El desarrollo urbano en México se ha caracterizado por un descontrol y expansión desmedida que incorpora territorios sin planeación. Este modelo, aunque se ha agudizado al presente, se ha venido arrastrando desde hace varias décadas; dando como resultado que en tan solo de 1980 al 2010 la población urbana se haya duplicado y que la expansión de las manchas urbanas se haya multiplicado por 7 (SEDESOL 2012). El Sistema Urbano Nacional (SUN) esta conformado por 401 ciudades (CONAPO 2018) en las que residen 92.6 millones de mexicanos, lo que representa el 74.2% de la población nacional. Esta nueva, realidad, ha generado retos y desafíos tan distintos a los que gobierno y sociedad se habían enfrentado con anterioridad. Hoy hablamos de una voraz expansión urbana cuya consecuencia es la aparición de diversas conurbaciones y zonas metropolitanas acompañadas de sus propias problemáticas internas, en lo social, económico y ambiental.
La morfología de las ciudades mexicanas son un ejemplo vivo del impacto de la urbanización capitalista (neoliberal) en la producción del territorio. El sistema económico social en México y las condiciones específicas del desarrollo de su fuerza productiva ha determinado el modo de organización territorial en cada una de las 401 ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional.
Gran parte del estado actual y la mayoría de los problemas urbanos son el resultado directo de políticas urbanas nefastas o inexistentes, lo que en el advenimiento de las ideologías de libre mercado ha incrementado la velocidad de la deterioro y, por lo tanto, ha determinado el destino de sus condicionantes socio-espaciales. La polarización económica de sus ciudadanos empeora día a día. Esta urbanización expone la existencia de una relación de poder desequilibrada entre los creadores de la ciudad y sus habitantes. Mientras que los desarrolladores acumulan una enorme riqueza y poder monetario, los habitantes de la ciudad, especialmente los pobres urbanos, han sido gradualmente confinados en “ciudades dormitorio compartidas producidas en serie” lejanas de todo, excluidos de la producción del propio entorno. En el peor de los casos son excluidos a las periferias de las ciudades en terrenos sin certeza jurídica y viviendas precarias producto de la autoconstrucción. La asimetría del desarrollo en la lógica del libre mercado y la precaria administración gubernamental ha tomado una dimensión material en México que tendrá consecuencias duraderas.
Una vivienda debe estar bien ubicada y tener acceso a servicios educativos, sanitarios, recreativos empleo decente y medio de transporte público para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas. Analizar la accesibilidad a infraestructura básica o servicios es fundamental para entender el derecho a una vivienda adecuada. Una vivienda debe contar con elementos externos que ofrezcan a sus habitantes la posibilidad de poder concretar otro tipo de derechos a los cuales están sujetos, como al trabajo, a la salud o a la educación.
Las viviendas ubicadas lejos de los centros de trabajo de los ciudadanos ocasionan que las personas gasten un elevado porcentaje de sus ingresos en transporte. Según el Índice de Movilidad Urbana (IMU), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un hogar mexicano promedio gasta en transporte alrededor de mil 315 pesos al mes, lo que representa 19 % de su presupuesto. Además, el 15.7 % de los mexicanos reportan un tiempo de traslado a su centro laboral mayor de 60 minutos.
Las viviendas ubicadas en las periferias suponen implicaciones en cuanto a la expansión excesiva y movilidad ineficiente de las ciudades. El número de vehículos aumentó de 6.5 millones en 1990 a 20.8 en 2010 y los kilómetros recorridos por cada vehículo pasaron de 106 a 339 millones en el mismo período (ITDP, 2013).
La ubicación adecuada de las viviendas tiene una afectación directa en la productividad de las ciudades, puesto que incide en el aprovechamiento de economías de aglomeración que suponen los modelos urbanos compactos y bien conectados (ONU-Habitat, 2016). En la Ciudad de México, el costo de oportunidad del tiempo invertido en traslados equivale a más de $33 000 millones al año (USD $1 784 millones), sin tomar en cuenta los costos derivados de la pérdida de productividad asociada al cansancio o estrés de las personas (IMCO, 2016)
La construcción de vivienda en desarrollos habitacionales periféricos desvinculados de las áreas consolidadas de la ciudad (ONU-Habitat, 2012; OCDE, 2015) se explica, en parte, porque el modelo de producción habitacional mexicano se basa en la adquisición de grandes extensiones de suelo no urbanizado de bajo costo, cuya oferta se encuentra disponible, prácticamente, solo en zonas periurbanas de escasa consolidación (Libertun, 2017b), mientras que el suelo en áreas intraurbanas es, relativamente más escaso y costoso (SEDATU, SEMARNAT y GIZ, 2017).
