La comunidad hispana no oculta su inquietud por las decisiones tomadas por el nuevo presidente norteamericano en torno a la inmigración. Varios de los alcaldes de las ciudades santuario ya anunciaron que defenderán política y jurídicamente su condición de refugio para los indocumentados.
Donald Trump no quiere perder ni un minuto en cumplir con las promesas que lo llevaron a estar sentado en la oficina oval de la Casa Blanca. La más controversial, pero al parecer la más efectiva, que es construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, empezó a materializarse este miércoles con la presentación de un orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza y control a la inmigración.
En el decreto quedó plasmada también otra batalla de Trump cuyo pronóstico es incierto y nada sencillo: acabar con las ciudades santuario, que protegen de la deportación a inmigrantes indocumentados cuyo número es cercano a los 11 millones de personas en todo el país.
Y en principio no parece sencilla la disputa. El presidente estadounidense deberá enfrentarse con 300 ciudades que tienen esta condición, algunas de ellas las urbes más emblemáticas como Los Ángeles, Nueva York, Washington, Chicago, Filadelfia, Houston, Dallas, San Diego, Seattle, entre otras.
El arma que ha preparado Trump contra estas ciudades es la económica. Aquellas urbes que no cumplan con el decreto presidencial verán cortados fondos federales. La cadena de noticias CNN estima que solo para el caso de Nueva York, esos recursos alcanzan los 10.500 millones de dólares por año, pero un buen porcentaje de ese dinero es intocable por el carácter de las coberturas sociales.
Los mandatarios locales tampoco se la van a poner fácil al nuevo inquilino de la Casa Blanca. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, afirmó luego del anuncio presidencial, que “la orden ejecutiva del presidente va en contra de nuestros valores, pero el golpe de una pluma no cambia a la gente de la ciudad de Nueva York.”
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti también señaló que la directiva presidencial “arriesga la seguridad individual y la salud económica de todo nuestro país. Esta no es la manera adelante para los Estados Unidos.” Y que seguirán firmes en la defensa de los inmigrantes
Mientras tanto Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, fue más tajante en su declaración que varios colegas, al reafirmar que su ciudad seguirá siendo una ciudad santuario.
El pulso en este tema apenas comienza. Y será necesario sumar un ingrediente adicional que contamina aún más la relación presidencial con los poderes locales: el poder federal está en manos de los republicanos mientras que buena parte de las ciudades y de los estados tienen mandatarios demócratas. Por su parte, el presidente Trump ya ordenó a su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que estudie los fondos de financiación, para buscar cómo serán cortados a aquellos que no se acojan a sus medidas.
