La pregunta clave es: ¿Cómo lograr que la Declaración de Quito no se convierta en un papel lleno de buenas intenciones para las ciudades del mundo, si con Estambul muchos compromisos no se cumplieron? Necesaria la reflexión.
La adopción en Quito por parte del programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos de una nueva agenda urbana, marcó el punto de partida para un debate orbital.
Dicha agenda está basada en tres principios: no dejar a nadie atrás, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental.
También convoca a ciudades y países a promover conceptos y lineamientos fundamentales para que los asentamientos urbanos “sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Y, en la mitigación de los factores que están propiciando el drástico cambio climático, promuevan “la densificación urbana, en lugar de la extensión del perímetro de las ciudades; el uso mixto del suelo, en lugar de la zonificación; la preservación de los paisajes y recursos naturales y los espacios públicos para todos”.
No desconoce la ONU que desde ya se podrían advertir resultados adversos para los derroteros trazados en Quito –y por tal razón hace un expreso llamado de atención–, si no hay empoderamiento de las mujeres, participación de la juventud, compromiso del sector privado con el desarrollo urbano inclusivo, e inclusión de la población indígena migrante y de los refugiados en la lucha por “el derecho a la ciudad”.
Punto de partida de un debate orbital
La cuestión del por qué se ha activado un multidebate con tanto encono, es simple y se resume en un interrogante: ¿Por qué priorizar unos compromisos para los próximos veinte años (Hábitat III), cuando muchos de los acordados dos décadas atrás en la Declaración de Estambul (Hábitat II) aún siguen pendientes?
La ONU destaca que entre finales del siglo pasado y lo que va corrido del presente, la urbanización ha traído consigo crecimiento y desarrollo, aumento del crecimiento económico nacional e “incluso una extraordinaria reducción de la pobreza”.
Asimismo admite que hay grandes avances en la conectividad de esos asentamientos humanos, un aumento de la productividad y de las oportunidades, y la fusión de ciudades y centros de población en nuevas configuraciones espaciales, que propician un crecimiento económico y demográfico más rápido.
A ello se suma, dice, un mayor grado de interdependencia entre las zonas rurales y urbanas “que ha contribuido a reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales y a aumentar las perspectivas de un desarrollo más equitativo”.
Pero, como la realidad es tozuda, no le ha quedado otro camino a la ONU que aceptar que “la urbanización no ha podido dar respuesta a los múltiples problemas existentes y emergentes”.
El listado de esos “problemas existentes y emergentes” causa inquietud: “expansión urbana, congestión, contaminación, emisión de gases de efecto invernadero, surgimiento de la pobreza urbana, segregación, más desigualdad y otros factores externos negativos, todos los cuales guardan relación con un modelo de urbanización que no es sostenible”.
Esta preocupante radiografía entre las estaciones de Estambul y Quito, quedó registrada en un documento preparatorio de la conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, dado a conocer en Nueva York solo dos años antes de la cumbre realizada en octubre pasado en la capital ecuatoriana.
Proliferación de asentamientos informales
Sobre uno de los compromisos centrales acordados hace dos décadas en la cumbre de Turquía –la provisión “de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización”–, el resultado hoy es desalentador debido, en parte, según Naciones Unidas, “a que no se aplicaron políticas ya aprobadas o a las deficiencias de esas políticas y a una rápida urbanización no planificada”
Según Juan Pablo Duhalde, director de Áreas Sociales de la organización no gubernamental Techo, solamente en el área urbana de Latinoamérica hay concentradas en la actualidad más de 100 millones de personas, viviendo en asentamientos informales, los cuales están situados generalmente en zonas periféricas y carentes de servicios públicos adecuados.
Este incumplimiento ingresa, entonces, a los “pendientes” en los que Naciones Unidas “centrará su atención” para “ajustar, innovar y trascender el Programa de Hábitat”.
