Prácticamente nadie se mueve por una ciudad desconocida sin tener un mapa en la mano. Y quienes lo hacen, como mínimo suelen pedir referencias a terceros antes de continuar su camino.
Si trasladamos esta lógica a las administraciones públicas, perece razonable (y recomendable) que los hacedores de políticas públicas y sus asesores cuenten con mapas sobre la evidencia rigurosa que les permita navegar de forma concienzuda las irregulares y por lo general inciertas tierras de la gestión pública. Este tipo de mapas ya existen y son conocidos como mapas de evidencia.
Estos mapas no son ni listados de evidencia existente ni resúmenes sistemáticos de evidencia. Suelen ser representaciones visuales de evidencia rigurosa de programas, diseñadas metódicamente, cumpliendo con criterios de inclusión y exclusión claramente definidos. Vale decir: según la metodología que se siga, los mapas de evidencia de tópicos similares podrían verse bastante diferentes.
Los resultados de una revisión sistemática de mapas de evidencia publicada en 2016 muestra que más de la mitad define su propósito como la identificación de brechas de conocimiento ; es decir, intervenciones para las cuales no existen estudios rigurosos que permitan definir su impacto. Es por esto por lo que un buen mapa de evidencia permite no sólo identificar de manera expedita lo que se sabe, sino también definir las prioridades de investigación y de financiamiento de futuras investigaciones.
Nuestros aliados de Campbell Collaboration y 3ie, cuyos documentos CAF acerca al funcionariado público de la región al traducirlas al español, producen este tipo de mapas de evidencia y de brechas.
Acercar evidencia rigurosa a los hacedores de políticas públicas es y seguirá siendo una prioridad de CAF, pues la toma de decisiones bien informada es clave para impulsar procesos costo-eficientes y de alto impacto social. Sólo así lograremos ampliar el mapa que usan los funcionarios públicos para guiar su gestión.
Columna publicada originalmente en blog Visiones de CAF
