En este modelo, cuando se van a hacer compras públicas, por ejemplo, se alojan en un sitio web tanto los requerimientos a los licitantes como los proyectos y parámetros de contratación, para que cualquier persona pueda consultarlos y hacer un seguimiento trasparente.
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Así lo explicó Oscar Oszlak, Ph. D. en Ciencias Políticas e investigador superior del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien por primera vez visitó la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) en el marco del “VIII Coloquio internacional sobre políticas públicas: implementación de políticas públicas y construcción de paz”.
En el evento, organizado por el grupo de investigación Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública (APPGP) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N., Oszlak advirtió que uno de los principales errores que propicia la corrupción son “los gobiernos que presentan incertidumbre en la implementación de políticas públicas y guardan con recelo la información, al punto de convertirse en una caja negra a la que el ciudadano no tiene acceso ni poder de decisión”.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (Ciga) del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) define el “Estado abierto” como “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación…”.
El conferencista invitado señaló que “los pilares de un Estado abierto que no le da cabida a la corrupción son la legitimidad democrática, la apertura de nuevos canales de información y la participación ciudadana”.
Poder de la participación ciudadana
El profesor Oszlak propone que la ciudadanía recupere el papel esencial que tiene sobre el Estado –que opera como un agente que cuida de la gestión de lo público–, por lo que resulta indispensable que el ciudadano conozca qué hace el agente y participe activamente no solo en los procesos electorales sino durante la creación, implementación y seguimiento de las políticas públicas.
Para llevar a cabo un proceso de “Estado abierto” se necesitan desarrollos tecnológicos que permitan que el Gobierno adelante una gestión más abierta a la sociedad, pero que debe tener un lenguaje claro y fácil de comprender para que el ciudadano del común pueda, a partir de ello, tomar decisiones, evaluar y hacer seguimiento a la gestión estatal.
Aunque la implementación de un “Estado abierto” sería el fin de la corrupción, la participación ciudadana es la primera barrera que el Gobierno debe derribar con acciones que empoderen al ciudadano y le hagan saber que su involucramiento en el ámbito público vale la pena.
Así mismo, otra medida necesaria es el fortalecimiento de los programas de protección para las personas que denuncian actos de corrupción, que a su vez disuadirán a quienes estén pensando en realizar actos ilícitos, señala el académico Oszlak.
