Por: Bibiana María Guerra De Los Ríos
¿Cuántas veces nos han preguntado a qué estrato pertenecemos o qué estrato aparece en las facturas de nuestros servicios públicos? Hace unos días se dio a conocer una noticia que tuvo poca trascendencia dada su relevancia en el panorama del país. Se anunció, desde el Departamento Nacional de Planeación-DNP, que se busca eliminar los estratos y proceder con el Registro Universal de Ingresos-RUI. Siempre se ha dicho que Colombia es el único país con este método llamado estratificación que, además de clasificar inmuebles para focalizar subsidios, es discriminatorio y alejado de la realidad económica de los ciudadanos.
Desde hace un par de años, tanto DNP como el DANE, vienen trabajando de manera conjunta para avanzar en el análisis y desarrollo de opciones más efectivas, que permitan clasificar y focalizar mejor a la población, en especial, a quienes son sujeto de subsidios. Dichas alternativas deben dar cuenta de los ingresos de los hogares y las personas. Aunque el proceso no ha avanzado con la velocidad deseada porque involucra muchas entidades, temas jurídicos y normativos, así como retos en tecnología e información, en el último año se ha avanzado con cruces de información que servirán de base para la fase de pilotos que inicia en 2024 para darle forma a la nueva metodología.
Actualmente, en la estratificación se tienen en cuenta las características físicas de la vivienda más no la capacidad de pago de quienes viven en ella. Esto, por obvias razones, no da cuenta de la realidad de las condiciones de vida de los ciudadanos, es rígido y desactualizado. En 2019, por ejemplo, 3,5 millones de hogares recibieron subsidios sin ser considerados pobres o vulnerables y 197 mil hogares no recibieron subsidio por estar ubicados en estrato 4, 5 o 6, a pesar de ser pobres o vulnerables. A esto se le llama, respectivamente, errores de inclusión y exclusión. Por ello, se ha venido avanzando, de manera técnica y rigurosa, en el desarrollo de opciones que permitan focalizar la política social de quienes más lo necesitan mediante un sistema de información único en el que se pueda optimizar el proceso de identificación de beneficiarios y asignación de subsidios.
De esta forma, la propuesta busca integrar bases de datos e información y reemplazar el Sisbén por el RUI. Este sería más preciso, dinámico y actualizado, pues los ingresos son una mejor variable para analizar la capacidad de pago y/o condiciones socioeconómicas de las personas que las viviendas. Por su puesto que habrá un periodo de transición, pero la idea es reforzar el Registro Social de Hogares que se creó, exitosa y rápidamente, durante la pandemia, y que en 2026 ya el RUI quede en firme.
Acabar con la estratificación y pasar al RUI mejoraría la eficiencia en la focalización de subsidios, el gasto y la inversión pública. Durante mucho tiempo se ha hablado de acabar con esta figura, pues ahora perece que el momento ha llegado y los últimos dos planes nacionales de desarrollo, así como otros instrumentos normativos y de política dan cuenta de ello. Adicionalmente, y de manera paralela, hay que avanzar con la actualización catastral nacional, la diferenciación y/o tipologías de municipios, un esquema de gobernanza claro y robusto y con mejoras en los procesos de identificación de usuarios que llevan las empresas prestadoras de servicios públicos, entre otros.