O, como es la aspiración de Duhalde, a que la nueva agenda urbana garantice “ciudades sin asentamientos informales”, con gente activa en la lucha por sus derechos.
Se compra la ciudad a pedazos
En las sesiones de Quito se dijo que al año 2025 el mundo requerirá un total de 1.000 millones de soluciones de vivienda, que en ningún momento pueden ser, como lo ha explicitado la organización Techo, esos “bloques de cemento que hoy conforman las ciudades formales” y que “muchas veces esconden el drama de los asentamientos informales y de su gente que, de una u otra forma, debe ser escuchada y visibilizada”.
Para la socióloga Saskia Sassen muy seguramente serán pocos los logros que se podrán obtener en la reorientación del rumbo habitacional de las ciudades, como lo propone la nueva agenda, puesto que “la ciudad se ha vuelto objeto de compra por parte de grandes inversores”, en un mundo que convirtió en algo usual “comprar pedazos de la ciudad”.
Así lo expuso en el encuentro internacional ‘Una nueva justicia para la Nueva Agenda Urbana’, realizado el pasado septiembre en Casa de América, en Madrid, donde detalló que el principal propietario de las tierras centrales en Londres no es la reina de Inglaterra, sino el capital procedente de Qatar. Presentándose casos similares en Nueva York, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, París, Washington y Hong Kong.
Asimismo dijo que en la gran mayoría del sur global “está todo comprado”: minas, plantaciones, extracción de agua por el cambio climático, y lugares estratégicos y espaciosos ocupados por empresas y edificaciones de poderosas corporaciones, cuyos contratos incluso les dan poder sobre el subsuelo.
“Ya no queda casi tierra que no tenga propiedad bastante formalizada. Y el resto es tierra muerta. Por eso es importante que los sin poder puedan justamente hacer la ciudad de ellos”, explicó.
En la configuración de la ciudad en las últimas décadas, el programa Hábitat reconoce que “el surgimiento de nuevas fuerzas y corrientes financieras y la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones, han repercutido de manera significativa en los objetivos trazados”.
Pero, si hay algo que ha incidido en la distorsión de esos objetivos –que la ONU lo reconoce, aunque no lo hace de manera enfática y visible–, son “las prácticas especulativas relacionadas con el uso del espacio y el territorio”, lo mismo que “las múltiples crisis, el desempleo galopante, las presiones sobre las instituciones financieras, la inseguridad y diferentes formas de inestabilidad”.
Flagrante caso de “urbicidio”
Aparte de la vivienda y los asentamientos informales, otro desafío que enfrenta el planeta, heredado de las dos décadas durante las cuales rigió la Declaración de Estambul, es que el 70% del producto interno bruto del mundo y un porcentaje comparable de nuevos empleos, se genera en las ciudades, pero bajo el acoso de los problemas que plantean el consumismo, los altos niveles de contaminación y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Escollos que tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, se traducen “en prueba palpable de las dificultades con que tropieza el desarrollo sostenible y de los enormes riesgos que trae aparejados el cambio climático”, como lo reconocen las propias Naciones Unidas.
Pero lo que la ONU llama “dificultades”, el sociólogo ecuatoriano Fernando Carrión –creador del Foro Hábitat III Alternativo junto con el urbanista catalán Jordi Borja– lo define como el más flagrante caso de “urbicidio”, es decir, la forma de producción económica “donde la ciudad pierde su existencia”.
Para Carrión y Borja, el “antídoto” a las complejas problemáticas económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales que con Declaración de Estambul o de Quito afectan el urbanismo mundial, está en “los contenidos del derecho a la ciudad”.
Y a la pregunta obvia de por qué no es sostenible y por qué el modelo de urbanización se quedó cortó en soluciones a problemas tan acuciantes, Borja no ahorra argumento para expresar que el mundo solo le ha dado forma a una urbanización “socialmente excluyente, económicamente más especulativa que productiva, culturalmente miserable, absolutamente insostenible y políticamente sólo gobernable por vías opacas, por el miedo y la represión preventiva”, como lo señaló en diálogo con la revista colombiana Semana.
