He desarrollado este post como parte de las recomendaciones para diseñar políticas públicas que hagan frente al Covid -19 en América Latina y el Caribe. Al respecto, la evidencia actual es clave para comprender que el impacto económico y la evolución de la pandemia están estrechamente vinculados, por ello es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén coordinadas. Ello es sustancial, ya que los países se plantean diversos objetivos para enfrentar la pandemia, los cuales se pueden ver enfrentadas.
De acuerdo al BID, los países de la región deben hacer todos los esfuerzos por alcanzar la capacidad de afrontar con respuestas claras y que impacten en la lucha contra el coronavirus. En conexión, el gasto fiscal debe estar enfocado en la mejora de las condiciones de sanidad. También, es fundamental que las políticas posean un carácter temporal. Éstas deben apoyar la inyección de liquidez y no de gasto. Es necesario, para viabilizar financiamiento las reasignaciones de partidas de gasto. Toda clase de medidas que se implementen son claves como referencia de qué economía nos espera a la salida de la crisis.
Como parte de las medidas se requiere una activa respuesta ante la expansión del virus, la cual se relaciona con la capacidad sanitaria de los países de la región. Por ejemplo, en la OCDE, hay 3,5 médicos y 9,8 enfermeros por 1.000 habitantes, mientras que en ALC estas cifras son 1,8 médicos y 4,4 enfermeros. Incluso en los países de mayores ingresos que poseen mayor capacidad instalada en sus sistemas de salud, ante la expansión del virus el incremento en demanda por camas de UCI va superar con creces la capacidad instalada. Este dato refleja una capacidad de respuesta limitada en la mayoría de países de la región.
Otra característica que destaca el BID para la formulación de políticas públicas es que éstas deben no solo ser efectivas, sino también que la población lo perciba como justo y equitativo. Ello va relacionado a la capacidad de innovación y creatividad de los gobiernos para focalizar a las poblaciones más vulnerables, así encontrar que las políticas diseñadas se acercan lo más posible a lo esperado por la población vulnerable.
Sin dudas, el confinamiento se ha perfilado como medida necesaria ante la expansión del virus, lo cierto es que su impacto no solo se mide por su sola implementación, sino que requiere de otros factores para alcanzar un nivel de efectividad. Además, el confinamiento abre espacio para que los gobiernos puedan fortalecer sus sectores, diseñar políticas eficientes y eficaces, en este caso es claro que todos los focos van dirigidos a fortalecer el sector salud: su capacidad de respuesta, de testeo, de rastreo de contactos (focalización).
Tras ello, la transición al libre movimiento es una política que viene requiriendo un alto nivel comunicativo y de capacidad estatal para el
monitoreo y evaluación, el reto está en la capacidad de los países para pasar del confinamiento universal al focalizado. De lo mencionado, es claro que el camino hacia el libre movimiento para muchos países va ser proceso largo.
A este nivel las campañas comunicativas están jugando un rol fundamental tanto en la etapa de contención, mitigación y reactivación de los países. Para ello es clave, no minimizar la importancia de la transparencia y de datos de calidad, lo cuales permitirán tomar mejores decisiones que a su vez dan lugar a campañas comunicativas efectivas durante la crisis. En general, el principio de la transparencia es importante como parte de la gestión de los gobiernos. Por ejemplo, es necesario reducir al máximo el espacio de surgimiento de fenómenos como el subregistro que generan incertidumbre en el entorno.
De acuerdo con las recomendaciones mencionadas por el BID, el gobierno peruano ha hecho uso de la maquinaria estatal para poner en marcha muchas de las recomendaciones ante la expansión del virus. En un orden aleatorio, se han suspendido muchas citas de control mensual para pacientes de Es Salud, se han adaptado espacios para uso hospitalario como el caso de la Villa Panamericana.
Además, al encontrarnos en Estado de Emergencia se ha empezado a contratar bajo lo estipulado en la legislación de contrataciones públicas en caso de emergencias. También, se han abierto convocatorias para sumar al equipo de médicos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, debido a la ola de migración de ciudadanos de dicho país.
A pesar de estos esfuerzos en el contexto peruano, con un apoyo inicial importante de la población, hay grupos de poder (empresariado) que actúan ejerciendo presión para la flexibilización de algunas medidas buscando una reactivación parcial de la
economía. El contexto se hace complejo para los países de medianos y bajos ingresos debido a que activan políticas para responder a cierta proyección sanitaria que en pocos días los sobrepasa, ante este escenario se necesita de maquinarias estatales con una gran capacidad de adaptación ante un contexto impredecible.
*Toda la información descrita ha sido recabada del documento: La política pública frente al COVID19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe / Allen Blackman, Ana Maria Ibáñez, Alejandro Izquierdo, Philip Keefer, Mauricio Mesquita Moreira, Norbert Schady y Tomás Serebrisky. 2020. BID.
