Por Kelle Louaillier
BOSTON – Este mes, habrá una oportunidad para empezar a recorrer un camino hacia una sociedad global más fuerte y segura, en la que el poder sea de muchos, no de pocos, y donde los que pisotearon el medioambiente, los derechos humanos y la salud pública deban rendir cuentas por ello. Y no hablo de la elección presidencial estadounidense.
Dicha elección será sin duda muy importante; pero en el fragor interminable de las predicciones y las encuestas, quedaron sepultados dos hechos fundamentales que empiezan el 7 de noviembre: las conferencias de las partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (FCTC por la sigla en inglés) y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
Superficialmente, el derecho internacional no tiene el dramatismo de una elección presidencial, y puede parecer aburrido en el mejor de los casos, e irrelevante en el peor. Pero basta escarbar un poco más hondo para hallar una lucha digna de Shakespeare entre la democracia y la codicia desatada. En ambas conferencias de este mes, la comunidad internacional tomará decisiones que afectarán el resultado de esta lucha, y que pueden ser inicio de solución para algunos de los problemas mundiales más acuciantes de la actualidad.
El FCTC y la UNFCCC permiten a los gobiernos poner límites al poder irrestricto de las corporaciones globales, causa principal de muchos otros problemas, que van de la desigualdad económica a la injusticia social y el quiebre de los sistemas democráticos. Las corporaciones globales son inmensas, y su influencia afecta casi cada aspecto de nuestras vidas. Para comprender el alcance de su poder, basta pensar en los miles de millones de dólares que gastan en las elecciones; en sus cabildeos para desvirtuar las protecciones laborales y ambientales en tratados de comercio como el Acuerdo Transpacífico y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión; y en la incesante campaña de la industria de los combustibles fósiles para frustrar las políticas referidas al cambio climático.
Las corporaciones globales tienen un poder desproporcionado por que pueden operar por encima de fronteras nacionales, de modo que ningún gobierno local o nacional por separado tiene capacidad efectiva para regularlas. La función crucial de marcos internacionales como el FCTC y la UNFCCC es dar a los gobiernos herramientas concretas para la fijación de políticas nacionales en temas que van de la salud pública al cambio climático y la desigualdad global.
Por ejemplo, hace dos décadas Colombia era un bastión de la corporación tabacalera Philip Morris International, y una legislación integral de control del tabaco en ese país parecía imposible. Pero en 2009 (sólo seis años después de que la Organización Mundial de la Salud adoptó el FCTC y quince meses después de que Colombia lo ratificó), el gobierno colombiano aprobó una de las leyes de control del tabaco más estrictas del mundo.
Asimismo, gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas con capacidad comprobada de reducir el tabaquismo y salvar vidas, entre ellas mensajes gráficos dirigidos a los fumadores, restricciones a la publicidad y leyes que obligan a vender los productos de tabaco en paquetes sin marca.
Pero la tarea del FCTC no está terminada, y los gobiernos ahora buscan incluir la responsabilidad legal de las corporaciones como parte de los mecanismos nacionales de rendición de cuentas. Si las negociaciones que se desarrollarán en la conferencia del FCTC este mes son exitosas, los gobiernos tendrán las herramientas que necesitan para hacer que las grandes tabacaleras paguen el daño que han hecho. En tal caso, los gobiernos podrán recuperar cifras astronómicas por gastos sanitarios relacionados con el tabaco y obligar a la industria tabacalera a publicar documentos internos.
El FCTC es eficaz porque incluye una cláusula arduamente conquistada que prohíbe explícitamente a las corporaciones influir en la formulación de políticas. En la conferencia de la UNFCCC la semana entrante, algunos gobiernos presentarán el FCTC como claro precedente para argumentar que la industria de los combustibles fósiles debe ser excluida de las negociaciones en curso sobre el clima, ya que sus intereses están en conflicto con una política climática razonable.
No es posible confiar la solución del cambio climático a las industrias que lo provocaron. Sólo eliminándolas de la ecuación podremos implementar medidas realmente radicales (como la adopción de sistemas de energía renovable en el nivel de las comunidades) que pongan a la gente y a la supervivencia del planeta por encima de las ganancias de la industria.
Desde que existen instituciones regulatorias públicas, los intereses corporativos han tratado de cooptarlas. Las grandes compañías tabacaleras, petroleras, alimenticias y farmacéuticas trataron de hacerse un lugar en nuestros espacios públicos internacionales a fuerza de intimidar, comprar o sobornar a funcionarios, con un solo objetivo en mente: eludir regulaciones que pudieran alterar el curso habitual de los negocios. Los costos para los seres humanos o el planeta rara vez entran en sus cálculos.
Los defensores de la democracia en la sociedad civil y en los gobiernos lograron repeler el embate de las corporaciones globales, pero la continuidad de ese progreso depende en buena medida de lo que suceda este mes. ¿Defenderán los participantes de las conferencias del FCTC y la UNFCCC los principios democráticos o se inclinarán ante las grandes empresas?
A pesar del referendo británico por el “Brexit”, es innegable que vivimos en un mundo auténticamente globalizado. Cuando las causas de nuestros mayores problemas son globales, las soluciones también deben serlo, lo que nos obliga a resolver en primer lugar el problema fundamental de la interferencia corporativa. Poner el derecho internacional en acción ofrece oportunidades demasiado promisorias para ignorarlas.
Traducción: Esteban Flamini
Kelle Louaillier es presidenta de Corporate Accountability International.
Copyright: Project Syndicate, 2016.
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