Atrás quedaron tiempos en los cuales las estructuras de gobierno imponían sus preceptos sin considerar las voces de sus ciudadanos, sin reglas claras y sin principios que sustentaran sus decisiones. Atrás quedaron los tiempos de dictaduras y gobiernos tiránicos en América Latina y el Caribe (ALC), dando paso a democracias pujantes en las que millones de ciudadanos han puesto su esperanza. Con el nacimiento de estos nuevos sistemas de gobierno, aparecen paralelamente nuevos enfoques, ya con experiencias en Europa y otras regiones del mundo, pero novedosos para las nacientes democracias. Una de esta propuesta se basa en la gobernanza como acción de gobierno que busca la participación de la sociedad en las acciones públicas que le afectan de manera directa, más aún dentro de la complejidad social de una región con altos índices de pobreza y desigualdad y en donde se ha implantado una cultura de corrupción, mermando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Aparece así la gobernanza como una orientación que pretende brindar confianza y efectividad a la gestión de gobierno a través de la intervención de los actores vinculados a las diferentes y complejas políticas públicas. Por medio de innovadores mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, se busca generar la confianza, eficacia y eficiencia en la gestión de las instituciones públicas, para lo cual, los Estados hacen un esfuerzo por reducir las incertidumbres propias de quienes observan con preocupación los innumerables casos de corrupción que se han presentado en todas las esferas de gobierno. Si bien el problema de la corrupción se puede encontrar tanto en países desarrollados como no, el mismo está vinculado con la calidad de las instituciones y el funcionamiento del sector público.
De acuerdo al Informe de Transparencia Internacional (2018) América Latina y el Caribe continúa sin registrar avances destacables en la lucha contra la corrupción. “La región se está viendo transformada de la mano de líderes populistas, lo que está haciendo saltar las alarmas por el trato que dispensan a los medios de comunicación, la sociedad civil y las instituciones democráticas. Todas ellas corren el riesgo de perder capacidad para actuar como mecanismos de control y equilibrio contra la corrupción”. A esto se agrega el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019 el cual señala que, el crecimiento económico actual y el previsto de la región son insuficientes para cerrar la brecha de ingresos en relación con las economías más avanzadas, y en donde el crecimiento económico en ALC ha sido insuficiente y ha retrasado la reducción de la pobreza y de la desigualdad del ingreso. Esta pobreza tiene una estrecha relación con el ciclo económico en ALC y, en consecuencia, la desaceleración económica implica que los niveles de pobreza y pobreza extrema serán equiparables a los de 2016.
A principios de marzo de 2019 se declara la COVID-19 como pandemia, comenzando una etapa crucial para la gestión de esta crisis sanitaria, en donde los Estados latinoamericanos han puesto su empeño en reducir la mortalidad que causa este virus a través de estrategias disimiles, muchas de ellas por medio del aislamiento social, el cierre de los comercios no primordiales y otras que pretender evitar su propagación. Este esfuerzo supone también un reto que permita disminuir el alicaído desempeño económico y estancamiento político y administrativo producto de las divergencias ideológicas – políticas que han colocado en descrédito a las organizaciones públicas.
En cuanto a los gastos que implica para los Estados latinoamericanos enfrentar la pandemia, el gasto regional es menor al gasto de otras regiones en el mundo, con un 2,4% del PIB en contraposición al 3,7% de otras regiones como Europa y Norteamérica. Mas aún, el gasto fiscal adicional por la emergencia de los países ricos ya supera el 6,7%. De acuerdo a Cecilia Barría esto se debe a que “en América Latina y el Caribe, el sector informal es muy grande. Eso hace que la recaudación de impuestos sea baja y, por lo tanto, el tamaño de los paquetes más reducido».
Ahora bien, en este escenario complejo y difícil para ALC, el fantasma de la corrupción surge en medio de denuncias y el asombro de quienes están haciendo sacrificios permaneciendo en sus hogares, con restricciones para ejercer sus trabajos y muchos de ellos con familiares que han muerto por la COVID-19. Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú o República Dominicana, entre otros países, han sido testigos en los últimos cuatro meses de escándalos relacionados con prácticas de corrupción, favorecidas por la emergencia sanitaria. Al respecto Yurany Arciniegas destaca el caso descrito en Ecuador en donde La Fiscalía ecuatoriana también investiga 63 casos de corrupción y ha llevado a cabo allanamientos en 27 ciudades durante las investigaciones, principalmente por presuntos sobreprecios. Otro señalamiento en Bolivia subraya que el ministro de transición de salud, Marcelo Navajas, permanece en prisión preventiva por una presunta conspiración para la compra de respiradores, requeridos por los pacientes más críticos de la COVID-19. Según las investigaciones, habría participado en el sobre costo, por alrededor de dos millones de dólares, para adquirir estos elementos desde España.
En lo que respecta a Colombia, Jorge Cantillo recalca que hasta ahora, los entes de control tienen en investigación 56 contratos que suman 136 mil millones de pesos (poco más de 35 millones de dólares) que concentran las mayores irregularidades identificadas, pero en total, el objetivo es revisar los 31.938 contratos que se ha suscrito durante el tiempo de Emergencia Económica en todo el territorio nacional”. Estos y muchos casos por citar, ponen en entredicho la efectividad de las instituciones para evitar la corrupción y más aún, denota la ausencia de valores de quienes ejercen la función pública.
Si bien la atención está puesta en la reducción de los casos y encontrar una vacuna en el menor tiempo posible, la gobernanza está enfrentando una dura prueba en medio del desasosiego de millones de ciudadanos que hacen sacrificios personales y laborales en medio de esta pandemia. Al final de esta fase crucial en la historia de la humanidad, las transformaciones institucionales tendrán que apresurarse, mas aun en ALC, en donde la corrupción ha puesto en evidencia la fragilidad de las instituciones, pero sobre todo, la necesidad de impulsar una metamorfosis cultural y educativa que reduzca la práctica de la corrupción.
