La conclusión es simple: Latinoamérica debe fomentar y fortalecer el reciclaje inclusivo.
Cerca del 50% de la población urbana en Latinoamérica no dispone sus residuos en rellenos sanitarios adecuados y 4 millones de personas que en la región obtienen su sustento de la recuperación y comercialización de materiales reciclables como papel, cartón, plástico y metal viven en una situación de permanente vulnerabilidad de sus derechos.
Así lo dio a conocer en las sesiones de Hábitat III, en Quito, el especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marcello Basani, quien explicó que “si solo la mitad de los residuos sólidos va a un relleno sanitario adecuado, esto significa que la otra mitad va a botaderos a cielo abierto, es quemado y se arroja a las fuentes de agua, que son opciones consideradas técnicamente perjudiciales”.
El panorama se ensombrece al quedar corroborado por los estudios de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) que solo el 20% de las municipalidades cuenta con un plan integral de gestión de residuos sólidos y que la gran mayoría de los países deja la tarea del reciclaje al sector informal, “que en Argentina se conoce como cartoneros, en Brasil como catadores y en Ecuador y Colombia como recicladores”.
La IRR nació en 2011 y está conformada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la División de Agua y Saneamiento del BID, Coca-Cola América Latina, Fundación Avina, la Red Latinoamericana de Recicladores (Red-LACRE) y PepsiCo Latinoamérica.
“El objetivo de esta alianza –afirma su director ejecutivo Ricardo Valencia– es mejorar el acceso de los recicladores al mercado formal del reciclaje en Latinoamérica y el Caribe, diseñando e implementando actividades que permitan mejorar su situación socioeconómica, facilitar su acceso al mercado formal del reciclaje, así como también fomentar el desarrollo de políticas públicas de gestión integral de los residuos sólidos”.
Según Valencia, es prioritario el acceso de estos 4 millones de trabajadores al mercado formal porque “apenas reciben un estimado del 5% de las ganancias”, a sabiendas de que recuperan entre 50% y 90% de los materiales reciclables, utilizados luego en la industria o exportados a otras regiones del mundo.
Para Marcello Basani, son los intermediarios los grandes beneficiados y no quienes tienen en esta actividad su único ingreso económico. “Eso los deja atrapados en el mismo círculo de pobreza. Eso no lo podemos olvidar..
“Este tema –precisa Ricardo Valencia– debe estar en el centro de la nueva agenda de las ciudades”, debido a que “los recicladores son los superhéroes de esta historia, son los que tienen la capacidad de encontrar vida allí donde el resto de la sociedad solo encuentra desperdicios”.
Pero la estrategia del reciclaje inclusivo está en frente de un acertijo: ¿cómo compatibilizar la necesidad de cerrar vertederos por sus negativos impactos ambientales y al mismo tiempo dar soluciones a los recicladores que viven de la recuperación de materiales en esos lugres?
Este tema, dice Basani, es igual a que un día lleguemos a la oficina y ésta fue cerrada para siempre, razón por la cual lo más importante es encontrar soluciones para asegurar que el trabajo de los recicladores siga sin detenerse.
“¿Y qué se necesita, entonces?”, pregunta Basani. Y responde: “Una visión de medio y largo plazo. ¿Y cómo conseguir esta visión? A través de planes de inclusión social. ¿Y qué son esos planes? Ellos se basan en el concepto de que la gestión integral de residuos sólidos es un servicio que las ciudades y los países requieren fomentar y fortalecer”.
Afortunadamente, agrega, “en Latinoamérica hay logros que se destacan en el mundo, como por ejemplo que las autoridades están dando importancia al tema y las municipalidades están invirtiendo más en este sector, lo que acrecentará el nivel de cobertura de los servicios de recolección”.
Responsabilidad del sector privado
Ante el crecimiento de las ciudades latinoamericanas y el sistema de producción y consumo, las empresas y el sector privado tiene la responsabilidad de asumir un rol definitivo en la gestión integral de los residuos sólidos
Paula Auerbach, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), afirma que justamente el papel de esta entidad está encaminado a servir de enlace entre el sector privado y el sector de la cooperación para el desarrollo.
“Somos como el laboratorio de innovación del BID impulsando nuevos modelos de desarrollo, y en el caso particular de los residuos sólidos consideramos que el sector privado debe incorporar el reciclaje en su cadena de valor, debe visibilizar la labor de los recicladores, y debe ser consciente de que la cantidad de desechos que producimos es impresionante porque consumimos demasiado y consumimos mal”.
En su concepto, “a las puertas de una cuarta revolución industrial, debe pensar ya no solamente en un modelo de crecimiento lineal sino empezar a plantear modelos de economía circular, así como desde la parte ambiental debe operar un manejo en concordancia con la disminución de químicos y tóxicos, apuntando a un medio ambiente que sea sostenible porque ahí es donde se abre el espacio para la innovación en el sector privado”.
Destacó el caso de Chile porque allí por disposición legal se obliga a las empresas a hacerse responsables de sus desechos y se ha entendido que la responsabilidad social no compromete solo al sector empresarial sino que debe replicarse también en el ámbito de la sociedad civil.
“La responsabilidad social nos debe implicar a todos como consumidores, deteniéndonos a pensar qué consumimos, cómo consumimos y para qué consumimos”, concluyó.
El caso de Ecuador
Laura Salgado, gerenta del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, considera que Ecuador es también un caso que merece tenerse en cuenta por las decisiones y resultados de los últimos seis años.
En el año 2010 –informó– apenas el 20% de los municipios tenían una correcta gestión de los residuos sólidos, lo que obligó al Ministerio de Ambiente a crear por primera vez en el país un programa de inversión plenamente dedicado a darle apoyo y asesoría técnica a los municipios y demás actores involucrados en estas tareas.
Al año siguiente el Ministerio priorizó el cierre de botaderos, “facilitando la ayuda técnica para hacer los proyectos y los programas de gestión ambiental”.
En la actualidad, según la funcionaria, los municipios que están haciendo bien la gestión pasaron del 20% al 50%, y a ello se agrega un 35% que están en el camino de la planificación, “al entender que en el reciclaje de los residuos sólidos hay una oportunidad de mejoramiento ambiental y de mejoramiento del bienestar en las ciudades”.
Por supuesto –agregó– que eso no es fácil lograrlo. “Es necesario recorrer muchos caminos y uno de ellos es la inversión de recursos que en el Ecuador, en los últimos cinco años y en materia de priorización del tratamiento de los residuos sólidos, asciende a más de14 millones de dólares en estudios, incentivos y dotación de equipos, porque somos conscientes de que no solamente necesitamos de sistemas de gestión de residuos sólidos que funcionen técnicamente bien, sino que sean sostenibles”.
