El éxodo venezolano ha llevado a la ciudad colombiana más de 40.000 personas en el último par de años, muchas de ellas sin recursos y posibilidades de empleo formal, lo que ha aumentado el número de viviendas compartidas y la voracidad de quienes manejan el negocio.
El administrador, rodeado por dos hombres de aspecto agresivo, dice con voz cortante, “esperen ahí”, y avanza hacia el fondo de la gigante vivienda en busca de las llaves del cuarto número cuatro, el único que hay disponible en la antigua casa del barrio Prado Centro, en el centro de Medellín.
Al frente del ‘número 4’ se ve la puerta 24, justo al lado de los baños donde un aviso segrega: hombres – mujeres. Se ven limpios y no huelen mal. “Uso exclusivo de damas”, dice la pared junto a uno de ellos.
Por el largo corredor de la casa algunas cabezas se asoman por las pequeñas puertas que rodean el perímetro y al final un pequeño montón de materiales de construcción. “Solo nos queda este. Estamos haciendo otros dos cuartos pero no estarán listos hasta dentro de 10 días”, dice el hombre gordo con tono más amable.
La puerta es baja y el olor que sale del cuarto no es el más acogedor. Una cama con un colchón de espuma delgada, una sábana descolorida y un viejo televisor de 14 pulgadas llenan los dos metros de largo por 1.50 de ancho del cuarto.
“Este vale 17.000 el día. Siete mil más si viene con otra persona. Hay otros de 20 mil pero están ocupados. Si paga el mes se lo dejo en 450.000; bueno, en 420.000. Tiene WIFI y derecho a la cocina”; dice el hombre que regenta las 30 habitaciones del lugar y otra casa a unos metros de allí.
De inmediato, los cálculos se vienen a la cabeza: 30 días por 17 mil son 510.000 pesos. Y eso a su vez multiplicado por 30 cuartos; son una renta aproximada de 15’300.000 pesos. Nada mal para una sola propiedad cuyo alquiler puede ser de solo un millón de pesos en el mejor de los casos.
A pesar de que el negocio de los inquilinatos es centenario en la ciudad, el éxodo venezolano por la crisis social y política ha llevado más de 40.000 migrantes a esta urbe, -según cálculos de Migración Colombia-, muchos de los cuales por la falta de recursos y empleo formal, son los nuevos clientes de este modo de vivienda compartida y presas de la avaricia de los arrendadores que hasta hace un par de años cobraban hasta un 40% menos a un inquilino local.
Viviendo el día a día: suben los precios, bajan los metros
Luego de ser una solución de vivienda para los desplazados del campo por años de conflicto, de hogar para indígenas, casa para personas solas y refugio para drogadictos y algunos bandidos; ahora los venezolanos son el foco para alimentar este negocio, así como los precios, no para de aumentar según autoridades y expertos.
En la actualidad, como ocurre en muchas ciudades de Latinoamérica, no hay certeza de cuántos inquilinatos hay en Medellín. Sin embargo, la socióloga francesa Françoise Coupé, profesora emérita de la Universidad Nacional Sede Medellín e investigadora de este fenómeno, afirma que el número de inquilinatos en relación con la migración venezolana “está disparado”.
“Están por todas partes, unos con buenas condiciones y otras no tanto”, recalca la experta que además ha colaborado con el gobierno de la ciudad en la formulación de la Política Pública para estas viviendas y su reglamentación.
Pero dimensionar el millonario negocio que le hace frotar las manos a los rapaces nuevos controladores de los inquilinatos podría partir del cálculo que hoy tiene el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, Isvimed; del número de inquilinatos en tan solo tres barrios de la ciudad: San Benito, San Lorenzo y San Pedro.
“En el año 2015 se realizó una caracterización y se estima que habían alrededor de 380 inquilinatos, no obstante solo para estos tres barrios. Pero creemos de manera informal que, debido al desplazamiento no solo nacional sino el internacional, este número se habría triplicado”, explicó la arquitecta Marcela Yepes Vélez, Especialista en Gestión Inmobiliaria y Subdirectora de Planeación del Isvimed.
