Aunque los orígenes de la agroecología se remontan a la década de los años setenta, como una posible respuesta a las problemáticas ambientales derivadas de la agricultura y las intervenciones humanas en distintos ecosistemas, también se puede ver como un movimiento social que reclama un cambio respecto al modo de relacionarnos con la naturaleza.
Una investigación realizada por Julián Augusto Vivas como tesis de doctorado en Agroecología, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), reconoce que las políticas públicas para la agroecología se deben formular “de abajo hacia arriba”, de manera que se rompa el esquema tradicional en el que el Estado es el principal y prácticamente único protagonista.
El planteamiento permitiría que las regiones y la diversidad de ecosistemas, culturas y economías del país tengan un mayor reconocimiento, y que se recuperen aspectos históricos clave para entender la actual coyuntura.
“En la historia del país se pueden rastrear e identificar las herencias institucionales y económicas que aún persisten en la manera de formular las distintas políticas públicas, de tal manera que resulta indispensable entender estas dinámicas, con el fin de hacer efectivos auténticos cambios en el aparato económico, político e institucional”, explica Vivas.
Dicha estrategia se debe complementar con cambios institucionales y de política macroeconómica que contribuyan a generalizar el proceso de transición hacia la agroecología en Colombia.
Modelo para renovar
El estudio recuerda que tanto los acuerdos de La Habana como las movilizaciones campesinas y el paro agrario de 2013 demostraron la necesidad de renovar el actual modelo de desarrollo agrario, ante el evidente fracaso de las políticas neoliberales que comenzaron a implantarse durante la década de los noventa.
Las propuestas se encaminaron a que sean los propios consumidores, a través de una relación de confianza con los productores, quienes certifiquen si un producto es agroecológico. Además se recomienda establecer circuitos cortos de comercialización que garanticen la seguridad alimentaria local, los mercados campesinos, las compras públicas locales y la promoción de prácticas y saberes agroecológicos.
Como resultado de estas iniciativas se produjo una resolución del Ministerio de Agricultura que reconoce el proceso que las organizaciones sociales y la academia han desarrollado durante varios años a través de la Red Nacional de Agricultura Familiar.
¿Cambios reales?
El investigador considera que aunque el cambio de postura por parte del Ministerio representa un avance, su alcance está limitado a los vaivenes de la política, pues todavía persisten grandes conflictos en el campo colombiano relacionados con la concentración y el acceso a la tierra o el agua, la permanente ampliación de la frontera agraria, y el desconocimiento de importantes actores que no son escuchados por las distintas instancias gubernamentales.
“Una resolución carece de la fuerza que podría tener una ley y por tal razón es más fácil de derogar, en la medida en que existen normas que expresan intereses opuestos, junto con las dinámicas económicas internacionales o la presión de diferentes organismos multilaterales”, precisa Vivas. En tal sentido, llama la atención sobre hechos como el fallo de la Corte Constitucional en contra de las determinaciones de la población sobre el uso del territorio, a través de las consultas populares.
Aunque el papel del Estado en estos procesos de transformación del modelo de desarrollo agrario y rural sigue siendo relevante, a diferencia de otras épocas en las que se creía que los cambios sociales solo se producirían a través de este, desde la perspectiva de las ciencias sociales también se considera que para formular políticas públicas es fundamental el papel de las instituciones, la participación, la gobernanza territorial y la articulación de diferentes redes en la construcción de conocimientos.
Construir ese discurso sobre la importancia económica, ambiental y política de la agroecología forma parte de las actividades de los movimientos sociales, para alcanzar un consenso que permita establecer un autorreconocimiento, una autodeterminación y una hoja de ruta en este proceso de transformación social”, destaca Vivas, para quien el papel de las organizaciones sociales, sus prácticas y sistemas de producción se debe recuperar y fortalecer.
La investigación forma parte del Programa de Apoyo a los Estudios Doctorales, gracias al convenio suscrito entre la Universidad de Bonn y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la U.N.
Agencia de Noticias UN
