La capital mexicana adelanta hoy en día un proceso político para ser la primera ciudad autónoma y con Constitución Política propia. Un camino que comenzó paradójicamente con una tragedia: el terremoto de 1985. La ciudadanía demanda mayor información y participación sobre esta reforma. Este proceso seguramente será mirado con mucha atención por las demás ciudades latinoamericanas.
Agustín Velasco / Periodista. Colaborador LA Network Ciudad de México
7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. Era jueves y la ciudad junto con sus ocho millones de habitantes apenas despertaba cuando la tierra empezó a moverse. El sismo de 8.1 grados Richter hizo polvo al Distrito Federal (DF), la capital mexicana; dejó al menos 20 mil muertos (aunque la cifra oficial jamás fue precisada), un cuarto de millón de capitalinos sin hogar y casi 10 mil millones de dólares en pérdidas. Tras el sismo y la incapacidad del gobierno para atender a los afectados, los ciudadanos reconstruyeron políticamente su ciudad y demandaron su propio estado. Hoy la Ciudad de México está a meses de convertirse en la entidad número 32 del país, aunque los partidos políticos y el Presidente se han adueñado de la reforma política más reciente.
Antes del terremoto
Hasta 1985 el entonces Distrito Federal y sus habitantes estaban subordinados a las decisiones del Presidente. Constitucionalmente este tenía la facultad de nombrar al regente o Jefe del Departamento del Distrito Federal, una figura que administraba la capital y que a su vez designaba a quienes gobernaban las 16 delegaciones políticas en las que se divide el territorio.
Los recursos de la ciudad obtenidos por el cobro de impuestos iban directamente a las arcas federales, sin pasar ningún filtro y sin la obligación de regresar a la capital para sectores en los que hacía falta como la vivienda, programas sociales o de seguridad pública. Los chilangos –gentilicio con el que se conoce a quienes viven en la capital del país– eran ciudadanos prácticamente sin derechos, un ejemplo de esto es que la única elección en la que podían participar era la del Presidente de la República, cada seis años.
En el territorio sede de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sucedía lo contrario a lo que ocurría en los 31 estados soberanos y más de dos mil 400 municipios libres del país, donde los habitantes sí podían elegir a sus gobiernos y tener autonomía en materia presupuestal y de endeudamiento.
“Ni siquiera éramos considerados en el presupuesto, no había dinero para vivienda, no había un programa operativo para la ciudad, era una dependencia que el Gobierno Federal tomaba como su caja chica, solo para recolectar impuestos”, explica Dolores Padierna, una de las activistas que surgieron tras el sismo y hoy senadora de la república.
Pero el terremoto hirió de muerte al régimen. Los ciudadanos se organizaron en cuadrillas de rescate para salvar a quienes se encontraban bajo los escombros, para atenuar la escasez de agua, de alimentos y de vivienda, ante la mirada atónita del Gobierno Federal encarnado en el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y el centralista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fueron rebasados por el desastre.
“El capitalino vino acumulando en su corazón y en la conciencia colectiva muchos movimientos que ocurrían en la ciudad, desde la matanza estudiantil de la plaza de Tlatelolco en 1968, el movimiento de los médicos (1964-1965) y el de los ferrocarrileros (1958-1959). Ya se había acumulado esa historia, pero digamos que tomó su propio cuerpo a raíz del terremoto, ahí se organizó la ciudadanía por demandas propias del Distrito Federal. Los jóvenes no lo saben, pero las reformas a raíz del 85 provocaron muchos cambios para que hoy ellos puedan votar, elegir a sus gobiernos e incluso ser votados, cosas que antes no se tenían”, recuerda la hoy senadora.
Aunque a regañadientes, los habitantes del DF reconstruyeron, políticamente hablando, su ciudad. En la década posterior al desastre natural y ante la demanda ciudadana de una capital que no tuviera las manos atadas al régimen presidencial, se aprobaron reformas de gran calado. En 1986, las organizaciones vecinales emanadas del terremoto lograron la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) con atribuciones para crear reglamentos, entre estos el primero en materia de protección civil; en 1992 se concedió más atribuciones a este órgano para que tuviera la capacidad de crear leyes.
