El modelo colombiano de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se ha complicado por el exceso de detalles en las operaciones urbanas cada vez que este se aplaza por cambios de administraciones políticas. Mientras que el modelo ecuatoriano está en un nivel temprano lleno de desafíos.
El abogado y urbanista Arturo Mejía Granizo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Sede Ecuador, asegura que los POT del país se han vuelto inviables porque a las autoridades les toma mucho tiempo ejecutarlos.
“Se desconoce si es por mala planeación o por intereses inmobiliarios políticos, pero que el desarrollo de la ciudades quede aplazado por tres periodos de alcaldes se vuelve políticamente riesgoso”, asegura el urbanista.
El ponente invitado al “Foro nacional: 20 años de ordenamiento territorial. Experiencias y desafíos en el posconflicto”, organizado por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), destaca que la experiencia colombiana les ha sido útil en Ecuador porque sus leyes son muy similares a la Ley 388 de 1997.
“Tanto la metodología en los componentes de estructura y urbanismo como los de diagnóstico son buenos a la hora de entender el territorio, es decir que no se pueden tomar decisiones si no se tiene la información adecuada y centralizada catastralmente, lo que nos ha llevado a pensar en un sistema de catastro para entender la realidad territorial”, asegura el experto de la Flacso.
El POT en Ecuador
El experto detalla que Ecuador está pasando por un cambio en su estructura del Estado, recuperando la unificación e incorporando las herramientas legales, jurídicas y de planificación necesarias para que todas las políticas sectoriales se encuentren en un solo documento, que es el POT.
En 2008 se editó una nueva Constitución con el fin de recuperar la planificación del desarrollo en el Estado a partir de un Plan Nacional del Buen Vivir, que incorporó derechos que antes no estaban legislados, como el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza, el bien común sobre el bien particular, la función social y ambiental de la propiedad. Estos nuevos conceptos se convirtieron en la excusa necesaria para que se establezcan nuevas leyes de planificación y ordenamiento territorial.
El urbanista ecuatoriano agrega que entre los avances de ese país en leyes se conoce el “Código de organización territorial”, que no es de ordenamiento y cuya función es obligar a que los gobiernos autónomos y centralizados, es decir, los municipios y los gobiernos nacionales, a que tengan POT.
“Para la construcción de estos planes se omitieron algunos componentes porque hasta ahora comenzamos con la planificación normal y se hicieron unos planes de ordenamiento, llamados de primera generación, los cuales vienen haciendo buenos diagnósticos de los territorios y principalmente en los municipios”, afirma el experto.
Actualmente Ecuador está en un proceso de iniciación y para ello se creó la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, una entidad que tiene por objetivo controlar que se cumpla lo que deciden los municipios y los gobiernos en sus planes de ordenamiento.
“Tuvieron que pasar cerca de cinco años más para que en 2016 Ecuador tuviera su primera ‘Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo’, muy similar a la Ley 388 de Colombia”, agrega el urbanista.
En Ecuador la ley de ordenamiento territorial estuvo detenida más de siete meses y se aprobó en segundo debate, después del terremoto que sufrió el país en 2016.
Este hecho propició en ese país la necesidad de hacer un POT en las ciudades. “Eso motivó que hasta ahora existan exposiciones muy severas y muy drásticas en cuanto al cumplimiento de normas de arquitectura, sismorresistencia y por supuesto que los componentes de riesgo y ambiental sean parte principal de los planes de desarrollo”, destacó el invitado al foro realizado en la U.N.
El POT, entre lo urbano y lo rural
El urbanista invitado advierte que en Ecuador existen problemas muy graves en el aspecto urbano, porque cada vez hay más personas en la ciudad. También tienen bajas densidades de habitantes en el sector rural, alrededor de 50 habitantes por hectárea, lo que agrava el crecimiento periférico de las ciudades, es decir que no existe un equilibrio entre el suelo que se necesita para habitar y el que se usa para fines agropecuarios.
“Estamos rompiendo la frontera agropecuaria con la urbanización y no estamos siendo lo suficientemente óptimos en la ocupación de suelo que existe en las ciudades”, agrega.
El experto Mejía explica que esa es una tendencia mundial, que en los próximos 20 años casi el 80 % de la población del mundo será urbana, y que Ecuador sigue esa tendencia superando el 70 % de la población ecuatoriana en zonas urbanas, lo que acarrea un problema mayor, que es el abandono del suelo rural.
