Probono

Empresa invitada

Comprometida con

Fundación ProBono: por la igualdad en el acceso a la justicia

La Fundación ProBono Colombia nació hace casi 10 años, en el momento en el que tomó su primer caso en octubre de 2009. Pero lo cierto es que su historia viene desde 2004, cuando un grupo de abogados latinoamericanos, socios de firmas reputadas en distintos países de la región, decidió suscribir un documento que se llama la “Declaración ProBono de las Américas”, cuya esencia es comprometer al trabajo probono (o por el bien público) a los integrantes de esas firmas.

Es así como los abogados definieron invertir por lo menos 20 horas al año en el trabajo voluntario con personas que no tienen cómo pagar un profesional de esta clase o que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Desde ese entonces el depositario del compromiso asumido por la red es una organización llamada Vance Center for International Justice, con sede en Nueva York (EE. UU.), que funge como coordinadora.

Dos ideas básicas han sido la esencia del trabajo de estos abogados, como lo explica Ana María Arboleda, Directora Ejecutiva de la fundación: “Los abogados deben hacer trabajos probono (por el bien público) y así devolver un poco de lo que saben y de lo que han recibido de la sociedad con lo que saben hacer…y además el abogado debe ser socialmente responsable y ejercer su profesión con un fin social.”

En EE. UU. hay algunos estados donde es obligatorio certificar un mínimo de horas probono para poder litigar. En Latinoamérica gracias a esta red el número de empresas que participan como asociadas viene creciendo y hoy está en casi todos los países, con excepción de los centroamericanos, donde asociaciones de este tipo están apenas formándose.

La Fundación ProBono Colombia tiene 55 afiliados, compuestos por firmas de abogados, grupos legales de empresas, una universidad y la Cámara de Comercio de Bogotá, que suman en total 1 500 abogados. Esta es la “mano de obra”, como dice Ana María, con la que cuenta la entidad.

Antioquia Sostenible: todos unidos con una misma agenda

Para materializar el objetivo de reunir a todos los actores del territorio en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, Proantioquia decidió hace dos años liderar la estrategia Antioquia Sostenible.

La estrategia se gestó a partir de dos antecedentes, explica Sergio Andrés Tobón, Director de Desarrollo Territorial de Proantioquia, el primero, “el rol de Proantioquia desde su existencia en la promoción de ejercicios de prospectiva y de visión territorial, es decir, cómo soñar nuestro territorio en el futuro. En 2015 la entidad hizo un balance con motivo de sus 40 años, en el que se revisó todos esos ejercicios y escenarios. Fue así como encontró la necesidad de renovar esa conversación.”

Y segundo, tal aspiración coincidió “con la promulgación de la Agenda Global 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. En la conjunción de esos dos elementos qué mejor forma de mirar nuevamente nuestro desarrollo que a través del prisma de los ODS”, agrega Tobón.

Y como debe ser, dando ejemplo de lo poderoso que resulta juntarse por un propósito, Proantioquia emprendió la tarea de liderar la estrategia con organizaciones y empresas aliadas como Innove, la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, la Universidad Eafit, la Corporación ProSur, el Centro de Pensamiento Social y el apoyo de Comfama e ISAGEN.

Compromiso individual y también de impacto colectivo

En estos casi 10 años de operaciones, la Fundación ProBono ha atendido 1 600 casos de manera efectiva. Existen dos niveles claros de atención: el individual, a personas naturales, que tengan realmente una necesidad legal y que no tienen como pagarla y están en condición de vulnerabilidad; y el de impacto colectivo, que se traduce en jornadas gratuitas de educación jurídica o brigadas de educación en derecho a comunidades específicas.

Dentro de estos dos niveles los mayores casos se han presentado en temas de derecho de familia, mientras que los de derecho penal y laboral compiten por el segundo lugar. La gente se acerca a la fundación mediante el “voz a voz” o la página de Internet, mientras que los casos colectivos se llevan a cabo mediante alianzas con ONGs o entidades sin ánimo de lucro. En los últimos dos años han visto crecer la cifra de emprendedores y microempresarios que buscan asesoría sobre cómo crear su emprendimiento o cómo constituirlo legalmente.

Adultos mayores, mujeres en estado de vulnerabilidad, personas en condición de discapacidad, personal carcelario, migrantes (hoy en su mayoría venezolanos), son la población atendida por la fundación.

Ana María Arboleda, su Directora Ejecutiva, tiene claro cómo promueven el ODS 16 y ayudan en su cumplimiento: “Disminuir la brecha que existe en el país de acceso a la justicia. De acuerdo con una investigación que hizo el DNP (Departamento Nacional de Planeación) en 2017, de cada 100 colombianos 41 no saben dónde acudir cuando tiene un problema de acceso a la justicia. Y la verdad es que las entidades públicas no dan abasto, aunque también a veces hay falta de confianza”, añade Arboleda.

https://www.youtube.com/watch?list=PLHA9sPR8rw0jyEvzBwxnuqI7WgToBZxf2&time_continue=4&v=1XsBGyS6xTA&feature=emb_title

Construir juntos la agenda de sostenibilidad

Paz, justicia e inclusión, tres elementos básicos de cualquier sociedad que pretenda ser civilizada y sostenible. Eso sí, interdependientes y frágiles en un mundo como el actual. Las tensiones y conflictos persisten en el mundo; la corrupción alienta enormes problemas de gobernabilidad mientras fomenta la desigualdad; y la justicia no da una respuesta efectiva a tantas violaciones a las normas y crímenes. Son un trinomio difícil de armonizar.

Para lograr la paz, la justicia y la inclusión es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones de largo plazo que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación.

La libertad para expresar las propias opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada. Las personas deben poder participar en el proceso de adopción de las decisiones que afectan a sus vidas. Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación. Las controversias deben resolverse mediante sistemas de justicia y política que funcionen de forma correcta.

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación casi simbiótica y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, además de poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.

Retos y compromisos para cumplir el ODS 16

Un primer compromiso asumido por todas las naciones y organizaciones globales en la Agenda 2030 es promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Para 2030, también se hace imprescindible proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, como garantía de reconocimiento de todos los derechos derivados. Quien lo creyera, pero aún existen muchas personas en el mundo que ni siquiera están registrados como ciudadanos plenos de derechos.

Otro asunto de igual importancia es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Por último, hay que fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.