La desproporcionada expansión de la superficie urbana dificulta técnica y económicamente la provisión de infraestructura, equipamientos y servicios públicos para las viviendas localizadas en las periferias (Davis, Escobedo, et al, 2016), situación que repercute sobre los recursos municipales (Banco Mundial, 2016).
De acuerdo a ONU Habitat la “Vivienda Aecuada” debe proveer más que cuatro paredes y un techo. Se deben cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse como “Vivienda adecuada”. Los 7 elementos de la vivienda adecuada son:
ONU-Habitat estima que, al menos, 38.4 % de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.
Por otra parte si se analiza la localización de la oferta de vivienda de acuerdo con su precio se observa que, entre 2014 y 2017, solo 2.9 % de la vivienda económica se localizó en zonas urbanas consolidadas, mientras que 73 % lo hizo en zonas de baja y muy baja consolidación urbana. Por lo contrario, el 51.8 % de la vivienda media y residencial se ubicó en áreas bien consolidadas de las ciudades del país(CONEVAL, 2018)
Se estima que, en las principales ciudades del país, el precio promedio por metro cuadrado de suelo sin urbanizar oscila entre $94 y $2 184 (entre USD $5 y USD $118), por lo que el costo del suelo como proporción del total del proyecto desarrollado representa entre el 6.8 % y el 18.2 % (SHF y CIDOC, 2015). Sin embargo, en las zonas consolidadas de las grandes ciudades, en donde el suelo cuenta con la infraestructura de urbanización requerida, su costo puede representar hasta el 50 % del valor inmobiliario (ONU Habitat 2018).
La desactualización y ausencia de elementos técnicos para la planificación urbana y regulación de la edificación de vivienda limita la capacidad de las autoridades locales para la gestión del territorio, contribuyendo a generar procesos de especulación y al surgimiento de asentamientos insulares desvinculados de las áreas consolidadas, principalmente desde una perspectiva metropolitana, en donde la fragmentación político-administrativa de la ciudad en diversos municipios complica la coordinación eficaz del crecimiento urbano, la gestión y aprovechamiento del suelo, y la provisión de servicios como el transporte (OCDE, 2015)
Los planes y programas de desarrollo urbano no tienen vínculos o lineamientos sobre los estándares de vivienda deseables, pese a que el 70% de la superficie de las ciudades está conformado por viviendas. (WB, 2015)
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señala que solo 329 de los más de 2450 municipios del país y 12 de las 32 entidades federativas cuentan con un reglamento de construcciones vigente, la mayoría de las veces basado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sin tomar en consideración normas técnicas complementarias adaptadas a su contexto físico o antrópico (CENAPRED, 2016). Por su parte, la SEDATU refiere que, a pesar de que casi todos los municipios urbanos del país cuentan con un programa municipal de desarrollo urbano, la mayoría de estos instrumentos se encuentran desactualizados o presentan una estructura y análisis diverso que no permite una adecuada gestión y planificación del territorio para la toma de decisiones
Sin duda es una tarea díficil para cualquier gobierno crear una Política Nacional de manejo del suelo urbano y suburbano que le reintegre su función social, es necesario que el estado asuma la rectoría en materia de desarrollo urbano y vivienda desde una perspectiva social, espacial y ambientalmente sustentable (dejando atrás la planificación voluntarista, e impulsando en cambio la atención de quienes más lo necesitan).
Por un lado la transformación negativa que está sufriendo el territorio urbano nacional es producto de una política habitacional que desborda cualquier intento de planeación, y ha puesto por delante su carácter rentista. Y por otro la incapacidad del mercado inmobiliario y del estado mexicano para proveer soluciones habitacionales a las familias más pobres, sigue persistiendo en la mayoría en las ciudades; aunado al hecho de que el 64.2% de las viviendas en México son autoconstruidas (CONEVAL 2018) y en su gran mayoría incorporadas al entramado urbano de forma desordena.
