América Latina y el Caribe es una región líder en conservación marina. Varios países de la región están protegiendo millones de kilómetros cuadrados de mares en algunas de las zonas más megadiversas del planeta.
Las áreas marinas protegidas son una de las mejores herramientas para salvaguardar la salud de nuestros océanos y detener la sobrepesca, la contaminación y la acidificación. Producen beneficios ecológicos, pero también grandes ganancias socioeconómicas. Los estudios demuestran que un solo tiburón martillo de los que se avistan en la Isla del Coco, en Costa Rica, genera hasta 1,6 millones de dólares a lo largo de su vida gracias al turismo.
En el mundo existen más de 15.300 zonas marinas protegidas, que abarcan una extensión de 26,3 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a 7,2 % de la superficie oceánica total, según los datos más recientes del informe Protected Planet.
La Meta 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece que los países deben proteger al menos 10 % de sus zonas marinas y costeras antes de 2020. Brasil, México, Chile y Colombia son algunas de las naciones de la región que ya han superado esta meta.
Brasil se encontraba a la zaga, pero el pasado marzo hizo un anuncio importante. El Gobierno decidió proteger casi 1 millón de kilómetros cuadrados alrededor del Archipiélago de San Pedro y San Pablo, en medio del Atlántico, y la cadena volcánica submarina que conecta las islas de Trinidad y Martín Vaz, más al sur. Con la designación, Brasil pasó de tener 1,5% de sus mares protegidos a 24,5%.
Debido a su aislamiento, estos archipiélagos contienen una biodiversidad extraordinaria, con una elevada concentración de especies endémicas y en peligro de extinción, como la tortuga carey, la tortuga verde o el tiburón ballena.
México también está avanzando a pasos agigantados. Desde 2016, ha triplicado la superficie de mar bajo algún tipo de protección y cuenta en la actualidad con 649.587 kilómetros cuadrados preservados, lo que equivale a 22% de todas sus aguas. La última gran incorporación ha sido el archipiélago de Revillagigedo, un santuario marino de 148.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico, donde conviven mantarrayas gigantes, ballenas jorobadas, orcas y otras especies únicas.
«Es el primer parque marino de nuestro país donde está absolutamente prohibida la extracción de cualquier recurso natural, incluida la pesca. Nuestro objetivo es construir un corredor entre Revillagigedo y las Galápagos porque muchas de las especies de estos archipiélagos son migratorias y utilizan estas aguas para reproducirse», explica el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Rafael Pacchiano Alamán.
La prohibición de pescar ha provocado ciertas reticencias en la industria del atún. Pacchiano Alamán considera, sin embrago, que la medida va a beneficiar al sector, que estaba siendo afectado por la disminución de la población de atunes y la talla de los ejemplares capturados: «Se ha tenido que incrementar el número de lanchas en un 22 % para capturar las mismas toneladas de atún. Si queremos que los mares sigan siendo una fuente de seguridad alimentaria y desarrollo económico y turístico, necesitamos tener más zonas donde se garantice que las especies puedan recuperarse”, añade.
Las áreas marinas protegidas actúan como “bancos de peces”, ya que permiten que las especies altamente explotadas se puedan reproducir con tranquilidad, y son una garantía para la seguridad alimentaria. En la actualidad, América Latina y el Caribe es la fuente de 24% de la pesca global.
“Un mar sano y productivo produce mucha riqueza para los humanos. Por el contrario, un mar enfermo y sobreexplotado no hace más que dañar la economía. La conservación marina es muy importante para el desarrollo de las comunidades costeras y está directamente asociada al turismo sostenible”, apunta la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos.
Actualmente, 13,4% de las aguas chilenas están bajo algún tipo de protección, pero hace poco llegó a 42% tras la ratificación de la creación de las nuevas áreas protegidas de Juan Fernández, Cabo Esperanza y Rapa Nui. Esta última, la más grande del país y una de las más grandes de la región, se oficializó el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.
“Chile ve la protección de sus ecosistemas y su biodiversidad marina como una política de Estado”, explica Cubillos, para quien la educación y la sensibilización de la sociedad son imprescindibles para lograr una conservación exitosa: “Es importante que seamos capaces de comunicar mejor a los chilenos los beneficios de las áreas protegidas”.
Colombia también ha superado la Meta 11 de Aichi. Su ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, indica que hoy 13,7% de la superficie marina y 99 % de los arrecifes de coral del país están bajo algún tipo de protección: «La zona de Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera ha sido la última en ser declarada área protegida, lo que nos va a permitir conservar un ecosistema único, lleno de manglares y playas de anidación de tortugas”, explica.
El gran reto que enfrentan los países de la región es controlar que efectivamente se cumplan las restricciones estipuladas en las zonas marinas protegidas.
La mayoría de estas áreas están administradas conjuntamente por varias instituciones, entre ellas la Armada. México va a construir dos estaciones de vigilancia en Isla Socorro e Isla Clarión y va a dotar a la Armada de aeronaves no tripuladas para controlar todo el territorio: “Si no tuviéramos un esquema así, la protección de esta zona se quedaría lastimosamente en papel y en buenos propósitos», reconoce el ministro.
Los océanos nos proporcionan alimentos, regulan nuestro clima, producen la mayor parte del oxígeno que necesitamos y absorben un tercio del dióxido de carbono que generamos. Evitar la contaminación por plásticos e impulsar soluciones para la salud de los océanos es un tema crucial.
Con información de ONU Medio Ambiente
