Las décadas de las migraciones rurales a la urbe, los barrios informales y las necesidades de las comunidades fueron el crisol de estos movimientos que, con sus acciones, sentaron un precedente en el nacimiento de esta megaurbe latinoamericana.
Primero fueron las migraciones rurales hacia Bogotá, como producto del conflicto político, violento, de los años 50 y luego el acelerado crecimiento urbanístico e informal de las periferias de la futura megaciudad; algunos de los elementos que permitieron el surgimiento de los movimientos barriales, esas organizaciones ciudadanas que, con base en sus acciones, revindicaron su derecho a la ciudad entre los años 70 y 90.
Según la investigación de la magíster colombiana en Política Social Cindy Riguey Cuéllar Obando, ‘Movimientos barriales: reivindicación del derecho a la ciudad’, publicado para la Universidad Federal Fluminense, las condiciones sociales y económicas que se dieron en esas décadas estimularon a los campesinos a la unión de voluntades para tratar de mejorar las condiciones de sus comunidades, en medio de la ilegalidad de los procesos de urbanización que esto causó, y derivaron en verdaderos movimientos que lucharon frente al Estado por el derecho al menos de un fragmento de la ciudad.
“La dinámica de ocupación ilegal conlleva los asentamientos a carecer de dinámicas de ordenamiento y planificación formal, teniendo como resultado falta de infraestructura urbana, como calles, parques, servicios públicos, además de la falta de presencia de entes reguladores, con lo cual se permite que los pobladores establezcan los patrones de ocupación y liderazgo en el territorio”, explicó la autora sobre la ciudad que en la década del 50 pasó a tener abruptamente 700.000 habitantes. Eran estos en su mayoría campesinos que pasaron a engrosar las filas obreras que, en frágiles condiciones económicas, buscaron establecer un lugar para vivir, espacio que solo pudo obtenerse de manera informal e ilegal. Especialmente en zonas de riesgo carentes de cualquier infraestructura.
“La adquisición de terrenos a bajo precio se empezó a popularizar, (…) eran ofrecidos por vendedores no autorizados que desacataban los lineamientos de urbanización establecidos en la época”, señaló Cuéllar Obando.
Frente a esta expansión, la oficialidad intentó detener el fenómeno con nuevas normas, exigencias que fueron insuficientes, tanto que el sistema de autoconstrucción alcanzó, entre 1973 y 1985, un 49.9 %, mientras que el Estado solo registraba con sus iniciativas, un escaso 19 %.
“Después de la autoconstrucción de la vivienda, la mayor preocupación en estos asentamientos fue la consecución de agua, energía eléctrica, transporte, alcantarillado y espacios de encuentro. Estas necesidades comunes permitieron la asociación de moradores, a fin de llevar a cabo acciones puntuales para la resolución de estas necesidades”.
Unión de necesidades, la causa para defender sus derechos
La unión de las necesidades de los pobladores de estos sectores informales, generaron la cohesión suficiente para pasar de las tradicionales protestas a acciones más coordinadas junto a otros sectores populares que, en el año 1977, se organizaron para adelantar el primer paro cívico que a diferencia de jornadas anteriores de protesta para exigir del gobierno ciudadano más vías, servicios públicos; en esta ocasión sumó otros sectores vulnerables de la ciudad lo que llevó a sentar un precedente de paralización total de la ciudad.
Ante esta capacidad de organización y además con la confluencia de más organizaciones barriales, el estado respondió con represión, buscando neutralizar la asociación con grupos de izquierda que surgían en esos momentos.
Sin embargo, esto no redujo el número de acciones tendientes a la reclamación de una vida digna, de la inclusión en las acciones de desarrollo de la ciudad y en el periodo comprendido entre 1977 y 1990 se adelantaron 259 acciones como marchas, bloqueos de las vías principales, toma de plazas públicas representativas; entre otras.
Durante estas reclamaciones, los movimientos barriales exigieron respuestas estatales en salud, espacio público, servicios, vías, cultura para jóvenes, que dejaron establecido un modelo de asociatividad para luchar por el derecho a la ciudad que aún hoy está vigente.
“El movimiento social se refiere a la acción colectiva que se realiza en torno a conflictos sociales con una influencia alta para transformar la situación; sin embargo, estos se caracterizan por su identidad colectiva y querer incidir en la estructura del sistema social. Castells deja muy clara la distinción entre acción colectiva urbana y movimiento urbano; este último tiene un carácter de permanencia, con origen en un territorio popular en defensa de identidades culturales y totalmente autónomo al poder estatal. Muy diferente también de las luchas urbanas, de carácter esporádico y momentáneo, que visibilizan la inconformidad”, concluyó la autora colombiana.