Al calcular que en tan solo un pequeño sector céntrico de la ciudad podrían existir más de 1.000 inquilinatos y que la profesora Coupé advierte que en sus investigaciones halló “alguno con hasta 100 habitaciones y en los que vimos hasta ocho personas por cuarto”; se podría pensar de manera conservadora, que este negocio supera incluso los 5.000 millones de pesos mensuales en un solo sector.
De hecho, el administrador del inquilinato en Prado Centro, pasó a la siguiente casa en la que se contaban más de 25 cuartos pero en la que los espacios de uno de 15.000 pesos diarios son casi claustrofóbicos: 40 centímetros de ancho por 2.20 de largo.
Sin embargo, para quienes no tienen una capacidad de pago mayor, como la comunidad venezolana que según la Escuela Nacional Sindical ya ocupa el 6.5% de los 700 mil empleos informales de la ciudad (45.000 plazas); esta es una opción más que válida que según el profesor Luis Fernando González, de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, no se puede estigmatizar.
Surge entonces la pregunta por el control, no solo a las condiciones de espacio vital en estos hábitats sino a los precios que se cobran y al incremento del número inquilinatos y al parecer los instrumentos para ello desde el Gobierno municipal, están cerca.
“Aunque ya se cuenta con la política pública, la reglamentación específica está próxima a ser adoptada y con ella se tendrán los lineamientos en dimensiones, planes de mejoramiento para los más precarios, regulación. Esto podría darse en agosto”, explicó la funcionaria del Isvimed.
“Sí se siente al abuso”: líder venezolano
Se llama Daniel Astudillo. Tiene 21 años y llegó en 2017 desde la ciudad de Monagas en el estado de Maturín.
En la actualidad trabaja entregando flyers de promoción de un estudio de tatuaje en el centro de Medellín y llegó sin papeles. Está ilegal y solo ha podido acceder a trabajos en los que puede ganarse entre 25 y 30 mil pesos por día. “Trato de mandar 50 mil pesos a mi familia, al menos una vez al mes, cuando se puede dos”, relata.
Cuenta que hoy vive en el barrio Buenos Aires donde paga 300.000 pesos por una habitación en una casa de familia. Sin embargo, recuerda que vivió en un inquilinato en el centro pero “era muy caro, salía en más de 400 mil pesos mensuales y no era lo mejor. Por eso me fui para allá”.
Para Toni Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, el abuso contra esta población es evidente.
“Los dueños o manejadores de inquilinatos se están aprovechando de esa situación de esos venezolanos como para lucrarse de ello”, denuncia el líder extranjero. Relata casos de sus compatriotas que en el centro pueden pagar hasta 25.000 pesos por una habitación “súper pequeña”. Así las cosas la renta de ese cuarto sería de 750.000 pesos mensuales, mucho más de los 510.000 presupuestados en el caso inicial.
Según Vitola, ese negocio voraz está creciendo gracias a lo que él llama ‘la tercera oleada de venezolanos’; es decir la de los últimos dos años que ha tenido que salir de su país víctima de la devaluación de su moneda lo que los trae prácticamente sin recursos y además sin la posibilidad de un pasaporte sellado o documentos para legalizarse en Colombia y acceder a un trabajo.
“Son los que ya tuvieron que salir huyendo de las peores condiciones de nuestro país y ellos son los que llegaron a la informalidad, los que venden galletas en la calle y no pueden acceder a un trabajo formal. Incluso a veces no pueden pagar la habitación y debe unirse dos, tres personas para pagarla. Hemos tenido casos de 8 venezolanos en un solo cuarto”, denunció Vitola.
Así las cosas, mientras el drama humanitario de los venezolanos ilegales crece en Medellín, las casa viejas o no, están ahora convirtiéndose en instrumentos de un negocio con cara de explotación y abuso que sigue incrementándose al ritmo de la avaricia y de la migración venezolana.