Vivir en sociedad exige salvaguardar un orden social, lo cual infiere la necesidad de establecer mecanismos que regulen las actividades y permitan su desarrollo integral como sociedad. Por ende, los Estados diseñan políticas públicas o acciones que les permitan incidir en la solución de sus problemas públicos y así cumplir con los objetivos y responsabilidades que le son inherentes.
La realidad de Cúcuta (capital del Departamento Norte de Santander-Colombia), ciudad de limita con Venezuela, no dista mucho de un escenario geográfico de frontera en donde se patentiza una notoria desarticulación en las políticas y estrategias para el desarrollo fronterizo en virtud de la ausencia de compromisos que vayan más allá de los discursos entre ambos gobiernos. Al respecto, Elia María Barragán señala que las causas de esta problemática están dadas por diferentes fenómenos como la inexistencia de una planificación económica regional, que en este aspecto conlleva, a su vez, a la improvisación y ausencia de liderazgo en los gobernantes. De igual forma, la ineficiencia en el desarrollo regional se debe a la carencia o poca participación institucional por parte de los organismos responsables del desarrollo fronterizo, lo que provoca efectos negativos como la pobreza y las deficiencias en el desarrollo microempresarial, el desestimulo a la producción agrícola e industrial, por la infraestructura deficiente y el despliegue de actividades ilícitas, lo que afecta la integración en general.
Según datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el período agosto-octubre 2017, Cúcuta y su área metropolitana siguen manteniéndose en el primer lugar de informalidad laboral en toda Colombia con una tasa de 69,6% en el periodo agosto-octubre, muy por encima de la media nacional (48,7%). Por su parte, Cúcuta sigue liderando la tasa de desempleo en Colombia con un 16,5% a finales de 2017, muy por encima de la media nacional que es de 11,8%. Este escenario adverso para el desarrollo de la región se ha potenciado con el cierre de la frontera desde agosto de 2015 por parte de Venezuela y ahora con el éxodo de migrantes venezolanos, lo cual ha agregado un elemento no esperado en la planificación de la región.
Si bien se han considerado acciones por parte del gobierno nacional, el déficit presupuestario propio de las administraciones regionales y locales, no permiten pensar en un crecimiento económico y un desarrollo integral para la ciudad, la cual requiere de inversiones, empleos que generen ingresos fiscales, baja tasa de informalidad y, por ende, un mejoramiento de la calidad de vida que por derecho requieren sus ciudadanos.
Por ahora basta esperar otro escenario político para que los actores sociales, políticos, económicos y culturales analicen y gestionen acciones que procuren transformar esta realidad adversa, una vez que se conocen ya sus causas y evidenciado sus consecuencias. Mas allá de las promesas, la ciudad requiere de inversiones y cambios profundos, por lo tanto cambiar requiere del trabajo y esfuerzo de todos.
