No es un asunto que concierne solo a la municipalidad. Ni a las organizaciones sociales. Todos los actores que hacen vida en la ciudad ejercen un rol en la gestión pública para la activación de los espacios comunes. Un tema de debate en el III Foro de Intervenciones Urbanas, que se realizó en Perú.
Mirelis Morales Tovar – Periodista (Lima, Perú)
La calle Morandé en Santiago de Chile no es cualquier vía. Conduce al Palacio de La Moneda, al edificio del Senado y demás sitios emblemáticos. Allí, justo frente a la sede de la Presidencia, existía un terreno oficial sin uso. Había sido estacionamiento y lugar de depósito. El Gobierno pretendía limpiarlo e instalar una cerca. Pablo Fuentes y Sebastián Cuevas, en cambio, tenían otra propuesta: hacer un parque de bolsillo con orientación gastronómica. Pero no había una normativa sobre el uso temporal del espacio público. Era 2016. En consecuencia, el proyecto de activación estuvo a punto de morir sin haber nacido.
“El estado chileno es muy normativo y le resultaba difícil encarar los riesgos de asumir este proyecto cuando las intervenciones de urbanismo temporal no estaban reguladas”, recuerda Cuevas, quien, al igual que su compañero, trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Obras Públicas. “En este caso, fue muy importante el apoyo que tuvimos del intendente Claudio Orrego, quien patrocinó la idea y, de alguna forma, cubrió los vacíos legales. Él con mucha visión y trabajando junto con nosotros entendió cuáles eran las proyecciones, los beneficios del proyecto versus el cumplimiento normativo”, agregó Cuevas.
El parque Morandé 80 reúne ahora a 900 personas por día, alrededor de la oferta que tienen varios Food Trucks, en medio de un ambiente rodeado de vegetación y muestras de arte urbano. Ese experimento abrió el camino. Santiago de Chile cuenta hoy con 10 parques de bolsillos, cuya inversión nunca ha superado el millón de dólares por cada uno y se manejan con un esquema de bajo costo en mantenimiento. “Existe una buena percepción de este espacio en términos de atractivo cultural, ya que se programa habitualmente. Esa receptividad permite que las plazas de bolsillo sean después de 2 años parte del imaginario del espacio público”.
La experiencia que se vivió en Santiago de Chile con respecto al proyecto Plazas de Bolsillo se expuso durante el III Foro de Intervenciones Urbanas, que se realizó del 8 al 10 de agosto en Lima (Perú), donde se abrió el debate sobre el rol de la gestión pública en la activación de espacios, desde las perspectivas de todos los actores que hacen vida en la ciudad: grupos sociales, gobierno local y ONGs.
Fernando Perera fue la cara visible de la municipalidad de Miraflores (Distrito de Lima). A partir de su experiencia como gestor público, aseguró que para que los grupos sociales logren incidir en la toma de decisiones con sus propuestas de intervenciones urbanas no basta la buena voluntad. La idea debe estar en consonancia con una visión de ciudad. “Lo importante es que haya un plan, que sepan hacia dónde quieren ir. Porque la municipalidad tampoco se pueda permitir que se invadan los espacios de una manera anárquica. Tiene que haber el pensamiento: ‘vamos a intervenir ese espacio y va a quedar para toda la vida’”.
En contraparte, considera que la municipalidad tampoco se puede quedar esperando que lleguen las iniciativas de los ciudadanos o de las organizaciones sociales para empezar a recuperar un espacio público. “Es bueno que el ciudadano lo haga, pero el gobierno local tiene que tomar la iniciativa de decidir de qué manera se pueden desarrollar esos espacios. Es un trabajo en conjunto, pero la planificación por esencia le corresponde a los gobernantes”.
Sin embargo, dejó claro que desde los gobiernos locales también encuentran ciertos tropiezos para efectuar mejoras en el espacio público. “Las ordenanzas pueden llegar a ser piedras de tranca cuando no lo tienes previsto en un municipio. Lima Metropolitano, por ejemplo, no tiene plan. Entonces, muchas de las iniciativas de recuperación de espacio para el peatón o los ciclistas que hemos propuesto desde la Municipalidad de Miraflores se ven truncadas”, acotó.
También existen ciudades donde los gobiernos locales no muestran interés en las intervenciones urbanas y los grupos sociales desconocen los mecanismos de participación para plantear mejoras del espacio público. Eso es exactamente lo que se vive en la ciudad de Guayaquil, según el panorama que planteó Eduardo Bejar, representante del Observatorio Social de ese sector en Ecuador.
Por más de 26 años, el Partido Social Cristiano ha estado al frente de la alcaldía de Guayaquil. Y desde 2000, Jaime Nebot ha sido el alcalde de la jurisdicción. Ello se ha traducido en un escenario poco flexible para cualquier iniciativa que no haya sido prevista por la municipalidad. “Hace 26 años, Guayaquil era muy desordenada, había mucho caos y suciedad”, explica Bejar. “Cuando entra este partido lo primero que hizo fue ordenarla, y eso mejoró la percepción de los ciudadanos sobre su ciudad. Pero esa búsqueda de mantener las cosas en orden es lo que ha bloqueado que no haya espacio para intervenciones o iniciativas ciudadanas”, afirmó.
Unas elecciones municipales para 2019 dibuja un escenario de oportunidades. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer con las organizaciones sociales. “Cuando comenzamos a trabajar en el noreste de Guayaquil, nos topamos con que la gente estaba cansada de enviarle cartas al alcalde, al prefecto, al presidente pidiendo una obra. Entonces entramos primero a recordar cómo funcionan los mecanismos que establece la ley para ejercer el derecho a la participación, cómo estructurar un proyecto en términos de impacto, de recursos necesarios, para que pudieran tener una incidencia. Les falta conocimiento, confianza, sin eso no se puede tener éxito”.
Sin embargo, Gabriel Sánchez asegura por experiencia propia que para lograr una incidencia en la toma de decisiones también se requiere exceso de constancia. Así lo comprobó con su proyecto Barriopolis que desarrolla en el barrio de Tepito en la Ciudad de México. “Es un asunto de gestión. Y seguir haciendo gestión. Porque desafortunadamente quienes deben estar a cargo de implementar mejoras no lo hacen. Entonces uno tiene que estar tocando la puerta, rogando, diciéndole cómo tienen que hacer las cosas. En el proceso de implementación de Barriopolis nosotros hemos hecho más de 100 oficios (solicitudes al gobierno) y, en más de una ocasión, las autoridades ni siquiera tienen idea. Una autoridad podrá estar de acuerdo con el proyecto, lo avala, pero luego te tropiezas con una estructura gubernamental muy viciada, acostumbrada a no hacer nada”.
