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La infraestructura y los servicios de transporte son clave para la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles, como se evidencia científicamente y se reconoce en planes estratégicos de países y organismos internacionales. En América Latina y el Caribe (ALC), los sistemas masivos de transporte público incrementan el acceso a empleo y educación. De igual manera, la inversión en infraestructura carretera reduce tiempos de viaje y costos de transporte de bienes e insumos, aumenta la productividad, mejora el acceso a mercados, crea empleo e incrementa los ingresos de la población beneficiada por las inversiones, lo que contribuye a disminuir la pobreza.
Sin embargo, comparado con los países líderes que ya alcanzaron altos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y servicios de transporte, ALC tiene aún un importante desafío por delante:
- Mientras que la cobertura vial en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanza en promedio 1,3 km por km2 de territorio, en ALC esta cifra es de apenas 0,5 km.
- Europa cuenta con más de 4.500 kilómetros de vías por cada millón de habitantes y Estados Unidos con más de 8.500 km. La densidad vial en nuestra región no supera los 2.000 km.
- La calidad de esta infraestructura se encuentra muy por debajo de los niveles de países líderes: el porcentaje de km de vías pavimentadas en países de la OCDE es de 74,7%, duplicando los valores de la región (33,2%).
ALC enfrenta el doble desafío de cubrir la brecha de infraestructura vial y, a la vez, reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030. Este es un reto adicional que no tenían los países líderes cuando desarrollaron la mayor parte de su infraestructura de transporte. Mundialmente, las emisiones de GEI asociadas al transporte representan alrededor de 16% del total. En ALC la contribución es superior, pues asciende al 40% de emisiones totales de CO2, seguido por los sectores de electricidad (22%), industria (15%) y residencial (5%).
¿Cómo hacer frente al doble desafío?
La respuesta es el principio de cero emisiones netas. En infraestructura vial implica considerar tanto el ciclo de vida de la obra como su operación y mantenimiento. Respecto a esto último, existen ya importantes avances en:
- Uso de tecnología para una gestión de activos más eficiente.
- Transición hacia la electromovilidad y otras fuentes sostenibles de energía para vehículos livianos y pesados, que conducirán a reducir las emisiones en el movimiento de personas y mercancías. Asegurar que las carreteras incluyan una red de recarga será fundamental para promover la transición.
Respecto al ciclo de vida de una infraestructura carretera, la evidencia científica indica que la mayor parte de las emisiones se concentran en la producción de materiales durante la fase de construcción (70%) y en la iluminación durante la operación (13%). Esto es similar a lo que ocurre para otro tipo de infraestructuras, como lo es la construcción de edificios y la iluminación urbana.
Según instituciones internacionales líderes del sector, el camino hacia cero emisiones netas requiere implementar acciones en tres áreas:
- Nuevas metodologías: implica incorporar el concepto de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de la infraestructura carretera, desde su diseño y mantenimiento, hasta su reciclaje o reutilización, involucrando a la vez a la cadena de suministro. Para ello, se requiere mapear procesos, establecer métricas y mecanismos para medir y determinar metas de emisiones, implementar un plan de mitigación para cumplir con dichas metas y establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación de observancia del plan.
- Nuevos materiales y tecnologías: se refiere a testear y adoptar materiales asociados con un menor nivel de emisiones en las fases de construcción y operación de una carretera, y realizar un big push de tecnología para mejorar la gestión de tráfico y de activos viales.
- Nuevas políticas: implica desarrollar estrategias de descarbonización para inversiones en infraestructura carretera, así como asegurar la inclusión de criterios de sostenibilidad en los planes de desarrollo sectoriales, en la evaluación y adjudicación de proyectos, y en la gestión de activos por parte de los sectores público y privado. Asimismo, supone reforzar el mantenimiento de activos viales en los planes de infraestructura, pues la calidad de la infraestructura impacta sensiblemente en el consumo de combustible.
El sector de infraestructura de transporte ha avanzado mucho en las últimas décadas en materia de sostenibilidad, a partir de la inclusión de salvaguardias ambientales y sociales. Los desafíos planteados por la aceleración del cambio climático requieren ahora tomar acciones decisivas que conduzcan, en paralelo, a contar con infraestructuras viales resilientes y de cero emisiones netas en el mediano plazo, y a cerrar la brecha de infraestructura en la región –estimada en 740 mil millones de dólares–, apalancando los consiguientes impactos positivos en inclusión y calidad de vida de la población en la región.