La llegada a la presidencia de los Estados Unidos del demócrata Joe Biden abre el camino para que ese país regrese al Acuerdo de París y asuma nuevamente compromisos reales para combatir el cambio climático.
El mismo día en que se cumplían las elecciones en los Estados Unidos -martes 4 de noviembre- el mundo conocía el retiro oficial de esa nación del Acuerdo de París, la iniciativa firmada por 195 países en 2015, para disminuir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e impedir que la temperatura del planeta aumente más de 2 grados centígrados respecto a las temperaturas preindustriales.
La noticia no representaba ninguna sorpresa. El presidente Donald Trump anunció su intención de abandonar el acuerdo en 2017 y comenzó el proceso para hacerlo en noviembre de 2019. Aunque los compromisos firmados no podían deshacerse tan fácil ni tan rápido, Trump firmó desde marzo de 2017 la Orden Ejecutiva de Política de Independencia Energética, que bajo ese nombre pomposo no era nada distinto que la eliminación de todas las líneas definidas por el gobierno de Barack Obama en materia ambiental. Y fue así cómo en menos de cuatro años, la Casa Blanca desmanteló más de un centenar de regulaciones para prevenir la polución, la contaminación del agua o el vertimiento de químicos tóxicos.
La última estocada de Donald Trump a la política ambiental estadounidense fue en marzo de este año cuando su Administración suspendió la implementación de todas las leyes medioambientales, usando como excusa el impacto del COVID-19 en la economía, una medida que iba acompañada por la revocatoria de los estándares de eficiencia impuestos a los automóviles para luchar contra el cambio climático y que sobrevivía desde el gobierno Obama. La enorme presión de los empresarios petroleros y de gas ante la debacle de los precios de los combustibles fósiles por el parón global, hizo que Trump diera vía libre a esa industria para hacer y deshacer durante este periodo, lo que inevitablemente aumenta la contaminación.
Quizás la acción más evidente y negativa de este relajamiento de las normas ambientales, tiene que ver con la autorización de perforaciones petroleras y gasíferas en el Refugio Natural de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, la reserva natural más grande de Estados Unidos, un territorio que había estado protegido desde hace 60 años.
El oleoducto Keystone XL Pipeline: un caso emblemático
Pero sin duda, el caso más emblemático del desprecio de Trump por las causas ambientales fue la eliminación de los obstáculos para construir el Keystone XL Pipeline, un proyecto energético propuesto por la empresa canadiense TC Energy Corporation (antes TransCanada), que vincula la región de Alberta, en Canadá, con el estado estadounidense de Nebraska. El oleoducto espera transportar 830.000 barriles diarios de petróleo de las arenas bituminosas canadienses, así como de Dakota del Norte y Montana, a un centro de distribución en Nebraska. Desde allí sería transportado a refinerías del estado de Texas.
Dos consideraciones han tenido los ambientalistas para estar en contra de este proyecto: la extracción de esas arenas bituminosas implica un ejercicio altamente contaminante para el medio ambiente y el otro tema inquietante es que el cruce del oleoducto por varios estados pueda afectar ecosistemas sensibles, y muy especialmente fuentes de agua.
El 24 de marzo de 2017, el presidente Trump firmó el permiso presidencial para permitir a TC Energy Corporation construir el oleoducto Keystone XL. El Departamento de Estado, además, otorgó este permiso bajo la figura de interés nacional.
Pero en noviembre de 2018, un juez de distrito de los Estados Unidos, Brian Morris, prohibió la construcción del gasoducto y anuló el permiso presidencial porque la revocación de la política violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Política Ambiental Nacional y la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
A partir de ese episodio, el proyecto ha sufrido una serie de contratiempos, el último de ellos, el 6 de julio de este año, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que se detuviera todo el trabajo de Keystone XL Pipeline. Sin embargo, este fallo no afecta a ninguna otra construcción de oleoductos presente o futura en los Estados Unidos y estará en vigor hasta que el tribunal de circuito y luego la Corte Suprema dicten sus fallos finales. En respuesta, TC Energy declaró que la parte estadounidense del proyecto será reevaluada (pero no abandonada); mientras que la parte canadiense procederá como antes.
La esperanza puesta en Biden
Ya conocido el resultado final de las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Joe Biden, la esperanza en la lucha contra el cambio climático ha resurgido. Durante toda la campaña y el mismo día que se conocía el retiro del país norteamericano del Acuerdo de París, Biden había sentado su posición sobre el tema.
“Hoy, la Administración Trump abandonó oficialmente el Acuerdo del Clima de París. Y en exactamente 77 días, una Administración de Biden se volverá a unir a él”, trinó el presidente electo en su cuenta de Twitter, quien era vicepresidente en el Gobierno de Barack Obama, cuando el país suscribió el tratado sobre cambio climático.
Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2
— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020
Además de retornar lo más rápido posible al Acuerdo de París, Biden dejó claro en su Plan para la Justicia Ambiental y la Revolución de las Energías Limpias que invertirá 1.7 billones de dólares para luchar contra el cambio climático y convertir a Estados Unidos en una economía 100 % limpia y con cero emisiones a 2050, lo que significa además la creación de 10 millones de empleos bien remunerados. A esto se suma dejar el Ártico intacto, tener un control en las perforaciones de tierras e invertir en infraestructura sostenible, con combustibles y vehículos limpios.
El Plan de Biden no sembrará en tierra estéril a pesar de los enormes esfuerzos de Trump por eliminar toda política ambiental. Dentro del país, ciudades, estados y empresas han dado pasos importantes para alcanzar las metas de reducción de emisiones. Casi la mitad de los estados y muchas de las principales ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y otras, que representan a más del 65 % de la población de los Estados Unidos, han establecido objetivos de reducción considerables y se han comprometido a mantener metas contempladas en el Acuerdo de París.
Comenzará entonces el nuevo gobierno de Joe Biden y podrán verse los compromisos reales con la protección ambiental. No hay que olvidar que, aunque su colega demócrata Barack Obama tenía una imagen de defensor de las causas ambientales, esa imagen destiñe y palidece ante una realidad incontrovertible: fue un presidente del “petróleo” y el gran promotor del fracking. Ojalá Biden sea más coherente y comprometido en el empeño real de salvar el planeta. Estados Unidos aporta el 15 % de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo y su peso para revertir esto y fortalecer las políticas globales de mitigación y protección es gigante.