Más importante aún fue la reforma constitucional de 1996, en la que se anuló la facultad del Presidente para nombrar al jefe del Departamento del DF y se llamó, en un hecho inédito, a la elección democrática del primer Jefe de Gobierno y de los integrantes de la Asamblea Legislativa que ya no serían llamados representantes, sino diputados. No obstante, siguieron existiendo frenos a la inercia democratizadora de la capital del país.
“Una de las cosas que se estipuló (la reforma del 96) es que aun siendo electo por el voto popular, el Jefe de Gobierno tiene que consultar con el Presidente y tener su anuencia para nombrar al jefe de la Policía, al Procurador de Justicia. Es decir que subsistió esa concepción de que es el cuartel militar del Presidente”, precisa Ricardo Pascoe Pierce, fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los impulsores de las primeras reformas políticas de la capital mexicana.
Un episodio violento retrató esta resistencia presidencial. Durante la larga huelga en la principal institución de enseñanza pública del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 1999 y el año 2000, el Gobierno capitalino encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, en el ejercicio de sus facultades, se negó a utilizar la fuerza pública para liberar las instalaciones y para controlar las manifestaciones estudiantiles.
En respuesta, el Gobierno Federal encabezado entonces por Ernesto Zedillo, creó el cuerpo conocido como Policía Federal Preventiva que entró al campus principal de la UNAM, la Ciudad Universitaria, el 6 de febrero del 2000 dejando un saldo de casi mil estudiantes detenidos y órdenes de aprehensión contra otros 500.
Pese a estar bajo el control parcial del régimen presidencial, los gobiernos emanados del voto popular en la ciudad la consolidaron como un oasis en el país con la creación de leyes y programas sin precedentes en la historia de México como la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, el matrimonio igualitario, el derecho a adoptar por parte de parejas del mismo sexo y la pensión universal a adultos mayores.
Pero mientras se consolidaban los derechos civiles, los capitalinos soltaron la demanda de la creación de su propio estado que surgió tras el terremoto, exigencia que finalmente llegó a manos de los partidos políticos y se adueñaron de ella.
Pacto político al margen de lo ciudadano
La inquietud por la independencia de la capital revivió en el año 2012, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), -que gobernaba al país cuando ocurrió el sismo- volvió al poder con Enrique Peña Nieto como Presidente. Con el llamado “Pacto por México”, un convenio entre las tres principales fuerzas políticas del país, se acordó aprobar un paquete de reformas entre la que estaba la creación de la entidad 32 del país. Una decisión que marginó la participación ciudadana del proceso.
Con la reforma aprobada en 2015 y promulgada a principios de 2016, el primer cambio fue el de nombre, dejó de ser Distrito Federal para denominarse Ciudad de México; las 16 delegaciones en las que se divide el territorio y que actualmente gobierna la figura del jefe delegacional –que es electo democráticamente– pasarán a ser demarcaciones políticas encabezadas por un alcalde y un cabildo integrado por 10 concejales que tienen el objetivo de ser contrapeso en las decisiones administrativas y en el manejo de sus recursos, todos llegarán al cargo vía elección popular.
A partir de esta transformación, el jefe de Gobierno de la ciudad tiene la facultad de designar al titular de la Policía y la Procuraduría capitalinas y no es necesario que pase por el aval del Presidente del país. Además, la Ciudad de México tendrá su Congreso y más importante aún, tendrá la primera Constitución de su historia.
Aunque hay conceptos que siguen causando ruido, por ejemplo que la Ciudad sea una entidad y no un estado, y que sea autónoma, pero no libre y soberana.
“La Constitución dice que los estados son libres y soberanos ¿por qué no se dijo que la Ciudad de México es libre y soberana? porque el Presidente y el Congreso de la Unión pueden actuar en ella, en pocas materias, pero pueden”, explica el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.
Estos márgenes jurídicos se ciñen a que estará en manos del Congreso de la Unión aprobar el techo de la deuda de la Ciudad de México y en que, al ser la sede de los Poderes de la Unión, “se establecieron mecanismos de coordinación y de colaboración mutua para garantizar el desarrollo de las actividades que corresponden al Gobierno federal”, explica Alejandro Encinas Rodríguez, actual senador y ex jefe de Gobierno (2005-2006).