Contrario al discurso y a los balances de la ONU, dijo que “en las últimas décadas se han acelerado las formas de urbanización extensiva, dispersa, fragmentada, segregadora y atomizadora”, mientras las conferencias mundiales solo se limitan a denunciar “problemas archisabidos”, “pero no muestran los mecanismos causales y los actores responsables”.
“Los compromisos que se aprueban, como la Nueva Agenda Urbana firmada el jueves (20 de octubre de 2016) en Quito, son genéricos y no indican quiénes los asumen”.
Una receta de ocho puntos
Las críticas a Naciones Unidas se acrecientan cuando –de manera genérica como dicen los alternativos– plantea como solución a los incumplimientos de la Declaración de Estambul, que “la Nueva Agenda Urbana aborde las tareas pendientes del Programa de Hábitat y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y proponga estrategias y medidas para eliminar los barrios marginales de una vez y por todas, erradicar la pobreza y buscar solución a las desigualdades persistentes que todavía prevalecen en muchas ciudades”.
Pero, ¿cómo lograrlo?
La receta de Naciones Unidas recomienda “sacar partido de las enseñanzas aprendidas y los objetivos logrados, así como de los reveses sufridos”, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:
“a) Aprovechar la función de la urbanización como motor del desarrollo sostenible;
- b) Modificar la relación entre las ciudades y el entorno natural…;
- c) Transformar el concepto de urbanización para que en lugar de una plataforma para el cambio sea una fuerza para el cambio;
- d) Hacer más hincapié en el desarrollo urbano sostenible…;
- e) Asegurar que se apliquen enfoques del desarrollo urbano que beneficien a los pobres y se basen en mecanismos de participación;
- f) Velar por el pleno ejercicio de los derechos humanos…;
- g) Reducir las desigualdades…;
- h) Asegurar la posibilidad de acceso a una vivienda asequible”.
“Derecho a la ciudad”
Por su parte, las estrategias de los promotores del ‘Derecho a la ciudad’, comienzan por llamar a combatir “la construcción de una ciudad insular o la construcción de una constelación de espacios discontinuos y desarticulados”, que para Carrión son la expresión de un urbanismo que responde a los intereses comerciales del sector inmobiliario, que niega la base de un verdadero urbanismo ciudadano, que invade y destruye el espacio verde de la periferia, y que “abre las puertas a un urbanismo del espectáculo donde los edificios son cada vez altos, las urbanizaciones cada vez más exclusivas, y el objetivo es que compitan entre sí para irse ubicando como los símbolos principales de la ciudad, desplazando a los verdaderos símbolos”.
En consecuencia, Borja llama a los ciudadanos y a las organizaciones sociales a que reclamen “el derecho a la ciudad como reductora de las desigualdades”, participando en el diseño de políticas integrales y luchando por los “derechos urbanos”: vivienda, espacio público, servicios básicos, transportes, entre otros, y “los derechos sociales, económicos, sostenibles, culturales y políticos”.
Derechos que frenen el auge del transporte automotor privado, que devora el espacio público, y erosiona y destruye el sentido que tiene la calle “como elemento vital de una ciudad y como la base material donde se produce la articulación de la vida social”.
El ‘Derecho a la ciudad’ –afirman los alternativos– también propende por espacios urbanos sin violencia, “porque ésta genera un tipo de ciudad que teme al espacio público, teme al otro, lo asume como un enemigo potencial, y teme a la cohesión y a la solidaridad”.
En definitiva, una nueva agenda urbana debe estar orientada no a usufructuar la ciudad “como una máquina de producir riqueza para unos pocos”, sino como un territorio para el cual “se deben diseñar marcos participativos basados en valores plurales y en conexión con la naturaleza”, y donde no tenga cabida la “producción deliberada del olvido que busca erosionar lo que son las identidades, la cohesión social y la memoria”.
