La municipalidad de Lince, en la capital peruana, prohibió mediante una ordenanza la recreación activa y la reunión en el Parque Mariscal Ramón Castilla. La norma fue demandada por los vecinos reclamando su Derecho a la ciudad y se encuentra en análisis del Tribunal Constitucional del Perú. Intereses inmobiliarios es lo que se oculta bajo esta medida, señala la comunidad.
Los vecinos del distrito de Lince, en la ciudad de Lima, poco a poco se habituaron a ver en el parque Castilla a grupos de adolescentes practicar pasos y movimientos de K-Pop. Una postal para nada extraña en Perú, el segundo país con mayor afición en Suramérica –luego de Chile-, hacia este género musical nacido en Corea del Sur.
Pero el derecho a disfrutar del parque por parte de los jóvenes y otros colectivos también de danzas como la salsa o la capoeira, fue anulado por el concejo y el gobierno del distrito, al promulgar la Ordenanza 376 de julio de 2016, que prohibió la recreación activa, las reuniones y la contaminación sonora.
La ordenanza tiene como objeto establecer disposiciones para la conservación y gestión del Área de Reserva Ambiental (ARA) Parque Mariscal Ramón Castilla, cuya declaratoria fue aprobada mediante otra ordenanza de la municipalidad, la 1391 de junio de 2010. El propósito es, en teoría, la protección, mantenimiento y defensa ecológica del lugar.
“Saludamos que el parque sea Área de Reserva Ambiental, pero parece que tal decisión de la municipalidad tiene intereses ocultos”, señalaron vecinos consultados por LA Network. Esos intereses están atados, en su opinión, a los proyectos inmobiliarios y a la gentrificación que empieza a observarse en las zonas aledañas al parque.
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Pero para hablar de este tema hay que hacer un poco de historia: el distrito de Lince es uno de los 43 distritos que conforman la ciudad metropolitana de Lima. Tiene una extensión de 3 km² y está habitado por cerca de 60 mil personas. Está compuesto por familias fundamentalmente de nivel socio económico medio-alto. Lince es hoy uno de los distritos más acomodados de Lima, luego de San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y Barranco.
“Lince era un distrito a escala humana, muy similar a Brooklyn en Nueva York. Antes del “boom” constructor, los edificios mantenían alturas de 4 o 5 pisos máximo, con comercio en los primeros pisos (uso mixto). Pero comenzó la gentrificación como en el propio Brooklyn y hoy el distrito está cambiando”, explica Cynthia Yamamoto, abogada y cofundadora del colectivo peatonal Peruanos de a pie.
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El Parque Mariscal Ramón Castilla, objeto del debate, tiene 10 hectáreas y 277 metros cuadrados de extensión y está delimitado por las vías Manuel Villavicencio, Sinchi Roca, Joaquín Bernal y Almirante Guisse.
Para los vecinos, el verdadero interés de la municipalidad en declarar el parque reserva ambiental es otorgarle un nivel de exclusividad mayor a los edificios que se construyen en la zona, para que así los constructores privados puedan ofrecerles a los potenciales compradores un “parque ecológico” que valoriza el precio de los apartamentos. Cerca del parque hay por lo menos 7 edificios construidos, 2 actualmente en construcción y existen 3 proyectos más en preventa. Los precios oscilan entre los 350 mil y los 600 mil soles (200 mil dólares).
De ser cierto el argumento de querer proteger el parque como reserva ambiental, los vecinos no se explican por qué la ordenanza no contempla el cambio de modelo a los concesionarios privados que hoy tiene el parque y cuyas actividades poco tienen que ver con la cualidad ecológica que se le quiere dar. El 8 de mayo de 2015, el Concejo de Lince aprobó la concesión de un espacio del parque para la instalación de juegos recreativos: un circuito de mini autos y otro de botes en una laguna artificial a favor de la empresa Future Park SAC. Y más recientemente se autorizó un club privado de natación, que en principio fue presentado por el alcalde del distrito, Martín Príncipe Laines, como una piscina pública, pero donde hoy se cobra 40 soles (13 dólares) por hora.
Es ante estas inconsistencias que la comunidad de Lince se ha organizado para defender el carácter público del parque y el Derecho a la ciudad que tienen como habitantes del distrito. Por ello, en septiembre de 2016 cerca de 200 vecinos hicieron una manifestación para recuperar el parque y a partir de ella, han iniciado una serie de talleres de participación ciudadana, incluso con los niños del lugar, para explicar por qué el parque debe ser para los ciudadanos.
Pero también los vecinos han emprendido acciones jurídicas. Luis Enrique Pérez Pinto, vecino de Lince y vocero del colectivo “Defiende al Parque Castilla”, explicó que fueron recogidas 1600 firmas de vecinos para presentar una demanda de nulidad de la ordenanza ante el Tribunal Constitucional del Perú. Para este proceso eran necesarias solo 800 firmas, pero se recolectó el doble, lo que evidencia el interés de la comunidad en salvaguardar sus derechos sobre el parque.
El Tribunal Constitucional aceptó recientemente la demanda, que cumplió con todos los requisitos legales, y se está a la espera de los argumentos que entregue la administración municipal y los conceptos que quieran emitir terceros para avanzar en la revisión constitucional.
Lo cierto es que este caso del parque Castilla en Lince es una muestra más de un fenómeno cada vez más creciente en los distritos de Lima y es la privatización de los espacios públicos. Cada uno de los 43 distritos de la capital peruana tiene autonomía legislativa, presupuestal y de gobierno. Es así como estos distritos, que son fracciones pequeñas del territorio, pueden generar leyes especiales para ellos, lo que implica un grave problema de gobernanza en todos los asuntos públicos, ya que, por ejemplo, para un tema de planificación urbana pueden existir 43 normas distintas en una misma ciudad como Lima. Pero para asuntos como el uso del suelo o del espacio público hay unos vacíos que incluso son aprovechados para beneficiar a privados con intereses comerciales. Los vecinos y los colectivos ciudadanos están alertas ante estos hechos y lo que está haciendo la comunidad de Lince es un gran ejemplo de la defensa del Derecho a la ciudad. La justicia tendrá la última palabra sobre este caso, que de ser positivo para los vecinos del parque, sentará un precedente nacional en Perú en materia de derechos ciudadanos.
