Hasta el momento, la nueva administración no ha establecido qué otro instrumento se usará para fiscalizar de forma efectiva que se respeten los límites de velocidad.
Colectivos y activistas de Ciudad de México calificaron como un “retroceso” la modificación al Reglamento de Tránsito capitalino realizado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual elimina el uso de fotomultas y equipos tecnológicos como herramientas para medir y sancionar el exceso de velocidad, entre otras violaciones a la norma vial.
“Es lamentable que tengamos que dar marcha atrás en avances arduamente ganados por expertos, activistas y académicos en un tema tan importante como la seguridad vial, por su fácil politización y la popularidad instantánea de este tipo de decisiones. Resulta mucho más sencillo eliminar un mecanismo establecido por un adversario político que hacerlo funcionar adecuadamente para beneficio de la ciudad”, afirmó Areli Carreón, Alcaldesa de la Bicicleta en la capital mexicana.
La eliminación del uso de radares y fotomultas como herramienta efectiva para sancionar el incumplimiento al Reglamento de tránsito, dicen los activistas, eleva la preocupación sobre cómo se logrará modificar el comportamiento de los habitantes de la ciudad para evitar conductas que producen lesiones y muertes.
“Como en otras ciudades, tendremos que trabajar aún más arduamente para sensibilizar a quienes toman decisiones y sobre todo a nuestros conciudadanos, para que dejen de demandar carta blanca para matar y matarse en las calles. Regular la velocidad en nuestras calles no salva exclusivamente a peatones y ciclistas; también reduce las posibilidades de sufrir lesiones para quienes viajan dentro de un automóvil; las medidas para evitar el exceso de velocidad nos salvan a todas las personas, sin importar cómo nos traslademos en la ciudad”, agregó Carreón.
La medida, obedecería a la “pobre e inadecuada implementación de las fotomultas” por parte de la anterior administración, que nunca logró comunicar claramente las razones, sustento técnico ni los resultados costo-efectivos de dicho mecanismo a favor de la seguridad vial, fomentando con sus fallos la percepción pública de que su instalación era un mecanismo recaudatorio que favorecía la corrupción.