Las críticas no paran ahí. La reforma estipuló que la creación del borrador de la Constitución debe ser propuesta por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera –quien llegó al cargo de la mano del PRD sin pertenecer oficialmente a este instituto– y que el Congreso Constituyente que la aprobará estará integrado por 100 diputados, de los cuales sólo 60 llegarán al cargo por el voto popular y los otros serán designados directamente por el Presidente (6), por el Jefe de Gobierno (6) y por el Congreso de la Unión (28).
Con estos número y a pesar de que desde hace dos décadas su partido no tiene representatividad en la capital, el Presidente podrá controlar una tercera parte del órgano redactor de la Constitución.
Con estos vicios ¿ha valido la pena la reforma política? Alejandro Encinas asegura que sí y que se trata de una oportunidad para acabar con los problemas de la ciudad (corrupción, mala planeación urbana y contaminación ambiental), así como plasmar constitucionalmente los derechos de los habitantes de la capital.
“¿Hacia dónde va la Ciudad de México? a ser la ciudad donde mayores derechos civiles y garantías sociales tiene la población, es el resultado de un proceso histórico largo donde, paradójicamente a pesar de las limitaciones que establecía este régimen limitativo, es la entidad donde hay más derechos civiles establecidos”, asegura el senador Encinas Rodríguez, quien es miembro del llamado grupo de notables encargado de redactar el primer borrador de la Constitución capitalina.
Desconocimiento
En mayo de 2015, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta sobre el conocimiento de la Reforma Política entre los ciudadanos. Los resultados arrojaron que la mitad de la población (52 por ciento) no conocía o había oído hablar de la reforma política del Distrito Federal. Tras una explicación del tema, 47 por ciento de los sondeados consideró que la reforma se traduciría en un mejoramiento de la participación ciudadana y de la gobernabilidad. No obstante, al preguntarles sobre quién pensaban que serían los más beneficiados por estos cambios, 27 por ciento opinó que los partidos políticos y otra cantidad similar al Gobierno de la ciudad, sólo dos de cada 10 dijo que serían los ciudadanos.
“Siento que hace falta mucha información para la ciudadanía, creo que en este tema los capitalinos fuimos un poco excluidos de la discusión, aunque tengo confianza, creo que la constitución tendrá los derechos que hemos adquirido durante años a diferencia de otros estados. Me parece que reglamentar constitucionalmente las atribuciones de las autoridades se verá reflejado en la solución de los problemas del día a día”, opina Andrea Díaz, estudiante de la capital del país.
Martín Rodríguez, quien en 1985 tenía 11 años y hoy es ingeniero técnico, explica que cuando ha viajado al interior del país, siente a los demás estados “como arcaicos” en comparación con la Ciudad. “Yo tengo a mi mamá que es de la tercera edad, recibe una pensión mensualmente, eso por ejemplo es algo que en otros lugares no existe. La ciudad ha logrado muchas cosas y si esas cosas están plasmadas en la Constitución, yo estoy de acuerdo”, afirma.
-¿Considera que la reforma política atienda a la realidad de la Ciudad de México? se le pregunta al taxista Gerardo Padilla.
“No ¿habrá más empleo? ¿salarios recuperados? ¿menos corrupción? ¿menos violencia? Todo eso depende no sólo de una ciudad o de un estado, si no del Gobierno del país. El sismo fue hace 31 años, ahí sí para que vea necesitamos todo esto que dicen de la reforma, hoy ya no, hoy tenemos otros problemas”, refuta.
El borrador de la Constitución de la Ciudad de México será enviado al Congreso Constituyente el próximo 15 de septiembre. El órgano sesionará a partir de ese día y, tendrá hasta el 31 de enero de 2017 para hacer las modificaciones correspondientes y luego aprobarla. El texto definitivo verá la luz tres días antes de conmemorar el 31 aniversario del terremoto que devastó al entonces Distrito Federal y del que nació la Ciudad de México.
Ver encuesta completa a la ciudadanía
