En colaboración con Agata Ferreira
En abril de 2022, el Pleno de la Convención Constituyente de Chile aprobó la incorporación al texto constitucional de artículos que garantizan Derechos Fundamentales, uno de los cuales es el Derecho a las Ciudades y Territorios. El hecho representa una victoria, fruto de una lucha que se viene construyendo y tomando fuerza desde hace años.
En la Conferencia Hábitat III, organizada por la ONU y realizada en 2016 en Ecuador, se adoptó la Nueva Agenda Urbana. Según lo define la Institución, “representa una visión compartida para un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas tengan los mismos derechos y acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas de espacios urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos para lograr esto”.
Tema muy discutido en Hábitat III, el Derecho a la Ciudad logró tener varios de sus elementos incluidos como principios de la NAU, aunque el término no aparecía de manera explícita.
A partir del evento comencé a visitar con mayor frecuencia Chile y otros países de América Latina, en un proceso de movilización de actores regionales en apoyo al compromiso internacional establecido en la Conferencia, destacando el tema del Derecho a la Ciudad en los encuentros realizados. Junto con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (una red de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales comprometidos con la acción política y el cambio social), se realizaron eventos en línea y presenciales para discutir cómo se podría incorporar el derecho en la Constitución chilena.
El término, que es fundamento y permea Marcos Legales, Constituciones y Leyes Nacionales de países como Brasil, Ecuador y Colombia, es ahora un derecho reconocido y garantizado a los ciudadanos chilenos. El artículo establece que “Toda persona tiene derecho a habitar, producir, disfrutar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones adecuadas para una vida digna. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se fundamenta en el pleno ejercicio de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.”
El logro representa un importante avance no solo para Chile, sino para toda América Latina y fortalece la continuidad del movimiento, en aras de que las políticas públicas garanticen efectivamente el ejercicio y acceso a los derechos, ahora con respaldo constitucional.
