La práctica de algunos gobiernos municipales de considerar el espacio público como “terreno disponible” halla un freno en las comunidades que luchan sin descanso por el derecho a la ciudad
Mirelis Morales Tovar. Periodista (Lima, Perú)
A los vecinos del distrito de Comas les tomó por sorpresa. De un día para otro, el parque Manhattan estaba en riesgo de desaparecer. Sí, el espacio público donde juegan los niños y donde se entrenan los equipos de Lima Norte había sido entregado a una empresa privada para construir un centro comercial de 7.667 metros cuadrados, que se presentaba como un proyecto de renovación urbana. La comunidad se opuso y así surgió el colectivo “Salvemos al Parque Manhattan” que logró su cometido en septiembre de 2018, luego de dos años de intensa lucha.
Luis Enrique Pérez, periodista del portal Convoca, sacó a relucir el caso del Parque Manhattan como ejemplo de la defensa de los espacios públicos durante la cuarta edición del Foro de Intervenciones Urbanas, que se realizó en Lima entre el 5 y 11 de agosto. Pero advirtió que no se trata de un hecho aislado. Su investigación permitió construir una base de datos que arrojó que las municipalidades de Lima han entregado a la empresa privada un área que supera los 560 mil metros cuadrados, el equivalente a 79 campos de fútbol del Estadio Nacional del Perú.
Esa práctica de las autoridades municipales de declarar de interés público a estas iniciativas privadas le ha arrebatado a los limeños partes de sus parques, playas y espacios deportivos. A cambio, han recibido centros comerciales, estacionamientos subterráneos, restaurantes de lujo, camposantos, clubes, museos privados y zonas para juegos mecánicos a lo largo de los últimos 25 años. Ello según los resultados que arrojó la investigación de Convoca, denominada Ciudad en Concesión.
Estos conflictos motivaron a la congresista peruana Indira Huilca a elaborar el Manual de Defensa de los Espacios Públicos (http://www.indirahuilca.pe/manual-espacio-publico/), que reúne las lecciones de varias luchas vecinales con el objetivo de documentarlas y difundir los aprendizajes a manera de crear una hoja de ruta para las personas, organizaciones y comunidades que emprenden la defensa de los espacios públicos en Lima y en otras ciudades del Perú.
“Se les ha hecho creer a las comunidades que deben ceder los espacios públicos a los privados, porque, de otra manera, no funcionan”, comenta Huilca. “Es vital que se entienda que los espacios públicos aportan un valor que no es económico. Tienen un valor ambiental, de seguridad para los vecinos. Por tanto, necesitamos avanzar en instrumentos legales que impidan que los ciudadanos pierdan sus espacios”, acotó.
La parlamentaria viene trabajando desde 2017 en un proyecto de Ley de Protección de Espacios Públicos, para prohibir las concesiones por parte de las mismas municipalidades. Huilca señaló que ya cuenta con la aprobación de la comisión de Vivienda y también de descentralización. Solo falta el visto bueno del pleno del Congreso. “Este proyecto de ley lo que persigue es garantizar la gestión y uso del espacio público por parte de las municipales. No interviene en la ejecución de nuevos espacios públicos. Para ello, tendremos una norma complementaria”, acotó.
Una década de lucha
Estos conflictos no son exclusivos de Perú. Se repiten en toda la región. Buenos Aires, por ejemplo, ha tenido un caso en litigio por más de 10 años. Los vecinos de las zonas menos favorecidas -conocidas como villas- llevan una década exigiendo su derecho a espacios públicos de calidad, tal como gozan otros sectores urbanizados de la capital. Esa lucha, que se inició en 2008, se ha convertido en un emblema de la desigualdad, pero también en una muestra de las trabas de acceso al sistema de justicia.
Pablo Vitale codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, explicó que la máxima Corte se pronunció a favor del Estado, quien respaldó su gestión con un listado de obras públicas. Pero la comunidad no se conformó con la decisión y apeló. A la fecha, la justicia sigue sin darle respuesta a los vecinos. Eso no los ha desmotivado. Ahora están dispuestos a llevar su caso a instancias internacionales y presentarlo en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
La lucha, sin embargo, no ha sido en vano. Vitale asegura que la visibilización que ganó el caso de las villas ha permitido lograr ciertas mejoras para la comunidad. Pero no lo suficiente para darse por vencidos. “Los tiempos de la vía judicial no concuerdan con los tiempos de los vecinos. El derecho al espacio público parece que es el menos evidente, cuando en realidad estamos hablando del derecho a la ciudad, a habitarla y a disfrutarla. Tenemos que abogar porque el derecho se ajuste a los reclamos ciudadanos y no al revés. Ello tendría un efecto poderoso”, sentenció Vitale.
