Buenos Aires busca tener un modelo para todos los contratos de locación destinados a vivienda que se suscriban, y ofrecerlo en las comunas y en el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Una mesa de trabajo integrada por organizaciones públicas y privadas como el Instituto de Vivienda de la Ciudad y formada por representantes de Inquilinos Agrupados, la Cámara Inmobiliaria Argentina, de la Cámara de Propietarios Argentina y de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, será la encargada de regular y mejorar el acceso de los capitalinos y quienes llegan a la ciudad a un arrendamiento de vivienda.
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Durante un primer acercamiento, la Mesa de Diálogo sobre Alquileres de Vivienda presentó una serie de propuestas que buscan mejorar el acceso al alquiler en la ciudad de Buenos Aires, las cuales giran en torno de cuatro ejes, que son las principales problemáticas: las barreras de acceso al alquiler; las dificultades para permanecer en un departamento a lo largo de todo un contrato; la escasa oferta de viviendas para alquilar; y la falta de controles.
Al respecto, el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra, destacó que “seguimos trabajando para mejorar el sistema de alquileres y bajar las barreras de acceso, así como incentivar a los propietarios que tienen sus viviendas para que ingresen al mercado de los alquileres. También queremos dar mayor seguridad para inquilinos y propietarios y sumar nuevas alternativas a las garantías inmobiliarias”.
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Punto por punto, la Mesa propuso que el gobierno porteño designe a funcionarios de las comunas para realizar el trámite de certificaciones de firmas de manera gratuita. Además, que redoblen sus esfuerzos para velar por el cumplimiento de la Ley que establece que no se puede rechazar el alquiler a cualquier persona por razones de etnia, nacionalidad, religión o ideología, entre muchos otros.
Igualmente, fue propuesto crear un fondo entre el Estado y el sector privado para otorgar e incentivar otro tipo de garantías, como la garantía personal (recibo de sueldo), el seguro de caución, la garantía bancaria, la fianza o la garantía inmobiliaria; y estudiar la situación actual de las viviendas ociosas en la Ciudad para delinear programas o propuestas con el objetivo de incorporar esas viviendas al mercado inmobiliario, a fin de que sean utilizadas como viviendas pasibles de ser habitadas.
