El reciente seminario internacional organizado por IFEA, sobre la problemática, conceptualización y experiencias de la planificación y gestión de la informalidad en ciudades de AL, nos ha permitido conocer las tesis e hipótesis de Pedro Abramo (Brasil) y Aurélie Quentin (Francia), así como la reflexión de Augusto Mendoza (Perú); en el contexto de un conjunto de sesiones en las que se han abordado las dimensiones: económicas, políticas, técnicas y sociales de las políticas de vivienda y los procesos urbanos en ciudades como Quito y Medellín, Sao Paolo o Río.
Una primera aproximación al concepto y sus manifestaciones habitacionales desde una perspectiva económica, incidió sobre la relación entre: estado, mercado y necesidades; en donde la predominancia de roles, funciones o aspiraciones, determinan los niveles y formas de ocupación del territorio, condicionado por factores determinantes como la propiedad y modalidades de acceso y/o usos del suelo urbano.
En la segunda sesión hubo una lectura sobre el rol del estado en un contexto neoliberal, y la función del estado (gobiernos), en la creación (facilitación y producción) de la informalidad, como efecto de un modelo de desarrollo capitalista con modos de producción (de la ciudad) y consumo (vivienda), determinados por la estructura económica vigente.
Ambas aproximaciones sintéticas e incompletas (por parte del autor), no permiten identificar el valor real de las ponencias y su pertinencia para el caso peruano, y en particular de nuestra ciudad (Lima). El carácter social y su dimensión humana, de la población (vecinos, moradores, habitantes…), excluida o segregada por el sistema y la expansión de la mancha urbana (espontánea y planificada), como base de la informalidad en contraposición con la legalidad (formal); así como el carácter político de las decisiones para abordar la problemática mediante apuestas verticales o participativas incapaces de transformar sus contextos; en contraposición con la creatividad y rebeldía ciudadana, para construir un hábitat o ciudad más digna y equitativa. Porque la desigualdad e informalidad como parte esencial de nuestras ciudades es evidente.
En la tercera sesión, la intervención del representante y director del Instituto Metropolitano de Planificación, puso énfasis en el marco normativo existente (más de 50 ordenanzas), que regulan/condicionan los procesos de desarrollo urbano (ocupación y expansión), de una ciudad fragmentada.
Sería riesgoso comparar las dimensiones o contenidos de las ponencias (intervenciones), y más aun obviando los aportes del moderador (Gregory Robert), panelistas o asistentes; sin embargo considero pertinente valorar algunos aspectos convergentes, como: 1) la necesidad de definir establecer un modelo de ciudad y un instrumento de planificación concertada, que nos conduzca a hacia esa imagen objetivo. Un contrato social para el cambio y mejora de la ciudad en una perspectiva de largo plazo.
2) las limitaciones de un diagnóstico parcial de la realidad urbana, que no incorpora la matriz biofísica del territorio, en particular, porque la ocupación informal e ilegal del suelo y la expansión de la ciudad de Lima, pasa por abordar la protección de sus ecosistemas frágiles: lomas, costas, riberas, humedales; como parte de una n estrategia de sustentabilidad (gestión del riesgo de desastres, reducción de la vulnerabilidad hídrica y adaptación al cambio climático).
3) la impostergable necesidad de evaluar la capacidad real de planificación y gestión urbana por parte del IMP y de la MML, dada su limitación estructural y funcional para abordar la complejidad y escala de la mega ciudad de Lima, garantizar la continuidad de políticas, así como la necesidad de redefinir el ámbito de planificación física, integrando distritos, provincias y regiones; y la imprescindible articulación de funciones e instrumentos para la gestión del desarrollo en la Región Metropolitana.
Uno de los temas reiterativos a nivel general para el caso de Lima, es la necesidad de un nuevo y mejor marco normativo nacional y metropolitano para garantizar los derechos a la vivienda y la ciudad, para hacer efectiva la gestión del desarrollo urbano, las ciudades y sus territorios; con una visión de futuro.
Y en una escala mayor, se hace evidente la importancia de la planificación, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de ciudadanía; todo ello el marco de una estrategia de adaptación al contexto socio ecológico, con énfasis en el modelo económico vigente y redefiniendo en este marco; los roles y funciones del estado, para reducir la desigualdad y contribuir en la sustentabilidad global.
