el riesgo de contagio.
Las ciudades, por su parte, avanzaron en preparar sus planes de respuesta a la emergencia y en diseñar medidas con gran impacto en las comunidades más pobres, contribuyendo, por ejemplo, en garantizar la seguridad alimentaria.
Sin embargo, América Latina continúa sufriendo de un mal mayor: la desigualdad. Este desafío histórico afecta la respuesta de la región a la emergencia. En particular, en aquellas comunidades que habitan en asentamientos precarios. Por esto, ONU-Habitat desarrolló un Plan de Respuesta al COVID-19 con foco especial en los asentamientos informales, teniendo en cuenta que buena parte de estos no cuenta con acceso regular a agua potable o a una vivienda digna, ambos elementos fundamentales para aplicar las recomendaciones básicas de la OMS/OPS, como lavarse las manos, aislarse en casa, entre otros.
Por lo anterior, ONU-Habitat y MINURVI han motivado a los países de América Latina y el Caribe para que concentren esfuerzos en el apoyo a estos asentamientos informales y a las comunidades urbanas más pobres. En este propósito, ONU-Habitat y MINURVI han promovido como bienes públicos regionales las plataformas de construcción colectiva de conocimiento, apoyo y colaboración entre pares. Sustentados en las experiencias regionales de atención a comunidades vulnerables, ya existe un dinámico proceso de trabajo colaborativo con numerosas instituciones y redes, que sigue avanzando para brindar apoyo a los países de la región, contribuyendo en el fortalecimiento del capital institucional regional.
Mientras el mundo logra tener una vacuna, la pregunta que surge es ¿Qué sigue en términos de una convivencia con el COVID-19 y de la recuperación post-pandemia? América Latina no es una región donde se pueda aplicar “lo que toque hacer” (whatever it takes) para solucionar la crisis, como ha sido mencionado por algunos organismos financieros internacionales.
Como región de ingreso medio, los gobiernos deben hacer un uso adecuado de los recursos limitados para responder a los retos que trae consigo la pandemia. Esto, por supuesto, genera dilemas en los decisores. Por lo tanto, es fundamental tener claros varios principios guía en la acción, siempre teniendo como premisa la protección de la vida y la seguridad de los habitantes. Sustentados en la idea de no dejar a nadie atrás, las acciones que se tomen de aquí en adelante pueden seguirse inspirando en:
- Focalizar acciones en las comunidades más vulnerables.
- Trabajar de la mano de las comunidades para empoderarlas, dando especial énfasis al empoderamiento de las mujeres.
- Velar permanentemente por la inclusión de grupos específicos como personas de la tercera edad, personas en situación de discapacidad, con comorbilidades, niños y niñas, grupos étnicos, migrantes y refugiados, entre otros.
- Adoptar medidas especiales de protección y apoyo para las familias que viven en situación de hacinamiento.
- Cotejar las acciones con el impacto integrado en los ODS y resiliencia de las comunidades urbanas.
- Articular intervenciones e inversiones integradas en entornos urbanos vulnerables con el objetivo de tener un doble impacto durante la recuperación: la reducción de la vulnerabilidad social frente a la pandemia y la reactivación económica a través de generación de medios de vida locales (operaciones urbanas integrales en asentamientos precarios).
En suma, las próximas fases de la atención a la crisis del COVID-19 en América Latina deben beneficiarse de un trabajo integrado a nivel de cada comunidad, a partir de esquemas que incluyan el abordaje de las condiciones de hacinamiento. Lo anterior unido a la garantía en la provisión de servicios básicos, la generación de medios de vida y la previsión de educación y cuidado de calidad. Todo lo anterior complementado con una estrategia decidida para aumentar la conectividad de las comunidades, aspecto que se ha manifestado como crítico.
Para la región de América Latina y el Caribe, responder a la pandemia requiere incorporar el contexto de desigualdad e inequidad, siendo particularmente importante en el sector de la vivienda y del desarrollo urbano. La respuesta apropiada es tratar distinto lo que es diferente, lo cual se hace comunidad por comunidad, barrio por barrio. De esta manera, se puede estar abriendo el camino para que con nuevas acciones públicas diferenciadas se recuperen las comunidades de los efectos de pandemia, mientras se traza un camino hacia la reducción de las desigualdades en ciudades segregadas.
En ONU-Habitat y MINURVI le damos la más alta importancia al trabajo colaborativo para apoyar conjuntamente la construcción de una hoja de ruta para que las comunidades e instituciones de la región salgan fortalecidas de la pandemia.
*Subsecretaria General de Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU-Habitat
**Presidente de MINURVI (Asamblea de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina y el Caribe) y Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia
