México hace historia con la votación unánime de la Cámara de Diputados que aprobó el dictamen que modifica cuatro artículos de la Constitución para reconocer el derecho a la movilidad y la seguridad vial en este país.
Desde la Red SIMUS nos unimos y celebramos esta gran iniciativa, impulsada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que buscan reconocer el derecho humano a la movilidad bajo la premisa superior de reivindicar el derecho a la vida en la búsqueda de la materialización de los derechos sociales y de la dignidad humana: del ciudadano, del peatón, del ciclista, del usuario o cliente de cualquier modo de transporte público que se han visto silenciados, violentados o limitada su calidad de vida por causa de incidentes viales.
Entender y consagrar la movilidad urbana como un derecho humano como atributo inexorable del ser humano, conlleva al despliegue prioritario de acciones positivas por parte del Estado que privilegie el bienestar y calidad de vida de las personas, y en tal sentido, surge la obligación de garantizar la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad, accesibilidad universal, eficiencia, inclusión, calidad e igualdad, así como se garantizan: el derecho a la educación, al trabajo o a la salud y, el acceso a bienes, oportunidades y servicios básicos necesarios para una vida digna; asegurando la existencia, coordinación e integración de los diversos medios de transporte, de la infraestructura vial y del espacio público requerido para satisfacer las necesidades de movilización de las personas; asumir la financiación de las inversiones que requiere el sector; desarrollar los instrumentos regulatorios; generar una nueva organización institucional que permita la interacción entre las entidades del nivel nacional y local; visibilizar la problemática de la movilidad desde una perspectiva de derechos humanos, entre otras.
Ahora tiene en manos la gran responsabilidad el Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Movilidad Urbana Sustentable, que traduzca e interprete el mandato de la sociedad civil como constituyente primario con suficiencia integral “El derecho a la movilidad urbana eficiente”, en el que su satisfacción no se limite únicamente a la dimensión de la seguridad vial en el tráfico sino que ojalá considere los 10 determinantes básicos para construir una política pública de movilidad urbana sustentable y de financiamiento que fijó el Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina (www.redsimus.com).
Movilidad Urbana Sustentable como Derecho Social en América Latina.
El 8 de agosto de 2014, se llevó a cabo en Lima, Perú la primer Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad Sustentable de América Latina, donde se suscribió la Declaración de Lima (suscrita por 25 alcaldes de las principales ciudades de América Latina, entre ellos Ciudad de México), que desarrolla en todas sus dimensiones el principio de la movilidad urbana como derecho social y establece mecanismos de cooperación permanente entre las ciudades de América Latina, constituyéndose en un poderoso instrumento para formular políticas públicas de Estado que permitieran avanzar en:
- Construir una visión estratégica común para la transformación de la movilidad urbana, entendida como un derecho social fundamental.
- Constituir una plataforma de cooperación transversal entre las ciudades para alcanzar resultados medibles, que conecte a las ciudades para trabajar en conjunto por esta transformación.
- Impulsar políticas públicas, programas y acciones involucrando a gobiernos estaduales, locales, supranacionales y agencias de cooperación internacional.
- Fomentar alianzas público-privadas para liderar y concretar esta transformación en búsqueda de una movilidad urbana sustentable de calidad para todos.
Al tiempo de ser la movilidad un factor determinante que orienta el desarrollo de las ciudades, busca privilegiar la estructuración de Ciudades compactas, inteligentes y resilientes; con salud, seguridad, inclusión y accesibilidad a partir de considerar como pilar fundamental al ser humano para cimentar políticas públicas basadas en los 10 determinantes, a saber:1). Institucionalidad, 2). Sostenibilidad Financiera, 3). Desarrollo urbano y competitividad, 4). Equidad e inclusión social, 5). Sistemas Integrados Multimodales, 6) Participación y Cultura Ciudadana; 7). Salud urbana: Seguridad vial y actividad física, 8). Innovación y sistemas tecnológicos 9). Transporte limpio y cambio climático, y 10). Empresarización del Transporte y Generación de competencias Técnicas.
Brasil, por su parte, fue el primer país que consagró con rango constitucional a la movilidad como derecho social fundamental en la Enmienda Constitucional No 90 del 15 de septiembre de 2015, que incluye en la Constitución Federal el transporte como derecho social, junto con la educación, la salud y la seguridad, luego de haber adoptado la Política Nacional de Movilidad Urbana mediante la Ley 12.587 de 2012, que dotó a los municipios de instrumentos para mejorar las condiciones de movilidad en las ciudades. Brasil actualmente cuenta con modelos de Sistemas Integrados Multimodales bajo esquemas de operación público-privada replicables.
Sin embargo, es importante destacar que hoy, luego de varios años de implementación de este derecho, el mayor reto que están enfrentando las autoridades nacionales, estaduales y locales es la falta de sostenibilidad financiera con la que fue estructurada la política pública de la Movilidad como Derecho Social, ya que no se incluyeron esquemas o fuentes de financiamiento ciertas y perdurables diferentes al típico modelo de autosostenibilidad vía tarifa, necesarias para darle viabilidad a la movilidad como derecho universal. Dicha falencia ha traído consigo una crisis financiera que está afectando la sostenibilidad de los Sistemas en varias de las principales ciudades del país, con la clara consecuencia de pérdidas de demanda por no lograr igualmente la integralidad normativa de temas como el desarrollo urbano orientado al transporte y marcos reglamentarios que desestimulen no sólo el uso del vehículo privado sino la creciente informalidad del transporte público.
Por su parte, Ciudad de México honrando los compromisos de la Declaración de Lima: Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, siendo una de las 25 ciudades principales de la región que a través de sus alcaldes se comprometieron a trabajar por alcanzar una movilidad urbana de alta calidad para todos y todas a través de su reconocimiento como derecho social, estableciendo marcos constitucionales, legales e institucionales; el 5 de febrero del año 2017 se expidió́ por primera vez la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se consagró expresamente el derecho a la movilidad, en virtud del cual ¨Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad¨, disposición presidida por la Ley de Movilidad del Distrito Federal de México de julio de 2014, en la que expresamente se consagró el derecho humano a la movilidad y, se estableció́ la seguridad vial como máxima del sistema integral de movilidad para transitar hacia la sustentabilidad.
Política Pública de financiamiento
Para honrar el Derecho a la Movilidad Urbana, se requiere igualmente de una política pública integral de financiamiento institucionalizado que considere recursos recurrentes directos e indirectos de mediano y largo plazo, tanto públicos como privados, estaduales y locales, enmarcados dentro de un Sistema Integrado de Costos de inversión y financiamiento que considere todos los elementos inherentes a la movilidad urbana sustentable con calidad, cobertura universal, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad ambiental, inclusión e igualdad social, Inversiones, impuestos, tarifas, subsidios y externalidades negativas, deben ser definidas de tal manera que reflejen los objetivos sociales y financieros, ojalá acompañados de estudios de prefactibilidad y factibilidad de la financiación a largo plazo, fijando igualmente criterios que permitan definir el balance entre tarifa y subsidio.
Retos y oportunidades
El reto de los Gobiernos, a partir de modelos referentes como Brasil en la región o de otros países como España, Francia, Alemania, Reino Unido que han definido una política pública de movilidad junto con un plan estratégico que fija reglas de juego claras para todos los actores de la movilidad a partir de acordar entre todos qué tipo de movilidad quieren para sus ciudades que logre satisfacer las aspiraciones y demandas de viajes de los usuarios; resulta muy importante definir recursos fijos y sostenidos en el corto, mediano y largo plazo que permitan implementar los programas, acciones, planes y proyectos que estén debidamente financiados no sólo con recursos públicos sino con diversas fuentes de financiamiento mixto como es la propuesta que desde la Red SIMUS venimos impulsando, que garantice la efectividad del Derecho a la Movilidad Urbana eficiente y segura para todas y todas.
